Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 23 octubre 2008

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Octubre de dos mil ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados al margen indicados, el recursode casación interpuesto por D.Eloy, DªRebeca, Unidad Editorial S.A. , D.Juan Carlosy D.Marcos, representados por el Procurador de los Tribunales Don José Luis FerrerRecuero contra la sentencia dictada en grado de apelación con fecha 30 de septiembre de 2.004 por la Audiencia Provincial deMadrid, Sección 14ª bis en el rollo número 701/2003, dimanante del Juicio Ordinario número 451/2003 seguido en el Juzgado dePrimera Instancia Número 54 de los de Madrid. Es parte recurrida en el presente recurso DªAliciay DªEsperanzaque actúan representadas por la Procuradora de los Tribunales Dª Teresa Uceda Blasco. Es parte elMinisterio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- ElJuzgado de Primera Instancia Nº 54 de Madrid, conoció el juicio ordinario número 451/02, seguido a instancia delMinisterio Fiscal en interés de las menoresAliciayEsperanza, contra la Unidad Editorial "ElMundo del Siglo Veintiuno", D.Juan Carlos, D.Eloy, DªRebecay D,Marcos.

Por el Ministerio Fiscal se formuló demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, paraterminar suplicando al Juzgado: "…dictando sentencia por la que se declare que los demandados han llevado a cabo unaintromisión ilegítima en la intimidad y han utilizado también ilegítimamente la imagen de las menoresAliciayEsperanza, condenando a las sociedades y personas citadas a dar publicidad a la sentencia condenatoria que se pretende, a sucosta, salvando los datos identificativos de las menores, en un espacio de prensa de las misma características que aquellos enlos que se llevó a cabo la intromisión ilegítima con la misma amplitud con que se produjo ésta, así como que se ordene laentrega en el juzgado para su destrucción de todas las imágenes de archivo de las menores y de la vivienda que han dado lugara este procedimiento.- Igualmente, deberán indemnizar solidariamente a cada una de las menoresAliciayEsperanza, en la suma de 20 millones de pesetas como resarcimiento de los perjuicios causados.".

Admitida a trámite la demanda, por la representación procesal de D.Juan Carlosy de D.Eloy, se contestó la misma, en la que terminaba suplicando al Juzgado, tras los hechos y fundamentos de derecho que estimóde aplicación: "…dictando en su día sentencia por la que se absuelva a mis representados de todos y cada uno de lospedimentos de la demanda adversa.". Igualmente por la representación procesal de DªRebecay donMarcosse contestó la demanda, en la que terminaba suplicando al Juzgado: "…dictando en su día sentencia por la quese absuelva a mis representados de todos y cada uno de los pedimentos de la demanda adversa.".

Con fecha 10 de abril de 2003, el Juzgado dictó sentencia cuyo fallo dice: "Que estimando la demanda interpuesta por elMinisterio Fiscal en contra de Unidad Editorial el Mundo del Siglo XXI,Juan Carlos,Eloy,RebecaeMarcos, debo condenar y condeno a los citados demandados por intromisión ilegítima en el derecho a laintimidad personal y familiar de las menoresEsperanzayAliciaa las que las indemnicen en la suma de120.202,42 euros, así como a dar publicidad de esta sentencia condenatoria salvando los datos que pudieran dar lugar a laidentificación de las menores, en el espacio de prensa de las mismas características de aquellos en los que se llevó a cabo laintromisión ilegítima, con la misma amplitud con las que se produjo ésta, así como se requiere a los demandados para queentreguen a este Juzgado para su destrucción todas las imágenes de archivo de las menores. Con expresa condena encostas.".

Porauto de fecha 12 de junio de 2003, se dictó Auto de aclaración, en el que se acordaba: "Admitir la aclaración de lasentencia recaída en este procedimiento, añadiendo en el fallo que la condena al pago de la cantidad de 120.202,42 euros es, acada una de las menores, con lo que los demandados deberán abonar un total de 240.404,84. Además, también se añade quedeberán entregar también las imágenes del domicilio de las menores a este Juzgado para su destrucción.".

