La Comisión Europea quiere reducir la carga administrativa para las empresas en un 25% de aquí a 2012.
La UE está revisando su normativa sobre facturación del IVA, convencida de que con los cambios las empresas podrían ahorrarse hasta 18.000 millones de euros al año. Las propuestas tienen por objeto reducir la carga administrativa, combatir el fraude y potenciar la facturación electrónica.
Los países de la UE tienen la prerrogativa de adaptar la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido a sus propios marcos jurídicos. Dicha normativa gira sobre la llamada "Directiva IVA" (Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido). Sin embargo, las empresas se quejan de que los trámites nacionales son demasiado complicados y dispares, lo que dificulta hacer negocios en más de un país. Las nuevas normas ofrecerán a los Estados miembros un número menor de opciones, a fin de armonizar sus prácticas.
También se reducen los plazos para declarar las operaciones efectuadas por las empresas en otros países de la UE, con el fin de facilitar la lucha contra el fraude a nivel nacional. Además, se eliminan las restricciones a la utilización de facturas electrónicas, cuyo trato se equipara al de las facturas impresas.
Para ayudar a las pequeñas empresas, la propuesta amplía el régimen de facturación simplificada, en particular para importes de hasta 200 euros, y aumenta la flexibilidad de cada país a la hora de determinar cuándo recaudar el impuesto sobre las facturas.
"Nuestra importante iniciativa de hoy abrirá las puertas a una normativa de facturación mucho más sencilla, moderna y completa", ha declarado László Kovács, Comisario de Fiscalidad y Unión Aduanera.
Los cambios propuestos contribuirán enormemente a la reducción de los trámites administrativos actualmente en curso. Hace cuatro años la UE lanzó una iniciativa para simplificar y codificar su legislación con el fin de reducir las cargas administrativas que soportan las empresas europeas. Desde entonces se ha propuesto la eliminación de unas 7.800 páginas de textos jurídicos.
En 2007, la Comisión vio la necesidad de completar su actuación con medidas técnicas que facilitaran la aplicación de la normativa, especialmente en materia de fiscalidad y derecho de sociedades. La Comisión cifra en 30.000 millones de euros el ahorro que han podido realizar las empresas gracias a esta iniciativa.
