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05/12/2022. 13:19:59

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Incongruencia

Profesor de Investigación del CSIC

A. J. Vázquez Vaamonde

La frase: “perdónales señor, porque no saben lo que hacen” (Luc. 23, 34) podría aplicarse, sin duda, a los manifestantes en contra del cambio de la ley de regulación de la interrupción del embarazo. Destaca en primer lugar la nueva incongruencia de la presencia del Sr. Aznar. Cuando se aprobó la ley, él se opuso clamando contra ella porque “legalizaba el asesinato”, una confusión de conceptos que hubiera permitido haberle suspendido en derecho romano.

Cuando logró mayoría en el Congreso, la mantuvo en vigor aunque podría haberla derogado, lo que exige una explicación. ¿Había cambiado su punto de vista? No lo dijo. ¿Se había dado cuenta de que no había asesinato? Tampoco lo aclaró. ¿Le importaban menos esos "asesinatos" que las privatizaciones a las que dedicó más atención? Quizá sí.

Fuera cual fuera la causa por la que el Sr. Aznar quiso mantener en vigor esa ley, no así otras, durante su mandato la "matanza de los inocentes", según él la denominaba, alcanzó la cifra de 500.000. Todos son responsabilidad suya. Ésta es la realidad objetiva, aunque ni él, ni los demás participantes en la manifestación lo admitan. Pero es así.

Quien considera que eso "no es un asesinato" es honrado si apoya la ley. Pero quien considera que "eso es un asesinato" es deshonesto si no se opone a ella.

La honradez del Sr. Aznar le hubiera exigido derogarla o, al menos, dar alguna explicación en su momento de por qué no lo hacía. En cualquier caso, tendría que dar alguna explicación para defenderla, como está haciendo ahora, al manifestarse para que no la cambien. Pero esta actitud incongruente no es la única; primero, fue no derogarla; luego, ahora, defenderla, al pedir que no se modifique; mañana…..¿quién sabe que pedirá?.

Apoyan los manifestantes que continúe la vigente ley que autoriza lo que ellos dicen que son "asesinatos". Se oponen – ¿lo saben o ni siquiera se enteran de lo que significa la manifestación a la que van? – al aumento de seguridad jurídica – ¡así como suena! – en la actuación de las personas implicadas en realizar lo que permite la vigente ley, que ellos no quieren que se cambie.

El Sr. Rajoy, que también se opuso a la ley cuando se promulgó, tampoco la derogó cuando estuvo en el Gobierno y ahora la defiende. Esta suma de incongruencias, sin embargo, no es percibida por quienes unas veces se manifiestan en contra de la ley y otras, como hoy, a su favor. Da la impresión de que cualquier disculpa es buena para manifestarse contra el actual Gobierno.

Coincidente en el tiempo leemos la noticia del sobreseimiento del "montaje" realizado por oficiales y números de la Guardia Civil que se concertaron para cometer un delito, art. 17 CP). Con exceso de celo, sin duda fruto de sus creencias en extraterrestres, no dudaron en aprovecharse de sus puestos públicos para violar la ley fabricando falsas pruebas y falsos testimonios (art. 26 CP); hacerlo con alevosía, abuso de superioridad, por motivos ideológicos en contra de la víctima, prevaliéndose del carácter público del culpable, (arts. 22 y 511 CP).

Con su falso testimonio, (art. 461 CP) convirtieron la vida de unas mujeres que habían decidido interrumpir su embarazo – ya es bastante trauma personal – en una tortura adicional y gratuita (art. 22 CP) de atropello a su dignidad (art., 10 CE) , atropello a su tranquilidad y seguridad (art. 17 CE), y pérdida de su buena fama (art. 18 CE).

Junto a ellas, que son las principales perjudicadas, se encontraban otras personas jurídicas: las empresas privadas que realizaban su actividad dentro de la ley. Éstas y los profesionales que trabajaban en ellas fueron sometidos a una persecución implacable; la que la ley exige con los delincuentes. Algo totalmente injusto tratándose de inocentes perseguidos con pruebas premeditadamente falsas y prolijo azuzamiento de masas irracionales pidiendo "cruxifixe eum", manipuladas una vez más cual pueblo estulto.