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y tramitado el recurso con arreglo aderecho, la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, dictósentencia en fecha 30 de septiembre de 2004,cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "La Sala Acuerda: Estimamos en parte el recurso de apelación presentadopor el procurador de los tribunales Sr. Ferrer Recuero en nombre y representación de "Unidad Editorial del Mundo del Siglo XXI,S.A.",Juan Carlos,Eloy,RebecaeMarcoscontra elMinisterio Fiscal y lasentencia de fecha 10 de abril de 2003y elAuto aclaratorio de 12 de junio de 2003, recaídos en los autosde juicio ordinario seguidos con el nº 451/02 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 54 de Madrid, a que el presente rollo secontrae, y revocamos parcialmente las señaladas resoluciones en los siguientes pronunciamientos: 1. La condena al pago de lasuma dineraria será de treinta mil euros (30.000 euros por cada una de las menores.- 2. La condena a dar publicidad debecircunscribirse al encabezamiento y parte dispositiva de la sentencia.- 3. No hacemos expreso pronunciamiento en cuanto a lascostas de la primera instancia.- Confirmamos en todos los demás extremos la sentencia de instancia, y no hacemos expresadeclaración en cuanto a las costas de la segunda instancia.".

TERCERO.- Por el Procurador Sr. Ferrer Recuero, en nombre y representación de D.Juan Carlos, D.Eloy, DªRebecay donMarcos, se presentó escrito de preparación del recursode casación ante la Audiencia Provincial de Madrid, siendo formalizado posteriormente ante dicha Audiencia, con apoyo procesalen los siguientes motivos:

Primero: "Conforme a lo dispuesto en losartículos 481 y 477-2-1ºde la LECivil se interpone este primer motivo de casacióncontra los pronunciamientos judiciales de ambas instancias que estiman la demanda presentada por considerar, en infracción delos derechos fundamentales a la libertad de informaciónart. 20-1-d) de la Constitución y Jurisprudencia que lo desarrolla, que seha producido una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de las menores(artículo 7-3 de la L.O. 1/1982 de cinco de mayoy suponemosartículo 4 de la L.O. de protección jurídica del menor 1/1996) por lo publicado en el Diario "El mundo delSiglo Veintiuno" los días 21 de junio de 2001 y por lo publicado por el Mundo.es los días 22 y 24 de junio de 2001".

Segundo: "por infracción del derecho fundamental a la imagenart. 18 C.E. de la demandante doñaAlicia, eninfracción del derecho fundamental a la libertad de informaciónart. 20.1.d) CEen relación con losartículos 7.5 y 8.2 ambos de la LO 1/1982 de cinco de mayoy jurisprudencia que lo desarrolla, por lo publicado en el Diario "El Mundo del Siglo Veintiuno" el 22de junio de 2001".

Tercero: " Al amparo de lo dispuesto en losartículos 481 y 477-2-1de la LECivil por vulneración del derecho a la libertad deinformación delartículo 20-1-d) de la Constitución en relación a lo dispuesto en elartículo 9-3 de la L.O. 1/1982 de 5 de mayo".

CUARTO.- Remitidas las actuaciones a este Tribunal y personadas las partes, porAuto de esta Sala de fecha 18 de septiembre de 2007, se admite a trámite el recurso y evacuado el traslado conferido, por la representación procesal de la parte recurrida, sepresentó escrito de oposición al mismo, así como por el Ministerio Fiscal.

QUINTO.- No habiéndose solicitado, por todas las partes personadas, la celebración de vista pública, por laSala se acordó señalar, para la votación y fallo del presente recurso, el día dieciséis de octubredel año en curso, en el que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de casación interpuesto por la editorial, director y periodistas de "El mundo del siglo XXI" sealza contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que, en el conflicto entre el derecho a la información y el derecho ala intimidad producido con las noticias publicadas los días 21 de junio en el periódico diario "El Mundo" y días 22 y 24 de junioen su versión web, se decanta por el derecho a la intimidad. La noticia hacía referencia al hecho producido el día 20 de junio de2.001 en una zona residencial de Madrid en el que el padre de una familia resultó asesinado, siendo agredidas tanto la madrecomo las dos hijas de la familia, aquí recurridas. La Sentencia impugnada consideró que con las noticias publicadas se habíaproducido una intromisión en la intimidad de dos menores de edad al haberse publicado datos (nombre y apellidos de los padres,edad, profesión, domicilio, fotografías y planos de la vivienda en la que vivían, edad de las menores, lesiones que éstas sufrierony tratamiento psicológico que recibieron) que permitían su identificación.

SEGUNDO.- El motivo primero se formula al amparo delartículo 477.2. 1º de la LEC.

