Recientemente se están produciendo una serie de debates en congresos y jornadas que tienen como objetivo plantearse cómo es posible mantener el esquema actual de solución de los conflictos jurídicos y, en especial, los de ámbito jurisdiccional en entornos cada vez más cambiantes, más inciertos, más complejos como son los que proyectan la técnica y la ciencia en la actualidad respecto de nuestra sociedad.
En este punto podemos señalar que, muy a menudo, las normas solucionan el problema introduciendo una solución que introduce conceptos jurídicos indeterminados. Expresiones o soluciones como la "mejor técnica disponible", son, en términos deportivos, poco más que una patada adelante que soluciona la cuestión inmediata pero que lleva al juzgador a análisis complejos y nada ciertos sobre qué debe entenderse como tal.
A partir de aquí surge la cuestión relativa a como solucionar los conflictos jurídicos que se van planteando en entornos ciertamente inciertos. Muy a menudo la jurisprudencia, por ejemplo en el ámbito de la responsabilidad sanitaria, alude a conceptos muy similares cuando se refiere al estado actual de la ciencia como parámetro referencial en la adopción de las soluciones.
Ambas referencias nos sitúan, ciertamente, ante la evidencia de que la aplicación de normas como las que contienen estas clausulas es una pura convención. Las cosas son lo que son en un momento determinado y la solución debe producirse conforme a la consideración de momento. Es cierto que la consideración aplicativa como una foto fija plantea problemas jurídicos que no son menores como los que se refieren a los efectos retroactivos de interpretaciones más favorables – si hablamos de sanciones, por ejemplo-, la negación de responsabilidad que, poco tiempo después, sería admitida o, en general, un conjunto de cuestiones que ponen de relieve el choque de principios generales frente a reglas de aplicación temporales.
En este estado de cosas parece evidente que una de las labores esenciales del juzgador es la de reducir o minimizar los efectos de la incertidumbre y su propia existencia. En este sentido es preciso que la ciencia haga una labor de divulgación y de presentación pública del conocimiento que, en estos momentos, no está al alcance sino de los que forman parte de la misma. El problema central es que ese conocimiento científico debe trascender de su propio ámbito experto para poder ser conocido o aportado en el marco de la solución de los conflictos jurídicos. Simultáneamente es preciso reclamar una mayor actividad y predisposición de los órganos jurisdiccionales a conocer el estado actual de la ciencia, a contrastarla, y a aplicarla en condiciones que permitan solucionar los conflictos jurídicos en términos de mayor aproximación a la realidad social (art.3 del C.C).
No cabe negar que en la situación actual de la solución de conflictos jurídicos la apertura a la ciencia por la vía de los dictámenes o de los peritajes se presenta más como un obstáculo que como una solución. Cuesta tanto conseguir apoyo técnico neutral y acertado sobre las cuestiones de dicha índole que su multiplicación y su generalización ciertamente da mucha pereza como solución real.
Sin embargo, bien sea por la incorporación de profesionales estables al asesoramiento judicial, por la participación más generalizada de órganos técnicos de la Administración o por la facilitación del peritaje en nuestras leyes procesales sin una referencia tan costosa en términos económicos, es preciso reclamar un impulso decidido a la reducción de los ámbitos de incertidumbre en la aplicación de las normas y que los estándares de indeterminación que las normas no pueden llenar se traduzcan en elementos de concreción de la certeza, al menos, desde una perspectiva temporal. Es evidente que, en el fondo de la cuestión, está la idea de que las soluciones son convencionales y temporales, pero, aun en ese terreno es preciso acotar el riesgo del desfase.
Si quieres disponer de toda la información y la opinión jurídica para estar al día, suscríbete a
Actualidad Jurídica Aranzadi 