La noticia en la prensa señala que los querellados podrán ahora interponer una querella en la vía penal contra los querellantes – esos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que  han delinquido – por los delitos cometidos por estos.

La noticia termina aquí. No queda claro, pero es esencial, saber si el Ministerio Fiscal ya se ha querellado contra los funcionarios públicos que han cometido más tropelías de las que cabe imaginarse entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyo buen nombre han arrastrado por la cloaca de la inmundicia cometida.

Además, han cometido los delitos de asociación ilícita para delinquir, porque se han compinchado para preparar pruebas falsas, han atropellado la intimidad de las personas, y han difamado la actuación de personas e instituciones. Pero ni siquiera se ha informado de que hayan sufrido inhabilitación absoluta de 10 – 15 años (art. 521 CP)

Estamos aquí ante una situación que excede el ámbito de los delitos privados.

Los oficiales y números de la Guardia Civil cobran su sueldo de nuestros impuestos para proteger nuestros derechos. Sin embargo, no sólo han desatendido su trabajo, sino que han dedicado ese tiempo no a protegernos sino a falsear pruebas lo cual es un delito, que debe, por tanto, ser perseguida de oficio (art. 105 LECr).

Al margen de esta responsabilidad penal, el propio Reglamente de la Guardia Civil contempla que, ante estas actuaciones, procede la suspensión de empleo y sueldo de todos los implicados hasta tanto recaiga sobre ellos la sanción penal que proceda. Pero de esta actuación tampoco hemos tenido noticia en la prensa.

Naturalmente, los costes del proceso habido, así como los que se deriven de estos delitos deberán ser pagados por los delincuentes, no por la institución. Ésta sólo debería pagar, subsidiariamente, cuando no hubiera dolo. De lo contrario, el derecho a la indemnización de las víctimas puede convertirse en que sean las víctimas. No se puede olvidar que la indemnización sale de nuestros impuestos, los que pagan las propias víctimas; así, sacándose el conejo – nuestros impuestos – de la chistera de los PGE, los delincuentes se salen de rositas.

Por último, existe también una responsabilidad por parte de todas las asociaciones fundamentalistas que apoyaron – está por ver si no instigaron – las actuaciones de estos falsarios, declarados ya autores de elaboración de pruebas falsas.

Estas asociaciones, con el ánimo irracional propio de los fundamentalistas defensores de la Ley de Lynch, si no colgaron a sus víctimas fue porque no les dejaron; las ganas, visto como vociferaban, eran evidentes. Y esto es más de lo que la Ley de Asociaciones le permite a los asociados de asociaciones legales.

La libertad de expresión tiene como límite la responsabilidad en su uso sensato; el límite es el uso delictivo de la libertad; por ello habría que planearse si la utilización de medios delictivos, apoyo a datos falsos, agresiones verbales y físicas, descrédito personal y profesional de tantos ciudadanos inocentes organizados institucionalmente desde esas asociaciones, no exigiría su ilegalización (art. 22.2 CE y arts. 510 y 515 CP).

"…. si guardas en tu sitio la cabeza tranquila, cuando todo a tu lado es cabeza perdida ….", nos recordaba Rudyard Kipling. Pero para tener la cabeza tranquila es imprescindible, tener cabeza.. "…. si nadas junto al pueblo y guardas tu virtud….", exige ser virtuoso. Pero no cabe la virtud allí donde a la razón la suplanta la pasión, incontrolada por irracional.

  • Ser medianamente sensato, exige tener respeto al otro;
  • Tener una mínima capacidad de reflexión, no es mucho pedir
  • Ser consciente del significado de nuestros actos es nuestra responsabilidad

Pero si se falla en estos tres aspectos, se acaba cayéndo en la incongruencia.
Aunque sólo sea para evitar la vergüenza ajena de los demás, sería bueno evitarlo.
Mientras tanto, esperemos que, al menos, el Ministerio Fiscal cumpla con su tarea.

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