Del desarrollo del motivo se desprende la disconformidad de la parte recurrente con la valoración realizada por la AudienciaProvincial en el conflicto existente entre el derecho a la libertad de información reconocido en elartículo 20.1d) de laConstitución y el derecho a la intimidad delartículo 18.1del mismo texto legal considerando que en este conflicto debeexaminarse tanto la relevancia como el interés público de los datos publicados y que caso de que estos concurran, debeotorgarse primacía al derecho a la libertad de información más aún cuando, como señala el recurrente, la información dada hasido transmitida a través de ruedas de prensa dadas por la Jefatura de Policía Nacional.

El motivo debe ser desestimado.

La Constitución, en suartículo 18, reconoce con carácter general el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a lapropia imagen y en elartículo 20.1.d) el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio dedifusión, especificando que esta libertad encuentra su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título y«especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia». Enconsonancia con lo anterior, la especial protección que debe darse a datos relativos a menores ha tenido su acogida normativaen laLey Orgánica 1/96, de 15 de enero de Protección Jurídica de Menor.

En la interpretación de estos derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional ha venido señalando que para que el derecho ala intimidad pueda oponerse legítimamente como un límite al derecho a la libertad de recibir o transmitir información es precisoque las noticias difundidas carezcan de interés público o que, aun siendo de interés público, carezcan de veracidad, ya que enuna sociedad democrática que proclama como uno de los principios que inspiran su convivencia el respeto a la dignidad de lapersona, no debe tolerarse la divulgación de hechos que pertenecen a la intimidad de ciudadanos particulares ni tampoco sedebe tolerar que las noticias que se difundan sean inveraces, no en el sentido de que las mismas coincidan exactamente con lasacontecidas, sino en el sentido de que se haya desplegado por quien las publica la diligencia necesaria para cerciorarse de quelo que se divulga no es un simple rumor-Sentencias del Tribunal Constitucional 54/2004, de 15 de abril y 61/2004, de 19 de abril-.

Sin embargo, en los supuestos en los que están implicados menores de edad, la doctrina constitucional ha otorgado un ámbitode superprotección que obliga a ser sumamente cautelosos en cuanto a la información que de los mismos se suministra,aunque ésta tenga interés público. Y, así, el Tribunal Constitucional ha señalado que el legítimo interés de un menor de que nose divulguen datos relativos a su vida familiar o personal "parece imponer un límite infranqueable tanto a la libertad de expresióncomo al derecho fundamental a comunicar libremente información veraz, sin que la supuesta veracidad de lo revelado exonere almedio de comunicación de responsabilidad por la intromisión en la vida privada de ambos menores", incluso, aunque la noticiamerezca el calificativo de información neutral-Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de Julio de 1999-.

En línea con esta doctrina constitucional, esta Sala ha resuelto en materia relativa a la protección de datos de menores deedad. Así, en laSentencia de 27 de junio de 2.003se consideró que la noticia sobre una niña que era portadora de anticuerposde sida era atentatoria contra su intimidad. Del mismo modo, laSentencia de 28 de junio de 2.004también consideró laexistencia de intromisión ilegítima en la intimidad del menor en la noticia que difundía la comisión por este menor de un hechodelictivo.

Teniendo en cuenta la doctrina constitucional y la de esta Sala en relación a la intimidad de menores así como la normativatanto interna como internacional(art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1.966, ratificado por España el 13 de abril de 1.977;art. 16 del Convenio Europeo hecho en Roma el 4 de noviembre de 1.950 para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ratificado por España el 26 de septiembre de 1.979;art. 8 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores de 29 de noviembre de 1.985-Reglas de Beijing-; yart. 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 20 de noviembre de 1.989 y ratificada por España por instrumento de 30 de noviembre de 1.990) que otorga una especial protección alos menores, no cabe sino confirmar la sentencia recurrida pues, con independencia de la relevancia e interés público de lanoticia en cuestión, relativa al asesinato de un abogado madrileño, los datos que en losartículos presentados con la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal se suministraban en relación con las doshijas menores de edad del matrimonio, no sólopermitían su identificación, como así se reconoce en la sentencia recurrida, sino que además suponían la revelación de hechosque pertenecen a la esfera más íntima de las menores como son las lesiones sufridas, más aún cuando de una de las menoresse transmite la noticia de la posibilidad de haber sido objeto de una agresión sexual.Y ello con independencia de que lainformación fuera obtenida a través de las ruedas de prensa dadas por la Jefatura de Policía Nacional pues el TribunalConstitucional ha señalado que existe intromisión ilegítima aunque los datos divulgados fueran ya de dominio público -Sentencias del Tribunal Constitucional 15 de julio de 1.999- ya que su revelación, haya sido su fuente la que haya sido, podía seruna intromisión en la intimidad lesiva delart. 18.1de la Constitución Española-Sentencias del Tribunal Constitucional 197/1991-.

