Sentencia núm. Tribunal Supremo Madrid (Sección 1) 30-04-2015

En consecuencia,

Estimar el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Javier Freixa Iruela en nombre y representación del Sargento Primero del Guardia Civil D. Teodoro contra la sentencia dictada por el Tribunal Militar Central nº 117 de fecha 25 de junio de 2014 , recaída en el recurso contencioso disciplinario militar ordinario nº CD-127/13.

Anular y dejar sin efecto la sentencia recurrida.

Declarar que el Sargento Primero de la Guardia Civil D. Teodoro no ha cometido la falta grave de realizar manifestaciones basadas en aseveraciones falsas, y anular la sanción que le fue impuesta.

Se declaran de oficio las costas causadas.

Notifíquese esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Voto Particular

VOTO PARTICULAR

FECHA: 04/05/2015

QUE FORMULA EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. Francisco Menchen Herreros EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EL 30 DE ABRIL DE 2015 EN EL RECURSO DE CASACIÓN NÚMERO 201/7/2015.

Desde mi más absoluto respeto a la decisión mayoritaria de la Sala, formulo el presente Voto Particular, con el carácter de discrepante, porque en mi opinión, como expresé en el acto de la deliberación del recurso, se debió desestimar el recurso de casación interpuesto por el Sargento 1º de la Guardia Civil Don Teodoro contra la Sentencia nº 117, de fecha 25 de junio de 2014 dictada por el Tribunal Militar Central y confirmar la sanción de pérdida de cinco días de haberes, al citado Sargento 1º Teodoro como autor de la falta grave del art. 8 apartado 21 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre (RCL 2007, 1909) , del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil consistente en «cualquier manifestación basada en aseveraciones falsas» por ser ajustada a Derecho.

El motivo de mi discrepancia con la Sentencia precedente que, estimando el recurso de casación, declara que el Sargento 1º Teodoro no ha cometido la falta grave de realizar manifestaciones basadas en aseveraciones falsas y, por consiguiente, anula y deja sin efecto la Sentencia recurrida y la sanción impuesta, se basa en las razones siguientes:

.- La Sentencia de la Sala estima el primer motivo de casación en el que se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia y, por tanto, al estimar el recurso declara que es innecesario el examen de los demás motivos.

Para llegar a esta decisión, la Sentencia en su Fundamento de Derecho Primero expone brevemente que si bien, en términos generales, las cuestiones de hecho no tienen entrada en el recurso de casación y, como consecuencia del principio de inmediación, el criterio del Tribunal de instancia no puede ser sustituido por el Tribunal de casación, salvo que afecte a su estructura racional, como ocurre en este caso en el que el Tribunal de instancia, al confirmar en su Sentencia la sanción disciplinaria, ha vulnerado con su razonamiento, al valorar las declaraciones testificales, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

Entiende la Sentencia de la que, respetuosamente, discrepo que «los hechos sucedieron de otra forma» que a la vista de lo declarado en el expediente por la Cabo 1º de la Guardia Civil Doña Miriam (folios 48 y 49), así como las declaraciones de los Alcaldes de Sax y Onil (folios 42 y 45) y el Concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Onil (folio 47), «la consecuencia que se extrae es que el recurrente realizó su comentario hipotético debido al rumor que le había llegado y que, en modo alguno, el recurrente partió de afirmar como un hecho cierto que se iban a cerrar los cuarteles de Sax y Onil». Al menos, se dice, el Tribunal tuvo que considerar el principio «in dubio pro reo».

Además entiende la Sentencia que el Hecho Probado es confuso pues después de afirmar que el recurrente hizo «un comentario», lo califica como «rumor»; para seguidamente afirmar que «lo vertió como un hecho cierto e inminente», con lo cual, se razona que, parece que lo que se vertió como hecho cierto e inminente es la existencia del rumor, aunque también se admite que cabe pensar que es el contenido de lo que se dice en el rumor y no el rumor, el hecho cierto e inminente que comentaba iba a ocurrir.

