Esto es lo que refleja el estudio Modernización de ciertos aspectos de la gestión de litigios elaborado por Deloitte, en el que han participado más de 150 abogados.
El objetivo del estudio es dar a conocer la opinión que tienen los abogados sobre ciertos aspectos clave en el proceso de modernización al que se enfrenta la justicia española. El estudio se divide en cuatro partes: la figura del perito y del juez, el arbitraje y la mediación, el fraude empresarial y la recuperación de activos y la prueba electrónica.
El perito y el informe pericial en el procedimiento judicial. Según el informe de Deloitte el perito debe profesionalizarse y especializarse para cumplir adecuadamente su función y contribuir a un mejor funcionamiento de la justicia. En este sentido, el 36% de los encuestados estima que los informes periciales utilizan un lenguaje inadecuado (con excesivos anglicismos y tecnicismos) y un 63 % está de acuerdo con que los informes periciales son excesivamente parciales. Por otro lado, la figura del perito transmite seguridad y experiencia para un 46% de los encuestados.
Alternativas al procedimiento judicial: arbitraje y mediación. El informe concluye que es necesario dar un impulso desde los propios profesionales a los medios alternativos de resolución de disputas. En este sentido, 3 de cada 4 encuestados considera que el arbitraje es un procedimiento más rápido, flexible y solvente que la vía judicial, aunque hasta un 40% de los participantes en la encuesta piensa que en los próximos años no prevalecerá el arbitraje frente a la vía judicial en los conflictos mercantiles.
Respecto a la mediación, el 56% de los consultados considera que en España no se dan las condiciones para su desarrollo. Sin embargo, el 40% estima que la mediación será un procedimiento que se incrementará en un futuro.
El fraude empresarial y la recuperación de activos. Según el estudio, un 60% de los encuestados cree que la actual situación económica está provocando un mayor número de casos de fraude. En este sentido, un 45% de los consultados opina que las empresas prefieren resolver estos casos de forma interna antes que acudir a los tribunales. Además, un 67% está de acuerdo con que la legislación vigente dificulta la recuperación de activos defraudados.
La prueba electrónica. La utilización de la prueba electrónica en los tribunales requiere de una reforma legislativa que contemple de manera adecuada su uso. Así, casi la mitad de de los profesionales consultados (44%) opina que la legislación no contempla de forma adecuada el uso de la prueba electrónica ante un tribunal, mientras que un 47% considera que los tribunales no entienden y no valoran adecuadamente la prueba electrónica.
