Se trata de arreglar –en lo que se deje- la Justicia. Y, si “Hacienda somos todos”, la Justicia también. Por ello, desde el Consejo General del Poder Judicial se está diseñando una serie de estrategias de mejora y optimización de recursos que implican no sólo intramuros de los juzgados, sino a la sociedad en general. Dadas todas las gestiones, reuniones y planes que se están haciendo; y el ahínco personal de los implicados, complicado será que no lleguemos a buen puerto.
Los descontroles, montones de expedientes sin un orden específico, estrechos pasillos -estrechados, más bien, por ficheros a reventar de papeles- ratones que mordisquean los pliegos etc. es algo penoso, pero no necesariamente crónico. Si ayer hablábamos de las líneas programáticas del Consejo General del Poder Judicial para este período en lo referido a la Justicia en sí, hoy damos un paso adelante: ¿y el resto? el resto, también cuenta; y para sumar. El Consejo ha rediseñado íntegramente su política de Comunicación con el objetivo prioritario de modificar la percepción social actual respecto a la labor de la Carrera Judicial. Las acciones de Comunicación que emanen del CGPJ se centrarán en destacar el importante papel que desempeñan jueces y magistrados, y en transmitir a los ciudadanos la realidad de la Administración de Justicia. Se trata de abordar una política activa de Comunicación para conseguir que el poder judicial sea un poder más transparente cercano y comprensible para los ciudadanos. Todas las actuaciones en esta materia se regirán siempre bajo los principios de: transparencia, veracidad, calidad, agilidad y publicidad.
En relación con las competencias de otras administraciones, el CGPJ espera:
- Implantación generalizada de la Nueva Oficina Judicial acompañada de la necesaria dotación de medios materiales y personales. El Consejo considera necesario lograr una nueva organización y optimización de los recursos de la Administración de Justicia, con la formación de funcionarios en gestión y organización, la creación de bolsas de interinos especializados, el fomento de incentivos profesionales y la implantación generalizada de nuevas tecnologías con programas informáticos, compatibles e interconectados entre sí.
- Reestructuración de la Planta y Demarcación judicial. El actual diseño de la Planta y Demarcación judicial ha quedado obsoleto. La distribución de la carga de trabajo entre órganos judiciales es muy desigual, lo que provoca consecuencias negativas para los ciudadanos y los propios jueces y magistrados. Es necesario establecer un nuevo mapa judicial adaptado a las necesidades reales de una sociedad del siglo XXI.
- Reformas legislativas procesales. El Consejo defiende la adecuación de las normas procesales actualmente en vigor al nuevo marco de la Oficina Judicial. También considera necesarias las reformas dirigidas a la agilización y racionalización de los procedimientos judiciales, fundamentalmente en el ámbito penal, así como reformas legales destinadas a configurar nuevas fórmulas para la resolución de conflictos.
- Potenciar las relaciones con las Comunidades Autónomas. El Consejo quiere reforzar las relaciones con las Comunidades Autónomas al considerar que tienen un papel relevante en la reforma y mejora de la Administración de Justicia. Impulsará el desarrollo de lo establecido en el punto octavo de los ejes del Plan de Modernización referido a la organización territorial del Estado, con el fin de adecuar la Administración de Justicia al nuevo mapa autonómico, garantizando siempre los derechos lingüísticos de los ciudadanos en las Comunidades Autónomas con lenguas oficiales propias.