En consecuencia, en los Fundamentos Tercero y Cuarto se concluye que la incoherencia del confuso Hecho Probado y la prueba practicada conduce claramente a la duda respecto a si «el Sargento realizó el comentario como un rumor o como una aseveración», por lo que existiendo duda no puede aceptarse como probado que fuera una aseveración y así, <<resulta necesario afirmar, en razón al derecho a la presunción de inocencia y al principio «in dubio pro reo» que no se ha probado que el acusado realizara como tales las aseveraciones falsas relativas al cierre de los cuarteles de Onil y de Sax que se le imputan>>.

Por ello se concluye que el recurrente no afirmó como cierto algo que era falso, sino que realizó un comentario respecto a un rumor que le había llegado por lo que no ha cometido la infracción disciplinaria.

En relación con la afirmación de la existencia de duda y, antes de analizar las pruebas de cargo, debo manifestar que nuestra jurisprudencia es reiterada y constante en el sentido de manifestar que el principio «in dubio pro reo» carece de virtualidad cuando el Tribunal no ha expresado duda alguna. Así en la Sentencia de esta Sala de 27 de enero de 2014 (RJ 2014, 3263) decimos: <<El principio «in dubio pro reo» tiene operatividad solo en la instancia y, en cuanto se refiere a una norma o regla dada al Juzgador para esos supuestos de duda, no puede ser invocado en casación, porque en el control jurisdiccional de la Sentencia dictada no puede sustituirse aquella valoración, y su consecuencia de certeza o duda, por la del Tribunal superior, cuyo examen ha de quedar limitado, en este punto y ante la alegada vulneración de la presunción de inocencia, a si existió prueba en la causa que pueda considerarse de cargo y si, a partir de ella, pudo llegar razonable y razonadamente el Tribunal de instancia a la convicción que se refleja en su Sentencia. Obvio es decir que en este marco en que, en la casación, se desenvuelve la presunción de inocencia es absolutamente inoperante el principio «in dubio pro reo» …>>.

<<En definitiva, como hemos señalado en nuestra Sentencia de 1 de febrero de 2013 (RJ 2013, 1813) , «la alusión al principio <<in dubio pro reo>> carece de relevancia para fundar el Recurso de Casación, primero porque como regla de valoración de la prueba existente resulta difícilmente compatible con la presunción de inocencia, que se basa precisamente en ausencia de prueba de cargo valorable; en segundo lugar porque en el presente trance casacional no se práctica prueba alguna que deba apreciarse, y, en fin, porque según reiterada jurisprudencia el aludido principio solo opera en los casos en que surgida la duda en el Tribunal sentenciador, éste hubiera despejado la situación de incertidumbre en sentido condenatorio, lo que no es el caso (vid. Sentencias recientes 30.09.2010; 30.09.2011; 29.11.2011; 19.01.2012 y 26.12.2012)»>>.

Del mismo modo, en la Sentencia de 18 de junio de 2014 (RJ 2014, 3961) tras recoger que la Sala de instancia resalta, en los Fundamentos de Convicción, que no alberga dudas sobre la certeza de los hechos imputados, decimos que: <<Por ello, anticipamos que, en modo alguno, la denuncia puede ser acogida, pues es sabido (por todas, Sentencias de esta Sala de 30 de marzo de 2012 (RJ 2012, 7620) y de 1 de abril de 2014 (RJ 2014, 4294) ) que dicha vulneración solamente es invocable en casación en su vertiente normativa, es decir cuando el propio Tribunal admite en la resolución, expresa o implícitamente, la existencia de dudas sobre la participación de un acusado o sobre la concurrencia de los elementos constitutivos de la infracción y sin embargo no resuelve dicha duda en favor del reo, pero no en aquellos en que es la parte recurrente quien considera que el Tribunal debió dudar, cuando no lo hizo, porque según el particular criterio de la parte había motivos para ello.

