Sentencia núm. Tribunal Supremo Madrid (Sección 1) 30-03-2015

Pues bien, como acertadamente apunta la Abogacía del Estado, el recurrente con su propia argumentación llega a reconocer que la orden se le dio, que el contenido era claro y que, pese a ello, la incumplió, insistiendo en que, como ya alegó ante el Tribunal de instancia, la orden no era legítima y por tanto no debía obedecerla.

Y en este punto, la Sentencia de instancia, después de significar que el verdadero objeto del procedimiento es determinar si había existido una orden verbal del Alferez y si ésta se había incumplido, y tras tener por indubitadamente probada la existencia de la orden -como ya antes apuntamos-, aborda la cuestión relativa a su posible ilegitimidad, ya planteada en la instancia por la parte, y afirma que «la orden revestía todos los requisitos necesarios para su debido cumplimiento», trayendo a colación nuestras Sentencias de 6 de julio de 1992 (RJ 1992, 6760) 27 de abril y 18 de junio de 1998 , 21 de diciembre de 2001 (RJ 2002, 2593) y 11 de febrero de 2008 (RJ 2008, 5986) para señalar que «solo excusa al subordinado de la obligación del cumplimiento de una orden cuando ésta entrañe la ejecución de actos manifiestamente contrarios a las leyes o los usos de la guerra, o cuando constituyan un delito, de modo que ante una orden carente de legitimidad, pero no manifiestamente delictiva, el subordinado debe cumplirla, sin perjuicio de que ponga en conocimiento de sus superiores esa pretendida ilegitimidad, pero sin estar facultado para emitir un juicio valorativo sobre la misma que posibilite su incumplimiento en el supuesto de considerarla ilegítima». Y concluye que en el presente supuesto «resulta obvio, que la orden verbal en su día impartida al hoy recurrente, ni vulneraba las leyes y usos de la guerra, ni suponía la conculcación de un precepto que conllevara la comisión de delito alguno, de modo que el guardia Marco Antonio debía haberla cumplimentado, formulando a sus superiores, posteriormente, aquellas consideraciones que sobre el contenido de la misma hubiera estimado pertinentes».

Pues bien, no cabe duda que el tipo disciplinario aquí aplicado, «el retraso, negligencia o inexactitud en el cumplimiento de las órdenes recibidas» protege sustancialmente el bien jurídico de la disciplina, esencial en la estructura, organización y funcionamiento de una Institución castrense, como hemos venido proclamando con reiteración. Así, las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar, aplicables a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en el momento de ocurrir los hechos, y que actualmente se contienen en el artículo 6 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio (RCL 2011, 1476) , de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, señalan como regla octava que «la disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma de actuación», significando seguidamente en la misma regla que la disciplina «tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas». En este mismo sentido la regla esencial de comportamiento que se establece como undécima en el indicado precepto dispone imperativamente que el militar «obedecerá las órdenes que, conforme a derecho, son los mandatos relativos al servicio, que un militar da a un subordinado, en forma adecuada y dentro de las atribuciones que le correspondan, para que lleve a cabo a una actuación concreta», precisando también que «deberá atender los requerimientos que reciba de un militar de empleo superior referentes a las disposiciones y normas generales de orden y comportamiento». Reglas que recientemente, en Ley 29/2014, de 28 de noviembre (RCL 2014, 1588) , de régimen del personal de la Guardia Civil, se han recogido prácticamente de forma literal, al establecer en su artículo 7 las reglas de comportamiento del Guardia Civil.

Así las cosas, se señalaba en la resolución sancionadora, al subsumir los hechos reprochados en la infracción leve apreciada, que el recurrente incurrió en la misma al «específicamente grabar en SIGO, la novedad NUM002 y hecho Nº NUM001 , catalogándola como accidente laboral por otras causas, a pesar de tener ordenado que no procediese a catalogar estos hecho[s], puesto que aunque el encartado está facultado para notificar un accidente en el servicio a través de SIGO no lo está para catalogarlo, así como no comunicarlo a su Jefe de la Unidad, como así lo tenía ordenado».

