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03/10/2022. 04:28:29

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Una Administración de Justicia que tenga en cuenta al menor

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Petición desde el Consejo de Europa para evitar sufrimientos añadidos a los niños que entran en contacto con el sistema judicial.

Representantes de los Estados miembros del Consejo de Europa asistentes a la Conferencia Internacional de Toledo han solicitado a los distintos gobiernos que tomen las medidas oportunas para crear una cultura de protección al menor ante los peligros que la sociedad de consumo les plantea, sobre todo en lo que respecta a pornografía on line y hacia una Justicia adaptada a ellos, mejorando la protección de los mismos en los sistemas judiciales europeos. En su discurso de clausura, la Subsecretaria del Ministerio de Justicia, Purificación Morandeira, destacó “la necesidad de alcanzar un marco regulador común para la protección del menor en los procesos civiles y penales, donde se tenga en cuenta la especial sensibilidad y vulnerabilidad de estas víctimas de abusos”, solicitando “la implicación de todos los profesionales que atienden a los menores para que su paso por los juzgados no conlleve efectos colaterales negativos”.

Una Administración de Justicia que tenga en cuenta al menor

Para la denominada "Justicia adaptada a los niños", las recomendaciones del Consejo de Europa apuntan a medidas tales como el uso del vídeo en lugar de las vistas judiciales directas con presencia de menores víctimas de abusos y sus agresores, la información a los niños del estado de los procedimientos judiciales, la cooperación de jueces, psicólogos y asistentes sociales para aliviar cualquier sufrimiento añadido durante el procedimiento judicial y el aumento general de la protección de los menores mediante medios tecnológicos adecuados.

Por otro lado, los participantes en la Conferencia de Toledo inciden en sus conclusiones no sólo en la persecución de los delitos que atañen a los niños y adolescentes, sino también en prevenir más, con especial ahínco en el papel que el sector privado puede desempeñar en la detección de los delitos de abuso y explotación sexual. Por ello, se solicita que los proveedores de servicios de Internet, las compañías de teléfonos móviles  y, en general, de toda la industria tecnológica colabore con la policía y la fiscalía para evitar los casos de pornografía infantil.

Además, se recomienda a los gobiernos que obliguen a las empresas de Internet a retener el tráfico de datos durante un periodo fijo de tiempo, de manera que puedan ayudar a las investigaciones internacionales bajo supervisión judicial; a lo cual deberían unirse las empresas financieras de servicios de pago por Internet, cuya colaboración facilitaría las investigaciones relacionadas con el abuso de niños en la Red.

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