Es al Tribunal sentenciador y no a las partes, a quien compete valorar la prueba y obtener la convicción resultante, por lo que si, como ya hemos señalado, se ha practicado prueba suficiente y hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia y el Tribunal ha obtenido de la misma la convicción en conciencia necesaria para fundamentar su Sentencia condenatoria, no existe base alguna para pretender la aplicación del principio «in dubio pro reo»>>.

En el mismo sentido se expresa esta Sala en la Sentencia de 29 de septiembre de 2014 (RJ 2014, 5330) al afirmar: <<Finalmente decir que el principio «in dubio pro reo» no es invocable en casación, porque representa una regla de apreciación de las pruebas que solo tiene aplicación en la instancia, pues a pesar de su íntima relación con el derecho a la presunción de inocencia, como manifestaciones de un genérico «favor rei», debe quedar excluido cuando el Tribunal no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de la prueba practicada (SSTC 31/1981,13/1982,25/1988,63/1993y16/2000), como ocurre en el presente caso que examinamos>>.

Y por último recogemos, la más reciente de 21 de noviembre de 2014 (RJ 2014, 6202) cuyo Fundamento de Derecho Tercero es del siguiente tenor: «En cuanto a la infracción alegada del principio in dubio pro reo, ha de indicarse que tal principio señala la solución que ha de tomar el Tribunal cuando hay una duda, pero no tiene aplicación alguna cuando no hay ninguna duda. Lo cierto es que el Tribunal de instancia no ha exteriorizado que tuviera alguna duda, ni hay razones para que lo hubiera hecho, dada la prueba de cargo que tuvo para ser valorada. El principio in dubio pro reo funciona principalmente cuando el Tribunal manifiesta una duda y la resuelve dándole una orientación contraria al reo, pero como dijimos, carece de virtualidad cuando por el Tribunal no se ha expresado duda alguna; y, desde luego, cuando -como dijimos- no hay base alguna para la duda. Por lo que el motivo deber ser desestimado».

.- Manifesté en la deliberación mi discrepancia con el razonamiento contenido en el anterior apartado, que constituye la motivación de la Sentencia estimatoria, así como también con la conclusión de que para apreciar la infracción disciplinaria es preciso realizar manifestaciones basadas en aseveraciones falsas pero no puede apreciarse la infracción cuando el contenido de lo manifestado, que resulta ser inveraz o falso, se comenta o transmite señalando que se ha conocido como un rumor, sin que importen las circunstancias en que tal rumor se difunde y sin que el que lo trasmite no realice ningún acto de comprobación de su veracidad, cuando fácilmente pudo y debió hacerlo. En este caso, pudo y debió preguntar a su Capitán o al Teniente, Oficial adjunto a la Compañía de Ibi, de la que él depende como Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Onil.

Estimo que la Sentencia impugnada, y ahora anulada, motiva suficientemente el fundamento de su convicción basado tanto en los testimonios que se citan en la Sentencia de esta Sala como en el parte del Capitán de la Compañía de Ibi (folios 4 y 5), su testimonio en el expediente (folios 56 y 57) y la información reservada instruida (folios 6 a 10), la declaración del Teniente Hipolito (folios 57 y 58) y la declaración del Concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Onil Don Laureano (folios 61 y 62).

En concreto entiendo que la Sala que dicta la Sentencia impugnada valora la prueba documental y las declaraciones testificales con un razonamiento ajustado a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico, después de afirmar que existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia.

