El autor sostiene que desde hace cincuenta años, Cuba experimenta un recorte sustancial en los derechos humanos, proceso fomentado por un Estado totalitario y represor.
Desde hace cincuenta años, Iberoamérica sangra por la herida cubana. El Estado de Derecho latino, tras el triunfo de la revolución, deambula con las entrañas en las manos, como alma en pena de una burda ficción dieciochesca. Sangramos y lo permitimos. Sangramos y lo fomentamos. En Cuba, las leyes se han convertido en la prolongación de la voluntad de Fidel Castro, en una macondiana reedición tropical del versallesco "L'État, c'est moi".
Contemporizar con el régimen castrista en pos de fines políticos implica legitimar un orden espurio en el que el derecho ocupa el último eslabón. En Cuba, las normas, absolutamente ideologizadas, no responden a la realidad. La Constitución, completamente secuestrada por el partido único, no pasa de ser el tablón de anuncios de un comunismo totalitario. Los operadores jurídicos están controlados por esa red nefasta de la policía secreta cubana, entrenada en los métodos estalinistas de la KGB. La inseguridad jurídica, el Estado policial y la politización de la justicia han provocado el colapso del Estado de Derecho cubano. La política se ha impuesto a la ley.
Es en este marco pseudo legal que el Gran Hermano comunista conculca día a día los derechos humanos de millones de cubanos. Y este hecho ocurre a la vista y paciencia de la comunidad internacional. Arropado por las democracias europeas y las débiles poliarquías latinoamericanas, Castro y su partido buscan legitimar el status quo mediante una ofensiva diplomática feroz en los organismos internacionales. Lamentablemente, su influencia en el Consejo de Derechos Humanos y su reciente admisión en el Grupo de Río, confirman la tesis de la indiferencia global.
La democracia triunfará sobre los Castro, sin duda, pero nuestra incapacidad para gestionar una dictadura en el largo periodo de medio siglo nos condena a vivir con su herencia por muchos años. Una herencia que incide, sobre todo, en el mundo jurídico, absolutamente pervertido por la praxis castrista. Al no existir la independencia judicial, al ser profanados los derechos más elementales y al contemplar con horror la existencia de un sinfín de Guantánamos castristas en los que malviven cientos de presos políticos, el futuro del Derecho en Cuba no es de los más promisorios. Y mientra la ley continúe ligada a la voluntad de un dictador, la democracia no pasará de ser un sueño más en el continente de las utopías.
