El autor señala que la última decisión del Tribunal Supremo es un punto de inflexión en la intromisión de la política en los altos estamentos de la justicia española. Se trata, en suma, de una señal de que los jueces pueden y deben aparcar sus diferencias si pretenden reforzar su papel en nuestra democracia.
El pasado tres de diciembre el Tribunal Supremo sentó doctrina sobre las acusaciones populares. Con una votación de nueve votos contra cinco, los magistrados consideraron que, si bien esta figura jurídica viene recogida dentro de nuestra constitución, no forma parte del apartado de derechos fundamentales, siendo la ley la encargada de regular en qué eventos debe operar. En especial, a juicio de la sala, es improcedente que se inicie un juicio oral a una persona cuando medie exclusivamente una acusación popular.
A pesar de que esta decisión incide solamente en el sobreseimiento del caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, de la cual su presidente, Emilio Botín, saldrá sin mácula, el precedente influye directamente en el mundo político, donde existe una gran tensión por saber el desenlace de procesos que involucran a figuras como el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y el iniciado por la juez de Madrid, Gemma Gallego, por el caso del ácido bórico, ambos pendientes de juicio oral.
Lo interesante de este caso no radica, a mi juicio, en la doctrina jurídica del Tribunal en sí misma, si no en el hecho de que se rompe con una espiral de intromisiones políticas que venían dándose en las altas esferas del poder judicial. La prueba de que los jueces cerraron la ventana a los conflictivos vientos que levanta la confrontación preelectoral que nos toca vivir, la tenemos en que dos tercios de la sala votaron a favor de limitar la acusación popular y, lo que es más significativo, el componente ideológico no fue determinante. Magistrados conocidos por sus posturas conservadoras estuvieron de acuerdo con centristas y progresistas en sacar esta sentencia adelante.
Estamos ante una oportunidad de oro para que otras instancias como el Tribunal Constitucional y el Consejo GeneraldelPoder Judicial salgan de la crisis en la que están sumidos a causa de la intromisión del orden político en sus salas. Los jueces deben rechazar, con reformas o sin ellas, a quienes intentan manipular sus decisiones. La salud democrática pasa por respetar el sistema de checks and balances que establece, como no podía ser de otra manera, nuestra Constitución. Los magistrados del Tribunal Supremo han hecho lo que en conciencia les correspondía hacer, esto es: decidir con arreglo a la ley, a la justicia y al bien social. Que tome nota quien deba hacerlo, los jueces han regresado y los demócratas estamos felices.
