La Justicia en España necesita más recursos, pero sobre todo mejor gestionados y modernizar las estructuras y métodos de trabajo, así como implantar plenamente las nuevas tecnologías. Elemento esencial de la Reforma es el consenso.
La necesaria reforma de la Justicia en España se ha convertido en objetivo prioritario de la IX Legislatura, con una voluntad inequívoca del Gobierno de España para hacerla realidad.
Tenemos una Justicia donde el conjunto de los operadores (jueces, fiscales, funcionarios, profesionales, etc) tienen una más que notable cualificación y sin embargo nuestra Justicia no es ágil, rápida ni eficaz, ni está a la altura exigible a nuestro país.
En los últimos cuatro años los Presupuestos Generales del Estado en materia de Justicia han aumentado el 48% y el número de jueces y fiscales se incrementó en 1.090 (más del doble de la legislatura anterior). El esfuerzo económico por parte del Gobierno Socialista está ahí y sin embargo no se observa una paralela mejora en la prestación del servicio público de la Justicia, ni en la percepción que los ciudadanos tenemos sobre la misma.
A la vista de ello, podemos afirmar que la Justicia en España requiere de más recursos económicos y de más medios personales y materiales, pero que esto no es suficiente y quizás no sea el factor más importante. Aumentar recursos sobre un sistema ineficaz no resuelve la situación.
En mi opinión la clave está en la necesaria modernización de las estructuras de la Justicia, del cambio en los procedimientos y en los métodos de trabajo y en la implantación plena de las nuevas tecnologías, así como en la buena gestión de los recursos existentes.
En definitiva urge introducir en la Administración de Justicia un modelo de gestión propia de nuestros tiempos, con los medios personales y materiales adecuados.
Para ello hay que llevar a cabo importantes reformas procesales y proceder a la implantación definitiva y urgente del modelo de oficina judicial. En el nuevo modelo es preciso descargar a los jueces de las funciones que no sean estrictamente jurisdiccionales y que los secretarios judiciales asuman las importantes funciones de dirección procesal que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otros aspectos.
El Gobierno de España tiene como una de sus grandes prioridades la modernización de la Justicia y el Ministerio, a tal fin, ha creado la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, de la que penden dos Direcciones Generales.
Además de las reformas procesales urgentes el Ministerio de Justicia está trabajando en varias líneas de actuación, entre las que destaca la de mejorar la gestión de los procedimientos con la implantación de la aplicación de gestión procesal Minerva – NOJ (nueva oficina judicial), que integra esquemas de tramitación procesal y el sistema LEXNET, que permitirá superar el "soporte papel".
Otro de los puntos clave por los que se apuesta es racionalizar el uso de recursos personales y materiales con la implantación de la "Agenda programada de señalamientos – NOJ" y la digitalización de los sistemas de grabación de los juicios en las salas de vistas.
Además, se trabaja por facilitar la interconexión y el intercambio de información con la plena implantación del sistema LEXNET que permite la práctica de notificaciones y la presentación de escritos en los Tribunales por medios telemáticos. E igualmente se pretende garantizar la disponibilidad de información necesaria con la puesta en marcha del "Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y sentencias pendientes de firmeza" dentro del Registro central de penados y rebeldes.
Por último, entre los objetivos importantes del Ministerio está la informatización de todos los registros y la creación de una gran base de datos en el registro civil central, que evite que millones de ciudadanos tengan que personarse en los registros civiles.
A estas actuaciones debemos apuntar la conveniencia de culminar el proceso de transferencias en materia de Justicia a las seis comunidades Autónomas que aún lo tienen pendiente.
Otras reformas legislativas además de la inevitable nueva regulación del recurso de casación y de la generalización de la doble instancia en el ámbito penal, podrían ser la Reforma sustancial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, la regulación de los consejos de justicia de las Comunidades Autónomas (en consonancia con las reformas estatutarias aprobadas), o la aplicación de la "carta de derechos ciudadanos" ante la Administración de Justicia.
Elemento imprescindible para asegurar el éxito de la reforma es lograr el mayor consenso posible con los Partidos Políticos, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas, escuchando también a todos los sectores y operadores implicados, intentando incorporar aquello que mejore las propuestas iniciales, siempre tendentes al objetivo principal de mejorar el servicio público que reciben los ciudadanos y no a la defensa de interés corporativo alguno.
Llevar a cabo esta modernización es una cuestión de Estado, ya que afecta al corazón del sistema democrático y por lo tanto constituye un deber y una obligación inexcusable de quienes debemos conseguir que se lleve a buen término.
