Diez años atrás las revistas jurídicas de Canadá y USA de Thomson Reuters lanzaban la noción de jurista “T-shaped” presentando a un profesional que, licenciado o no, se ajustaba progresivamente al mundo del Legaltech. Reconocían también una alternativa de trabajo “T”ecnológico para quienes estudiaron derecho y no quieren practicar la abogacía, ingresando a una industria todavía dependiente en alguna medida del “software as a service” (SaaS). Para los colegios de abogados de esta región, comenzaba una delicada discusión sobre cómo adecuar las exigencias profesionales a sus matriculados frente a la falta de regulación de esos servicios tecnológicos ofrecidos en el mercado legal.
En el 2021 finalmente, se ha llegado a un consenso. La realdad post-pandémica ha apreciado el valor de la innovación y el blockchain en la prestación servicios jurídicos adaptándolos a las exigencias éticas de la abogacía. Las formas de invertir en el Legaltech y los riesgos de la inteligencia artificial en la contratación de profesionales derivaron en un nuevo desarrollo regulatorio que moderarán progresivamente este impacto disruptivo de la tecnología sobre la abogacía tradicional.
Desde diciembre del 2020, los colegios de abogados canadienses crearon areneros para la prueba (sandboxes) de la innovación aplicando su competencia regulatoria sobre la oferta de nuevas tecnologías en la prestación de servicios jurídicos.
Su objetivo declarado es ayudar a abogados y empresarios a desarrollar formulas creativas de esos servicios en un espacio seguro, admitiendo propuestas para estructurar un medioambiente de servicios legales efectivos para la comunidad. Los colegios buscan habilitar a individuos, negocios y organizaciones no autorizados a practicar la abogacía a satisfacer una demanda residual de servicios jurídicos que no recibe la asistencia de los abogados.
Ontario, por ejemplo, con el mayor numero de abogados creó en abril un marco regulatorio piloto aplicable durante cinco años para su arenero con reglas de estructura operacional, personal idóneo, financiamiento e inversión, análisis de datos y consejo legal. British Columbia generó una pagina de presentación de proyectos para ser considerados bajo una carta de asunción unilateral de responsabilidad. Alberta acaba de sumarse a un sistema similar al implementado en el Oeste.
Para postularse, uno de los temas centrales es determinar el servicio legal fundamental que será prestado a través de la tecnología. El 15 de octubre, la Suprema Corte de Canadá decidió en un fallo unánime en la causa 6362222 Canada inc y Prelco Inc que, en una relación B2B (business to business), las clausulas de eximición de responsabilidad por problemas de implementación de un nuevo software son oponibles a la violación de la obligación principal de prestación de un servicio. Frente a los consumidores en cambio, por tratarse de una relación B2C (business to consumer), esas clausulas de no responsabilidad están prohibidas y el servicio esencial debe prestarse regularmente. Siguiendo el nuevo precedente, una propuesta de Legaltech ofrecida a abogados puede ser diferente a la que se formule a los clientes en lo que se refiere al cumplimiento de la obligación de prestación de un servicio jurídico principal que sea ofrecido.
Si el financiamiento del Legaltech estuvo históricamente fragmentado, hoy tiende a consolidarse ante la emergencia de nuevos unicornios en Canadá. Y varios de estos unicornios tienen sus cuarteles generales en Vancouver.
En el ecosistema de los start ups en cambio, la practica de los acuerdos simples de financiamiento capitalizable, conocidos como SAFE (simple agreement for future equity) se ha generalizado debido a la confianza impartida por estos areneros creados por los colegios de abogados.
La estructura de los SAFEs se ha simplificado para agilizar la conversión de la inversión en acciones y la ulterior apertura del capital. Es aconsejable preparar los SAFEs apoyados con acuerdos de accionistas para propiciar el “bridge financing” y el proceso de valuación del start up.
Las nuevas clausulas para la valuación de la conversión en acciones permiten tanto conceder un mayor precio de venta futuro a los inversores como ofrecer un descuento en la conversión cuando se alcanza el financiamiento inicialmente proyectado. Los start ups de Legaltech pagaran por sus propios vicios si utilizan formularios de SAFEs en vez de adecuar esos contratos a las actuales posibilidades de desarrollo su negocio.
Muchos fundadores no entienden como funciona el proceso de conversión de las inversiones en acciones y no explican adecuadamente a los inversores cuales son sus derechos derivados del SAFE. Por ejemplo, el descuento otorgado a los inversores para la compra de nuevas acciones es usado como una herramienta de marketing, prometiendo hasta un 50% en algunos casos, lo cual compromete directamente los derechos de nuevos inversores. En vez de una promoción tan agresiva, parece mas adecuado negociar detalladamente los plazos de madurez de la inversión u otras condiciones de conversión en acciones.
Es aconsejable también redactar los SAFEs ofreciendo variadas formulas de ajuste en las inversiones, documentándolas con informes y planillas para esclarecer los cálculos de valuación del start up en un mercado en el que la transparencia y la ética son primordiales.
En las provincias de Columbia Británica y Alberta, las empresas de Legaltech extranjeras actúan sin restricciones y postulan sus proyectos en los nuevos areneros con estructuras de financiamiento idénticas a las de las empresas locales.
Estados Unidos en cambio, tiene un Legaltech de mayor volumen de negocios, pero con una regulación menos armónica. La Corte Suprema de Utah aprobó el uso de areneros para servicios legales no tradicionales en agosto del 2020, creando una nueva oficina de innovación para aprobar proyectos. El colegio de abogados de California y de Florida están actualmente terminando regulaciones para los areneros y ya disponen de normas exigiendo a los abogados matriculados una constante actualización tecnológica para la prestación de sus servicios. El de Chicago en cambio, delegó en su fundación la definición de cómo el uso de la tecnología en los servicios jurídicos puede facilitar el acceso a la justicia y la reducción de costos legales.
Los nuevos areneros canadienses constituyen una excelente oportunidad para que el Legaltech español pruebe sus servicios jurídicos en inglés en un mercado menos competitivo que el del Reino Unido o de los Estados Unidos aprovechando los desafíos de una alta exigencia en calidad y selectividad.
Foto del Thomson Reuters Institute del 2021 US Emerging Legal Technology Forum del 4 de noviembre de este año en Boston, MA.