Y efectivamente, aunque el recurrente insista en invocar la Guía para la notificación de accidentes en el Servicio a través del Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO), cuyo texto se acompañó a la demanda (folios 116 y 117 del Recurso Contencioso Disciplinario Militar), es lo cierto que en el procedimiento establecido no se autoriza al interesado, al notificar un accidente sufrido con ocasión del servicio, para que pueda catalogarlo como «accidente laboral», haciendo tan sólo mérito a «los detalles del hecho» y «las circunstancias del hecho» que se cree en el sistema; sin entrar por tanto en ese momento en su calificación como accidente laboral, lo que resulta razonable, dado que la correcta valoración de lo sucedido habrá de ser realizada posteriormente tras las comprobaciones y los informes oportunos; lo que conlleva que la interpretación que pudiera llegar a hacer el sancionado de la expresada Guía no le habilitaba para incumplir sin más lo ordenado por su superior.

Recordábamos en Sentencia de 17 de octubre de 2006 (RJ 2007, 661) , con cita de las Sentencias de 15 de mayo de 1997 , 18 de junio de 1998 (RJ 1998, 6580) y 15 de octubre de 2001 (RJ 2002, 8703) que la orden legítima, a la que se refiere el artículo 102 del Código Penal (RCL 1985, 2914) militar , es -enlazando los conceptos legales de orden y de acto de servicio que se establecen respectivamente en los artículos 19 y 15 de dicho Código – todo mandato relativo al servicio que un superior militar da, en forma adecuada y dentro de sus atribuciones legales, a un inferior o subordinado para que lleve a cabo u omita una actuación concreta, que tiene relación con las funciones asignadas a dicho subordinado en el cumplimiento de sus específicos cometidos, y que legalmente le corresponde. Y precisábamos en la última de las sentencias citadas que la orden que adolece de algún defecto en cuanto a su legitimidad debe ser también obedecida «porque el inferior de ninguna manera puede entrar a hacer valoraciones respecto a lo que se le ordena por un superior al que está subordinado y que actúa dentro de sus atribuciones, salvo la relativa a la licitud o ilicitud de esa orden».

Pero es que, respecto de la licitud de una orden, decíamos en Sentencia de 26 de octubre de 2009 (RJ 2009, 6270) , que los mandatos relativos al servicio para hacer u omitir una actuación concreta que se expresan en la orden dada por un superior a un inferior, solo pueden obviarse en el caso de que «entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes» ( artículo 16 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre (RCL 2007, 1908) , reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil). Y hemos precisado también que sólo cabe incumplir una orden cuando resulte manifiesto -esto es, evidente, claro y patente- que la actuación requerida por el superior incurre en tales circunstancias. Como ha venido reiteradamente señalando esta Sala, «fuera del supuesto de la ilicitud, la orden siempre ha de ser acatada, sin perjuicio de formular objeciones después de cumplirla» ( Sentencias de 31 de mayo de 1999 y 7 de febrero de 2005 ), forma de actuar exigida al militar en el artículo 32 de las Reales Ordenanzas aprobadas por Ley 85/1978, de 28 de diciembre (RCL 1979, 90 y 395) y recogida actualmente en los artículos 45 y 49 de las vigentes Reales Ordenanzas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero (RCL 2009, 253) , aplicables a todos los miembros de la Guardia Civil, excepto cuando contradigan o se opongan a lo previsto en su legislación específica, según la redacción dada al apartado 2. del artículo de ésta norma reglamentaria por el artículo único del Real Decreto 1437/2010, de 5 de noviembre (RCL 2010, 2841) .

Y por todo ello, en definitiva, debemos concluir que los hechos declarados probados por el Tribunal de instancia integran la infracción disciplinaria de carácter leve apreciada, pues el sancionado se permitió contravenir una orden clara y concreta que le había sido dada, desatendiendo -sin causa suficiente que pudiera justificarlo- lo que le había sido ordenado por su superior en materia atinente al servicio y en el ámbito de sus competencias, por lo que no cabe considerar que se haya vulnerado el principio de legalidad, en su vertiente de falta de tipicidad.

Con desestimación del motivo y del recurso interpuesto.

Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1.987 de 15 de julio (RCL 1987, 1687) .