Un paso adelante en el control de la incapacidad temporal

Desde hace años, la incapacidad temporal es objeto de un intenso debate (político, jurídico, médico, social) por la sospecha que planea sobre ella de ser utilizada fraudulentamente.

La utilización fraudulenta o abusiva de la incapacidad temporal, es decir, al margen de la situación incapacitante que la caracteriza, se debe a causas diversas (ausencia de diagnósticos rigurosos, controles periódicos mecánicos, complejidad de ciertas patologías psíquicas o psicosomáticas, uso desviado como "refugio protegido" para los trabajadores en caso de conflictividad laboral o con el fin de canalizar necesidades y circunstancias personales o familiares que no encuentran amparo de otro modo, etc.) y plantea problemas de muy diversa índole que hasta ahora no han sido resueltos por el legislador.

Con el fin de paliar los perniciosos efectos que para la sostenibilidad económica del sistema de Seguridad Social tiene el fraude y el abuso, las reformas normativas han ido dirigidas penalizar las incapacidades de corta duración y a incrementar las medidas de control. Pero control, ¿sobre qué? La respuesta es sencilla: sobre los procesos incapacitantes basados en alteraciones de la salud de carácter transitorio.

El quid de la cuestión radica en que, con carácter general, la facultad para calificar la alteración de la salud y su efecto incapacitante se encomienda a los servicios públicos de salud, mientras que el coste de los procesos incapacitantes lo soporta el INSS (o la Mutua de Accidentes o la propia empresa).

Aunque resulte sorprendente, por su falta de novedad, la separación de funciones constituye el centro neurálgico del problema. Quien soporta el coste de la protección ha ido generando una desconfianza histórica e irrecuperable en la efectividad de los mecanismos de control ejercitados por los servicios públicos de salud. No se trata de iniciar un proceso de imputación de responsabilidades que derive, como a veces ha sucedido, en declaración pública de desconfianza, sino de buscar soluciones que actúen sobre el núcleo del problema.

En este sentido, el Programa Piloto puesto en marcha en Extremadura (con implicación de los Servicios de Salud Autonómicos, el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social), publicado en el BOE de 8 de septiembre, contribuye a superar el problema desde tres frentes:

1. Estudio y control de los procesos de IT por patologías, problemas de salud y grupos de trabajadores. Con ello se pretende, por un lado, conocer con exactitud el comportamiento global de los procesos de IT agrupados por cada una de las tipologías estudiadas para, mediante un sistema adecuado de controles, conseguir la reducción o el mantenimiento en su caso de los tiempos medios de duración de dichos procesos. Todo ello, en último término, persigue ajustar la prestación a las situaciones de incapacitación transitoria que ampara, minorar el conjunto global de días de baja por IT en relación con el número de afiliados y, en definitiva, racionalizar el coste de la prestación de IT.

Por otro lado, con este estudio se pretende conocer con exactitud el comportamiento de los procesos de IT relativos a trastornos de salud mental y lumbalgias cuando se realiza la atención sanitaria a los pacientes bajo la metodología de procesos de atención, y proporcionar la continuidad asistencial entre Atención Primaria y Atención Especializada. Asimismo, este apartado del Programa Piloto, pretende valorar el impacto sobre ciertos profesionales, con especial referencia a quienes prestan servicios en los centros sanitarios.

2. Evaluación de las estrategias de gestión del conocimiento y políticas de incentivación de recursos humanos en la gestión de la IT. Con el Programa se pretende fomentar la formación en todas sus fases: de grado, postgrado, especialización y continuada, para todos los profesionales implicados. Por su importancia, se priorizarán las actividades a desarrollar en las fases de especialización en Ciencias de la Salud incluyendo en la medida de lo posible la formación a través de estancias electivas en las Unidades Médicas del INSS para los futuros especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria con arreglo a los requisitos del programa de formación oficial que regula esta especialidad. En la formación continuada de los profesionales se fomentará la realización de actividades formativas con la metodología de seminarios, cursos de formación, estancias formativas e intercambio de profesionales con el objetivo de alcanzar, a través del conocimiento, un trabajo coordinado en esta prestación.

3. Evaluación de las Estrategias de sistemas de información sanitaria y de la información a los ciudadanos. Tanto el INSS como la comunidad Autónoma de Extremadura estiman que la Información es un elemento clave para todas las partes de una Administración Pública. En este sentido, consideran necesario establecer estrategias relacionadas con la información para los gestores y con información para los ciudadanos. Al efecto, una Comisión Mixta establecerá unos cauces específicos de comunicación entre el INSS y el Servicio Público de Salud, mediante los cuales fluya cuanta información, datos y documentos se consideren oportunos para el eficaz desarrollo de la experiencia que se pone en marcha.

Esta iniciativa abre la senda de nuevas experiencias encaminadas a un loable fin: conseguir la eficiencia de una prestación, sin recortar o deteriorar la calidad del servicio, potenciando, en fin, la formación en todos sus frentes posibles.