En la actualidad uno puede preguntarse sobre el absurdo que supone el desapego que siente el ciudadano medio con respecto a muchos de los problemas que le rodean y cual puede ser su causa. Obviamente, se han planteado diversas posibilidades como la crisis de la educación pública, el hedonismo malentendido como modo de vida o la falta de espíritu crítico en lo político (afrontémoslo, no son pocos los que deciden cual es “su” partido como quien elige cofradía de la Semana Santa; una vez elegida ni se cambia ni se critica). A este respecto, aunque pueda parecer una aproximación un tanto reducida, me gustaría aportar un motivo de reflexión adicional desde la perspectiva de un abogado en ejercicio.
Lo primero que habría que preguntarse es si no existe ese desapego como consecuencia de una extrema desconfianza en todo aquello que tiene que ver con la justicia y si eso no puede ser parcialmente debido, a una pobre, o al menos muy criticable, política legislativa.
Desde hace ya un tiempo, se puede observar que padecemos lo que podría denominarse una auténtica “diarrea legislativa”. Sólo a modo de ejemplo, dado que en años anteriores las cifras son muy similares, en 2011 aparecieron 12 leyes orgánicas, 38 leyes, 20 reales decretos-leyes y 3 reales decretos legislativos que hacen un total de 73 cuerpos legales de ámbito nacional. A estos habría que añadir la legislación autonómica, la regulación sectorial (circulares del Banco de España, CNMV, etc..), los reglamentos europeos y, si me apuran, hasta las ordenanzas municipales.
Uno podría pensar que con tanta regulación pronto se acabaría todo lo que es regulable pero no, somos capaces de generar de manera orgánica nuevos aspectos que deben ser modificados, regulados, supervisados o incluidos dentro del espectro de lo afectable por un cuerpo legal. Esto se consigue en ocasiones, modificando la misma ley varias veces y en un corto espacio de tiempo.
Además, para añadir un poco de “emoción”, un abogado que quiera estar bien informado y revise todos los días los Boletines Oficiales (¡menuda afición!) ya no le basta con leer el título de una ley para decidir si le interesa para su especialidad porque siempre encontrará las maravillosas disposiciones adicionales, finales y transitorias que vienen a servir como un “se me había olvidado, pero ya que estoy en ello,…” y regulan cualquier cosa que no tiene nada que ver con el título.
Algunos casos son tan disparatados que más bien parecen una broma de muy mal gusto. Como ejemplo, y hay literalmente cientos, créanme, en la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, en suDisposición final quinta, se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que como cualquier persona medianamente inteligente puede observar, tienen mucho que ver lo uno con lo otro.
Aunque suene al argumento de una conspiración ficticia de Internet, no son pocos los que han llegado a pensar que la legislación, o lo que es más grave, incluso la jurisprudencia, se crean o se cambian para solucionar algún problema particular.
Está claro que por mucha fuerza que tengan las leyes, la realidad no se puede cambiar desde el BOE y que la solución a muchos de nuestros problemas no es única ni invariable. No obstante, tal vez explicar la razón por la que se legisla (las Exposiciones de Motivos no pueden quedar reducidas a tres líneas), que aquellos que redactan y discuten una ley sean conscientes de las posibles consecuencias y les “tiemble la mano” antes de plasmar cualquier ocurrencia simpática o simplemente, que se piensen bien las cosas antes de modificar o producir dicha ley, debiera ser considerado indispensable.
Está claro que todo esto implica paciencia, estudio y transparencia a la hora de tomar ciertas decisiones y, sinceramente, no parece que sean valores muy en alza en estos tiempos. En todo caso, aunque mejorar la forma en la que hacemos nuestras leyes no sea la única solución, sí podría ser un buen comienzo.
