La Cumbre Judicial Iberoamericana inició su XV edición el pasado mes de octubre de 2008 con la celebración en Lima de la Primera Reunión Preparatoria.
La Cumbre, integrada por un total de 23 países de habla castellana y portuguesa que integran la Comunidad Iberoamericana a ambos lados del Atlántico, es una conferencia internacional que reúne a los Presidentes de los Tribunales y Cortes Supremas, y también de los Consejos de la Judicatura en aquellos países en los que tal tipo de institución existe. Pero al mismo tiempo, la Cumbre es también una red permanente y eficaz en el seno de la cual se desarrollan procesos de trabajo en los que participan múltiples expertos vinculados a los poderes judiciales y a otras instituciones del sector de la justicia.
De esta manera, la Cumbre Judicial Iberoamericana se ha ido perfilando como una de las organizaciones más activas dentro del ámbito judicial iberoamericano, especialmente a partir de la fusión de las Cumbres de Presidentes de Cortes Supremas y de los encuentros de Presidentes de Consejos de la Magistratura, operada en 2004 en las reuniones conjuntas de Copán y San Salvador. Esta fusión permitió configurar a la Cumbre como la voz unificada de los poderes judiciales de la región iberoamericana, con el objetivo fundamental de fortalecer el Estado de Derecho y la construcción de un espacio judicial iberoamericano
Con la mencionada reunión preparatoria de Lima, la Cumbre inicia su XV edición. Y lo hace con la voluntad de trabajar en la mejora de las relaciones de los poderes judiciales con la ciudadanía, desarrollando nuevos proyectos una buena parte de los cuales inciden de lleno en el área de la comunicación institucional.
El eje temático de esta edición es "el rol del juez en la sociedad contemporánea, la imagen de la justicia y las relaciones con la sociedad". Con él se quiere afirmar la voluntad de avanzar decisivamente en todo aquello que tiene que ver con la interrelación de los poderes judiciales y los ciudadanos a los que prestan servicios. La justicia es consciente de que tiene que estar cada vez más cerca de la ciudadanía, de toda la ciudadanía sin excepción; de que tiene que ser capaz de abrir nuevos espacios de participación y diálogo, extremando su sensibilidad con los más desfavorecidos o vulnerables.
El cauce más tradicional de comunicación entre la justicia y la sociedad ha sido el de los medios de difusión. Los poderes judiciales han estado especialmente preocupados por sus relaciones con los medios, unas relaciones que no siempre han sido fáciles, y en cuyo seno se han desencadenado a menudo las tensiones propias de una convivencia entre roles y objetivos distintos.
A menudo los poderes judiciales, al centrado sus estrategias de comunicación en enfoques "reactivos", tendentes a mejorar su interrelación con los medios y su capacidad de transmitir información a través de ellos. Con ello se han descuidado a menudo políticas comunicacionales "proactivas", destinadas a generar y difundir contenidos y mensajes institucionales, así como a crear espacios de interrelación, de transparencia y de participación de la ciudadanía.
La agenda de esta nueva Cumbre es el fruto de una reflexión profunda. Una apuesta alimentada por las lecciones aprendidas a lo largo de los últimos años, y cuya principal conclusión podría ser la siguiente: comunicar es mucho más que transmitir información. Pero además, comunicar es una actividad que va mucho más allá de lo tradicionalmente entendemos por tal acción. Comunicamos lo que transmitimos, pero desde luego y aunque parezca una paradoja, también comunicamos cuando dejamos de emitir información. La falta de información, los déficits de transparencia, contienen mensajes implícitos que acaban impactando negativamente en la percepción del ciudadano, y que por tanto erosionan irremediablemente la imagen institucional y la confianza.
Las Cortes y los Consejos son conscientes de la necesidad de elaborar nuevas estrategias de comunicación con un mayor alcance y con objetivos más ambiciosos, estrategias que deben tender hacia la creación de espacios de relación y diálogo con la ciudadanía, y en los que la interrelación alcance la dimensión de lo que podríamos llamar una nueva cultura de la comunicación institucional.
