El Secretario de Estado de Justicia se ha comprometido a estudiar cauces de participación ciudadana en el proceso de reforma de las leyes procesales.
Se ha celebrado un encuentro en el Ministerio de Justicia entre el Secretario de Estado, Julio Pérez, el presidente de la Unión de Consumidores de España, José Ángel Oliván; y el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer. En dicha cita, el representante de los Consumidores pidió una Justicia de calidad y una mayor participación en los órganos de control y debate de este servicio público. Además, se planteó hasta qué punto la convocatoria del 18 de febrero es una huelga y qué postura ha de tomar el consumidor. De hecho, la Abogacía del Estado trabaja desde hace días en un informe en el que se intenta clarificar quién es la “patronal” contra la que protestan los jueces.
Durante la reunión, José Angel Oliván mostró la controversia que se plantea a los consumidores respecto de las consecuencias que el conflicto de la Justicia está teniendo en los usuarios finales de la misma, los ciudadanos. "Estos conflictos relacionados con sectores profesionales de cierto privilegio -declaró- y que se anuncian como "huelgas", muchas veces no lo son, desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa, y lo que encubren son meras reivindicaciones salariales o mejoras de sus condiciones de trabajo".
Tal y como hemos planteado varias veces en Legal Today, una Ley de Huelga evitaría este tipo de planteamientos en la sociedad; que ya se pusieron encima de la mesa no ya sólo con los jueces, sino últimamente con el asunto de Iberia y las condiciones de seguridad, y con los transportistas en el mes de junio del año pasado.
El secretario de Estado comparte con el colectivo la idea de que el centro del servicio público judicial no son quienes lo prestan, (ni abogados, ni jueces, ni fiscales, ni forenses) sino los ciudadanos; y que el objetivo principal de la Justicia no es sólo aplicar las leyes sino ofrecer un buen servicio público. "La Justicia no debe organizarse -matizó Pérez- como una especie de Convenio Colectivo entre los jueces y el Gobierno. Es la conveniencia de los ciudadanos lo que debe servir de guía para las reformas necesarias en la Justicia".
Reivindicaciones ciudadanas
Oliván expuso un catálogo de mejoras y reivindicaciones para el servicio público de la Justicia, entre las que destaca su preocupación por el hecho de que en la actualidad no exista una auténtica participación ciudadana en los órganos de control y debate. A través de éstos se podría hacer llegar a los administradores de la Justicia las preocupaciones y carencias que en el día a día detectan los ciudadanos. "Pedimos que en el sistema de Justicia haya, como en los otros poderes del Estado, consejos de participación y obligaciones (trámites de audiencia y otros) respecto a los usuarios", argumentó Oliván.
Julio Pérez destacó que se debería atender la pretensión de que en el proceso de reformas de las leyes procesales haya un cauce de participación del Consejo de Consumidores, como sucede en otras iniciativas legislativas.