TERCERO.- El segundo motivo del recurso de casación se dirige "contra el pronunciamiento judicial que estima la infracción delderecho fundamental a la imagenArt. 18 CEde la demandante DoñaAlicia, en infracción del derecho fundamental ala libertad de informaciónart. 20.1 d) CEen relación con elartículo 7.5 y 8.2 ambos de la LO 1/1982 de cinco de mayoyjurisprudencia que lo desarrolla, por lo publicado por el diario "El mundo del Siglo Veintiuno" el 22 de junio de 2.001."

El motivo también debe rechazarse.

En este motivo la parte recurrente ataca el pronunciamiento recogido en el Fundamento de Derecho Sexto de la resoluciónrecurrida que considera que existe una intromisión en el derecho a la imagen de la menor por la fotografía publicada en la versióndigital del periódico del día 22 de junio. La resolución recurrida fija como base fáctica inalterable en casación que la fotografíapermitía la identificación de la menor y así señala «y es que en el documento nº 2 de la demanda, el periódico digitalcorrespondiente al día 22 de junio, aparece una fotografía en la que se ven de perfil varias personas, una de las cuales es laindicada menor, que aunque a cierta distancia, es perfectamente identificable, tanto más que al pie de la foto, se alude a losfamiliares deCarlosa la salida del entierro». La parte recurrente, a través de este motivo, mantiene, sin embargo, que lafotografía no permite identificar a la menor pues está tomada desde una larga distancia, sin que el pie de foto la identifique,señalando además el carácter accesorio de la fotografía. Al partir el recurrente de una valoración de la prueba distinta a larealizada por la Audiencia Provincial está incurriendo en el vicio casacional de "hacer supuesto de la cuestión" que consiste enpartir de un supuesto fáctico contrario al proclamado por la sentencia recurrida-sentencias 20-2-92, 6-11-92, 12-11-92, 2-12-93, 29-12-98, 28-9-99 y 5-7-2000- o, lo que es lo mismo, no respetar los hechos probados y las determinaciones de caráctereminentemente fáctico que pertenecen al ámbito sentenciador de la instancia-sentencias 15-11-95 y 24-3-95- o, también,soslayar los hechos probados para, a partir de una construcción propia y unilateral, extraer consecuencias jurídicas en oposicióna lo resuelto de conformidad con aquellos-sentencias 25-2-95, 30-5-95 y 14-7-97-, todo ello sin haber desvirtuado previamente labase fáctica de la sentencia recurrida a través del cauce legalmente establecido para ello.

Partiendo de la base fáctica de la sentencia recurrida, obtenida tras la valoración de la prueba, que considera que la menor eraperfectamente identificable, la solución jurídica en relación con la utilización de la imagen identificable de un menor sin suconsentimiento, adoptada por la Audiencia Provincial es correcta pues elartículo 4.3 de La Ley Orgánica de 15 de enero de 1996, sobre Protección Jurídica del Menorconsidera "intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal yfamiliar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación quepueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento delmenor o de sus representantes legales", más aún cuando ni consta su consentimiento, tratándose de una menor de edad en ladefinición dada por elartículo 1 de la misma ley("La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a losmenores de dieciocho años que se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable hayanalcanzado anteriormente la mayoría de edad"), ni guarda relación alguna con la información publicada relativa a la recomendacióndel Defensor del pueblo de contratar seguridad privada en las urbanizaciones, y pese a ello está encuadrada en la parte superiordel artículo tras el encabezamiento.

CUARTO.- Conforme alartículo 398.1, en relación con elartículo 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procedeimponer las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar lo siguiente:

1º.- No haber lugar al recurso de casación interpuesto por donEloy, doñaRebeca,"Unidad Editorial, S.A.", donJuan Carlosy donMarcos, contra lasentencia dictada el 30 de septiembre de 2.004 por la Audiencia Provincial de Madrid.

2º.- Imponer el pago de las costas causadas en este recurso a dichas partes recurrentes.

Expídase la correspondiente certificación a la referida Audiencia Provincial, con remisión de los autos y rollo de Sala en su díaenviados.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lopronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Ríos.- José Antonio Seijas Quintana.- Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.-Firmado.- Rubricado.-PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sierra Gil de laCuesta, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera delTribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.