Es de significar que el propio recurrente en su Motivo Primero, después de analizar la doctrina jurisprudencial sobre el derecho a la presunción de inocencia, admite que: «En el presente caso existe esa mínima actividad probatoria desarrollada en el expediente disciplinario y que pudiera constatar la existencia de una sanción» (folio 4 de su recurso, párrafo 3º). Así mismo, al folio 5 afirma: «En segundo lugar y también relacionado con el derecho a la presunción de inocencia, deberemos analizar en el presente motivo, una vez descartada la inexistencia probatoria, si las conclusiones obtenidas por el Tribunal de instancia a la vista del total acervo probatorio, de cargo y de descargo, que ha tenido a su disposición son lógicas y razonables o, por el contrario, ilógicas, arbitrarias o irrazonables».

.- La valoración que realiza la Sentencia impugnada y que esta Sala declara que no es razonable por ilógica y, por tanto, da lugar a la quiebra de la presunción de inocencia, está recogida en los siguientes términos: <<Tanto de las declaraciones del Alcalde de la localidad de Onil D. Casimiro en las que afirma que el Sargento 1º Teodoro «… les comentó si se habían enterado de que había rumores de un posible cierre en breve de los cuarteles de Sax y Onil… que se movieran (los Alcaldes) para conseguir que no se cerraran… que la intención del Sargento 1º era advertir de ese posible hecho antes de producirse…» (folios 44 y 45), como de las del Concejal de Fiestas de dicho Ayuntamiento D. Alberto , al afirmar que el Sargento 1º refiriéndose a uno de los alcaldes, manifestó que «… era uno de los afectados por el posible cierre de los cuarteles de Sax y Onil…», manifestación efectuada haciéndose «… eco de los rumores que le habían llegado a sus oídos esa misma tarde…» (folios 46 y 47), como también de las del Concejal de Seguridad D. Laureano quien manifiesta haber recibido llamada del Concejal Alberto y al día siguiente del Alcalde «quien le requirió para que recabase información al respecto… que se moviera para impedir el cierre del cuartel de Onil, procediendo entonces a entrevistarse telefónicamente con el Capitán de Ibi y con el Coronel Jefe de la Comandancia quienes le negaron rotundamente dicha afirmación…» (folio 61), no cabe sino afirmar que el Sargento 1º Teodoro efectuó dicha manifestación careciendo de rigor oficial y haciéndose únicamente eco de un rumor recibido de parte de una componente de su Unidad, presentándolo ante las autoridades de la localidad como un hecho cierto e inminente y que motivó diversas gestiones por aquéllas para impedir el presumible cierre.

Frente a dicha actividad probatoria de cargo la única argumentación del demandante consiste en una pretendida y manifiesta enemistad por parte de aquellas autoridades o alguna de ellas con el propio Sargento 1º, enemistad que ni aparece probada ni puede deducirse de ninguna manera de la instrucción del expediente>>.

Es de resaltar que, como se recoge, en este mismo Fundamento, el expedientado asistió a la práctica de las declaraciones, haciéndose constar en las mismas que se encuentra presente en la declaración y el instructor, en todas ellas, le cede la palabra para que formule, si lo desea, pregunta o cuestión para ser contestada por el declarante.

.- Aunque no quede reflejado en la Sentencia impugnada entiendo que, en este caso, la conducta del Sargento 1º Teodoro es merecedora de reproche disciplinario porque existen además de lo expuesto en la misma circunstancias de especial relieve.

La primera de ellas ya la he expresado. Su conducta es, cuando menos, negligente. Pudo y debió constatar con sus superiores más inmediatos la veracidad de lo que le comunicaba su subordinada que era una cuestión de gran trascendencia que le afectaba directamente a él y a todos sus subordinados destinados en el Puesto de Onil, que con un cierre inmediato tendrían que cambiar de destino.

Un ejemplo de ello se lo da su propia subordinada que en su declaración, a los folios 48 y 49, manifiesta.

Declaración prestada por doña Miriam , destinada en el Puesto de Onil de la Comandancia de Alicante.

