El emprendimiento y la inversión en startups es un fenómeno creciente en España y en todo el mundo. En paralelo, la crisis derivada de la pandemia está acelerando enormemente muchos cambios en nuestra sociedad, como la digitalización, la utilización y el desarrollo intensivo de la tecnología en múltiples sectores, como el fintech, el e-commerce, el legaltech o la biotecnología.
A día de hoy es casi una obviedad señalar que las startups están jugando un papel muy importante en todo este proceso de transformación, que irá a más en los próximos años. El programa europeo de recuperación “Next Generation UE” -ya aprobado por el Consejo Europeo- debería contribuir a ello de manera decidida y eficaz.
En definitiva, las empresas startups y el espíritu emprendedor resultan vitales para la mejora de la economía española, en la medida en que constituyen uno de los pilares básicos de la innovación, la competitividad y el crecimiento económico.
Sentado lo anterior, resulta de vital importancia para la recuperación que nuestro país sea capaz de adaptarse y cree un entorno jurídico adecuado y estable que contribuya a atraer talento e inversiones productivas. En este sentido, el pasado mes de febrero, el Gobierno anunció que, de manera inminente, se aprobaría el “anteproyecto de ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes”, que supondrá la primera ley de startups en España para impulsar el emprendimiento.
Con el referido anuncio se anticipaba que esta ley “facilitará la tramitación administrativa, ayudará a traer y retener el talento necesario e incluirá ventajas fiscales y de inversión”, aunque no se detallaron en qué consistirán esos incentivos. Como ya se apuntaba desde diferentes organismos internacionales, resulta altamente recomendable una mejora en el marco regulatorio de las empresas para impulsar su creación y su crecimiento.
En primer lugar, se puede decir que el procedimiento para la creación de una empresa en nuestro país es claramente mejorable. En España se tardan 13 días de media en crear una empresa, según apunta el informe Doing Businness 2020, siendo uno de los países de la Unión Europea en los que más tiempo se requiere para ello.
Uno de los frenos en este sentido es la obligación que tienen los socios e inversores extranjeros de la sociedad de obtener un número de identificación fiscal tanto para personas físicas (NIE), como para las personas jurídicas (NIF). Si sus representantes son extranjeros deberán éstos solicitar el NIE para obtener el documento para las personas jurídicas. Parece evidente que deben establecerse mejoras para que estos procedimientos resulten más ágiles.
Por otro lado, es indudable la eficacia de los incentivos fiscales para fomentar determinadas actividades y la atracción de capitales. En este sentido, resulta crucial que los incentivos fiscales que finalmente sean aprobados tengan muy presentes las particularidades e idiosincrasia que rodean a las startups y el emprendimiento.
Esta aprobación de incentivos fiscales debería centrarse en las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), así como en la financiación e inversión en startups, de forma ágil y eficaz. En este sentido, las grandes corporaciones están jugando un papel cada vez más importante, y pocas son ya las que no cuentan con un programa de inversión en startups, ya sea a través de vehículos propios o gestionados por terceros (Corporate Venture Capital – CVC-).
A modo de ejemplo, se podría configurar la posibilidad de que las deducciones fiscales por I+D+i fueran aprovechadas, directamente, por otros contribuyentes terceros que participaran en la financiación del proyecto, lo que, sin duda, supondría una palanca verdaderamente eficaz para atraer capitales a favor de las empresas emergentes. Este tipo de mecanismos, como es el aprovechamiento de las deducciones por inversores terceros, ya ha sido aprobado recientemente por el legislador estatal en el marco de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas (aplicable por primera vez desde el presente ejercicio 2021), por lo que ya existe un camino a seguir, refrendado también por el rumbo ya trazado en varios de los territorios forales, en los que existe la posibilidad de trasladar a los financiadores de estos proyectos de I+D+i las deducciones fiscales generadas por estas actividades.
Pensando en los Business Angels oinversores privados, se deberían establecer mayores beneficios fiscales y más flexibles en el marco del IRPF. Asimismo, para la captación y fidelización del talento, sería importante la configuración de un tratamiento fiscal más favorable a las opciones sobre accionesy phantom shares (derechos económicos a favor del trabajador equivalentes a participación en el capital social), así como facilitar la obtención de visados para los profesionales de alta cualificación y la introducción de incentivos potentes en material laboral y de Seguridad Social.
Con toda seguridad, la reforma que se avecina abordará otras muchas cuestiones, pero estamos plenamente convencidos de que incentivos como los apuntados, junto con la simplificación de cargas administrativas y mejoras en los sistemas de financiación, podrían contribuir de manera eficaz a convertir nuestro país en una verdadera nación emprendedora, a la vanguardia europea del emprendimiento, la generación de empleo y el crecimiento económico sostenible.
