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27/04/2024. 00:22:01

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Qué nos depara la nueva normalidad

¿Cuál es la visión del mercado legal para 2021?

Responsable del Área de Derecho Penal Nacional del Despacho ILOCAD

La pandemia del Covid 19 ha generado una crisis no solo a nivel humano y sanitario, sino también a nivel económico cuyos principales efectos están saliendo, poco a poco, a la luz.

En el ámbito del mercado legal, el Covid 19 ha tenido un impacto en los despachos de abogados ya que, como en cualquier empresa, ha obligado a adoptar medidas preventivas y de seguridad así como la posibilidad de trabajar desde casa. La pandemia nos ha enseñado que los abogados podemos trabajar de manera remota, siempre que tengamos un buen sistema de documentación digitalizada; pero también, que esta medida no puede ser permanente en el tiempo, puesto que, en el trato con el cliente, es fundamental la cercanía. La clave por lo tanto está en conseguir un equilibrio.

Dicho esto, como cualquier crisis, esta nueva situación puede desestabilizarnos o puede constituir una oportunidad para crecer y proteger, más que nunca, a nuestro cliente.  Nosotros hemos elegido la opción de proteger los intereses y necesidades de nuestro cliente más que nunca.  Esta es la máxima del Departamento que lidero y, por supuesto, del Despacho ILOCAD.

Área de especialización

Si bien en el Despacho ILOCAD, el Derecho Penal es la piedra angular, la propia dinámica de la Firma y, principalmente, la necesidad de dotar al cliente de un servicio integral, ha hecho que, a lo largo de los años, se convierta en un Despacho multidisciplinar, contando, para ello, con juristas especializados en Derecho Fiscal, Civil y Mercantil y colaborando con otros profesionales que, desde el ámbito de la comunicación, protegen la imagen del cliente durante el proceso frente a las consecuencias nocivas que el propio proceso y la exposición pública conllevan.

Dicho lo anterior, y en cuanto al impacto del Covid 19 en el Derecho Penal, si, en términos generales, se puede afirmar que, en periodos de recesión económica aumenta la tasa delictiva, entonces no cabe más que concluir que la pandemia del Covid 19 está generado una proliferación de delitos que son cometidos, valiéndose de las distintas vulnerabilidades del sistema económico, del  informático y de la propia ciudadanía.

Sin duda, el estado de alarma y sus medidas de restricción en cuanto a la libertad de movimiento,  supusieron, inevitablemente, un aumento de las ventas online, no solo de compra de productos alimenticios sino de toda clase de bienes, incluso de medicamentos; lo que ha generado una proliferación de estafas phishing realizadas a través del robo de datos personales para su posterior uso y  la venta de falsas vacunas u otros tratamientos preventivos. Además, en muchas ocasiones, este tipo de delitos tiene connotaciones internacionales, puesto que si bien el perjudicado puede ser una persona con residencia en territorio español, el autor del delito puede estar fuera de España.

Por otro lado, la disminución de la actividad empresarial no implica, en absoluto, la disminución de los riesgos penales adscritos a la misma; ahora con el trabajo a distancia por parte de los empleados y el acceso remoto a los archivos de la empresa, se hace necesario que el empresario muestre el debido control para prevenir malas prácticas; y documentar las medidas adoptadas para poder acreditar, si fuera necesario, su diligencia debida y, con ello, evitar o mitigar la responsabilidad penal de la compañía. El establecimiento de un buen sistema de compliance o de cumplimiento normativo debe seguir siendo una prioridad para el empresario.

Y, por último, la entrega a España de fondos europeos puede convertirse en un foco de corrupción o de despilfarro, si por la Administración no se realiza una gestión adecuada y transparente, activando todos los mecanismos existentes para la buena gestión del dinero. Lo anterior resulta muy interesante ya que, desde la reforma del 2015, el delito de malversación de caudales públicos se remite a aquél de administración desleal (si bien debe ser cometido por autoridad o funcionario público y sobre el patrimonio público); y porque la Ley 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer una serie de directivas comunitarias, ha incorporado el delito de malversación al catálogo de delitos susceptibles de ser cometidos por aquella persona jurídica que, por cualquier motivo, gestione recursos públicos.

Dos fortalezas del Despacho para la nueva situación

Ante la situación expuesta, cobra sentido, la existencia de un Departamento de Derecho Penal fuerte, que en nuestro caso, se divide en Derecho Penal Nacional y Penal Internacional, en el que se diseñan estrategias personalizadas para cada uno de nuestros clientes, en cada uno de los casos en los que trabajamos.

Pero es que, además, el Despacho ILOCAD dispone de un equipo multidisciplinar y está en colaboración con profesionales de reconocido prestigio dentro de los distintos países en los que actúa, coordinando defensas complejas en casos con transcendencia internacional, que suponen actuaciones en varios países; procedimientos de extradición;  así como para llevar a cabo reclamaciones ante organismos de Derechos Humanos y tribunales internacionales, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Dos principales retos que se han planteado a corto y medio plazo

Los retos están siendo varios.

A corto plazo, y en el marco del Derecho Procesal Penal, el estado de alarma no solo supuso la suspensión de los plazos procesales, plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones desde el 24 de marzo hasta el 4 de junio de 2020, con las consecuencias que ello deriva; sino que en la actualidad, los Tribunales han tenido que adoptar medidas preventivas, como el uso de mascarillas, lo que, en mi opinión, dificulta la percepción de la verosimilitud o no del testimonio del testigo o del investigado.

Asimismo, se están poniendo en marcha mecanismos digitales que facilitan la práctica de diligencias, de manera remota, lo que, en términos generales, puede afectar al principio de inmediación penal que rige en el procedimiento penal.

A medio plazo, y ya en el ámbito del Despacho ILOCAD, el reto es mantener los objetivos y fortalezas del Despacho, como hasta ahora hemos hecho, si bien de manera más flexible, adaptándonos en todo momento a las nuevas necesidades del cliente, habida cuenta las circunstancias actuales y venideras. 

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