«PREGUNTADA si cuando comentó con el Sargento 1º Teodoro el posible cierre de los cuarteles de Onil y Sax, lo hizo como algo cierto o como una hipótesis o rumor, DICE:

Que la declarante preguntó si era cierto y tratando de verificar ese comentario que le habían dicho. Que le preguntó como Comandante de Puesto suyo y por si él conocía algo del asunto.

PREGUNTADA si tenía alguna intención cuando le hizo al Sargento 1º Teodoro ese comentario, MANIFIESTA:

Que su intención era verificar dicho comentario y si era oficial.

PREGUNTADA si el citado Suboficial le dijo que preguntaría o haría alguna gestión con las Autoridades locales aprovechando el próximo acto de presentación de Capitanías, para confirmar el supuesto cierre de cuarteles, DICE:

Que el Sargento le dijo que ya se había cerrado en otra ocasión, y que así acabó la conversación».

La Cabo 1º Miriam no se limitó a trasmitir un rumor, lo que hizo fue intentar comprobar la veracidad de lo que había oído acudiendo a su superior. Lo mismo que él debió de hacer y con una simple llamada telefónica a su Capitán se le hubiese disipado su inquietud y su temor.

Esta circunstancia es importante porque el tipo de la falta grave del art. 8.21 no requiere un dolo específico, siendo posible la comisión mediante dolo genérico incluso de carácter eventual próximo a la culpa grave, consciente y con representación, con un incumplimiento de un elemental deber de cuidado, al no asegurarse, pudiendo hacerlo con facilidad, que lo afirmado se correspondía efectivamente con la realidad. En este caso pudo comprobar y no lo hizo, que las aseveraciones eran falsas, aceptando esta eventualidad.

Múltiples sentencias han descartado la concurrencia de la infracción por faltar el elemento subjetivo doloso, al no estar en condiciones el sujeto de conocer que lo informado era inexacto, pero en el presente caso nos hallamos ante un incumplimiento de un elemental deber de cuidado, al no asegurarse pudiendo hacerlo con facilidad, que lo afirmado se correspondía efectivamente con la realidad asumiendo la inveracidad de lo afirmado.

La segunda circunstancia que agrava la conducta del Sargento 1º se refiere por un lado a su condición de Comandante del Puesto de Onil que da lugar, como dicen los Hechos Probados, a que se presuma su «credibilidad y acreditación por parte del Concejal de Fiestas primeramente y posteriormente por el Alcalde de Onil», por otro lado las manifestaciones las realiza a las personas de los Alcaldes donde se ubican los Puestos de la Guardia Civil que se iban a cerrar de manera inminente. Alcaldes que, no olvidemos son autoridades locales con competencia en materia de Seguridad Ciudadana, conforme a la entonces vigente Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero (RCL 1992, 421) , para la Protección de la Seguridad Ciudadana y que es fácilmente comprensible que reaccionaran con el natural disgusto al conocer que el Puesto de la Guardia Civil de su localidad se iba a clausurar de manera inminente.

Y la tercera circunstancia de sus manifestaciones y quizás, más grave aún, es que no se limita a manifestar una noticia o un rumor, de contenido falso o inveraz, sino que, según también se recoge en los Hechos Probados, les «insta para que se interesen sobre la realidad del mismo y que se movilizaran para impedir el posible cierre de los mencionados acuartelamientos» presumiendo, como acabo de decir, que el cierre es una grave contrariedad para ambos pueblos. Ello da lugar a que se realicen, con este fin, llamadas telefónicas a diversas Autoridades «desde el Subdelegado del Gobierno de la provincia, pasando por el Coronel de la Comandancia». Esta petición a la movilización para impedir que se llevara a efecto la decisión que habían adoptado o estudiaban adoptar sus jefes encierra una conducta que pudiera calificarse como una falta de lealtad aún más grave.

Por todo ello, reitero finalmente, que la Sentencia del Tribunal Militar Central debió de ser confirmada.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jacobo Lopez Barja de Quiroga , estando el mismo celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que como Secretario, certifico.