En los Presupuestos Generales del Estado para 2017 que se han presentado estos días, se propone un incremento de la partida a dependencia en un 8%. En términos cuantitativos se calcula en unos 100 millones de euros más. Pero ¿es suficiente ese incremento?
Cada día fallecen unas 90 personas dependientes en nuestro país a las que no les ha llegado la asistencia por dependencia. Con esta subida en los PGE que acaban de presentarse ¿será suficiente para cubrir aproximadamente los 400.000 personas dependientes que se hallan en las lista de espera?. Ningún colectivo puede considerarlo positivo, la subida es mínima y no soluciona el problema en España con las personas que todavía no acceden a las ayudas por dependencia.
Si recordamos el objeto de la Ley en su artículo 1 reza: 1. La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español. 2. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia responderá a una acción coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que contemplará medidas en todas las áreas que afectan a las personas en situación de dependencia, con la participación, en su caso, de las Entidades Locales.
Se está incumpliendo, por tanto, la Ley de Dependencia ( Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE nº 299, de 15/12/2006 ) en cuanto a cómo debe financiarse y cuánto debe aportar cada obligado, ese 50/50 esperable es una utopía y por tanto, un incumplimiento flagrante de la norma. En el concepto de Seguridad Social la elevación de 100 millones ( cubren sólo 1.262 millones que es el Nivel Mínimo de Dependencia ) es un mínimum que además incumple el capítulo de financiación entre el Estado Central y las Comunidades Autónomas así como la gestión directa de las entidades locales. A más abundamiento, se había llegado a un acuerdo político entre el partido gobernante PP y Ciudadanos para incrementar la partida al menos a los valores que tenía antes del 2012, sin embargo, esta escueta subida no alcanza ni por asomo esa cifra acordada consistente en unos 400 millones al año dado que la pérdida es superior en estos momentos a 3.000 millones de euros. Si lo traducimos en número de personas dependientes que se pueden asistir con esa mínima subida alcanzaría únicamente unos 12.000 más, cifra ridícula ya que la lista de espera ronda las 400.000 personas.
Para más datos sangrantes sacados de los PGE, visualizar las partidas a servicios sociales de ayuda a las personas mayores se quedaron en lo mismo que el año anterior, 117,51 millones de euros y los destinados a las personas con discapacidad quedan rebajados en un 4,3%, con 53,28 millones de euros insignificantes.
Tras exponer estas irrisorias cifras sólo queda poner en tela de juicio ese compromiso de derechos humanos siempre esperable de los gobernantes con las personas con dependencia. Ese compromiso que luego no se cumple como puede observarse en los datos expuestos. Y no es de recibo que quién más necesita del Estado de Derecho por encontrarse en condiciones de desigualdad no reciba lo que por Ley se ordena. La financiación del sistema de dependencia debiera estar ya regulado y funcionando sin que fuese necesario tener que hacer comentarios de ningún tipo sobre el presupuesto de las partidas. Hoy hay 400.000 personas con dependencia en lista de espera sin recibir ayuda del Estado. Mañana, una de esas personas puede ser cualquiera de nosotros.
