El reportaje presenta un balance general positivo del TC en su funcionamiento y en el ejercicio de sus funciones, que se ha visto exceptuado...

La doctrina sentada en la STC de los Albertos introduce una interpretación desafortunada del derecho a la tutela judicial efectiva que genera cuando menos dos inconsistencias jurídicas: la primera, una postura sobre la prescripción de los delitos que favorece la impunidad y, correlativamente, una ficticia consecuencia de presunción de inocencia que puede dar lugar a una especie de “efecto boomerang” ante el propio TC; la segunda, un paradójico deseo de los potenciales delincuentes de que la justicia sea tardía para ganar la prescripción de los delitos.

La STC de los Albertos genera inseguridad jurídica y una irrazonable interpretación de la tutela judicial efectiva claramente contradictoria con la jurisprudencia europea y con el propio modus operandi de la jurisdicción constitucional. Por ello, existen serios motivos para articular una doble reacción jurídica frente a ella: en el caso de las víctimas directas, la presentación de una demanda ante el TEDH; y, en el supuesto de potenciales perjudicados (supuestos similares en estado de litispendencia), la invocación de la jurisprudencia del Pleno del TC sobre la materia anterior a 2005 con apoyo a su vez en la jurisprudencia del TEDH.