En efecto, las instituciones deben ser capaces de superar, que no abandonar, las fórmulas y los canales tradicionales, y desarrollar nuevos modelos aprovechando además las oportunidades que las tecnologías les brinda.
Esta nueva cultura de la comunicación institucional debe llevar a ampliar sus horizontes hacia los siguientes ejes: a) información, b) formación, c) imagen, d) relación y atención al usuario. Esos ejes a su vez, deben encontrar su fundamento en tres principios clave: transparencia, veracidad y objetividad.
Es así como las instituciones del sector pueden empezar a construir una nueva estrategia en la que, por poner algunos ejemplos, las acciones educativas para jóvenes y adolescentes, los contenidos de divulgación y sensibilización dirigidos a la ciudadanía en general o a determinados sectores de la misma, las políticas de atención y relación con los usuarios, las acciones en materia de imagen institucional destinadas a generar una nueva percepción de lo judicial, el diseño de nuevos espacios o puntos de encuentro y de diálogo entre los poderes judiciales y los ciudadanos a los que sirven (jornadas de puertas abiertas, foros de debate y de reflexión, ferias o exposiciones de los servicios de la justicia); se conviertan en las herramientas de una nueva forma de comunicar.
Los proyectos que la Cumbre impulsa en materia de comunicación se concretan en la creación de una red de comunicadores de los poderes judiciales, que dará además soporte a un canal judicial que trabajará en la producción e intercambio de productos audiovisuales informativos y divulgativos. Asimismo se desarrolla también otro proyecto destinado a identificar las mejores prácticas en materia de comunicación institucional, y a establecer recomendaciones estratégicas sobre la materia.
Pero esta XV edición no se agota con el área de comunicación. También la oralidad y la oficina o despacho judicial están presentes en la agenda, y lo están como respuesta a una necesidad de absoluta actualidad en el quehacer judicial iberoamericano: la reforma procesal, y en especial, la reforma procesal penal. El tránsito hacia modelos más transparentes, en los que la oralidad es un eje fundamental, no puede hacerse de espaldas a todo lo que tiene que ver con la gestión del proceso. De ahí que se trabaje especialmente en la identificación de experiencias y buenas prácticas en materia de nuevos modelos de oficina o despacho judicial, y de soluciones tecnológicas aplicadas a los nuevos desafíos que la justicia del S. XXI debe afrontar. Uno de ellos, a todas luces fundamental, el tránsito hacia el denominado proceso electrónico que ha de tener además impactos muy sustanciales en la definición y organización de los procesos de trabajo en el despacho judicial.
Asimismo el Plan Iberoamericano de Estadística Judicial iniciado en la pasada edición, comienza en esta edición una segunda fase, en la que los objetivos fundamentales son el avanzar en la definición de indicadores homogéneos, y en el diseño de una herramienta para la gestión y análisis de datos que permita automatizar y dar fiabilidad a los procesos.
Este es un proyecto a largo plazo, que sin duda exigirá de grandes esfuerzos técnicos y económicos, pero cuyos frutos empiezan ya a vislumbrarse y en algunos casos a anticiparse. En efecto, y en relación con esto último, son ya perceptibles los impactos que en los sistemas estadísticos internos se han ido produciendo como consecuencia de las reflexiones y conclusiones que se van sucediendo en el seno del grupo de trabajo.
Así pues, estamos ante una nueva edición de Cumbre, la XV, que apuesta decididamente por abordar temas que son clave para afrontar algunos de los retos que los poderes judiciales de la región tienen ante si, y ello con el valor agregado del trabajo y del esfuerzo en común, analizando e intercambiando experiencias y lecciones aprendidas, para proyectar acciones sólidas en el futuro, en beneficio del Estado de Derecho y de sus ciudadanos y ciudadanas.
