La actual fase de desaceleración económica reabre el sempiterno debate sobre las reformas laborales que han de acometerse en nuestra legislación. El autor nos presenta un análisis acerca de los principales puntos que se deben tomar en cuenta a la hora de hablar de dichas reformas.
Estamos atravesando una situación económica compleja. En el Boletín Económico del mes de marzo, el Banco de España afirma que las empresas españolas afrontan un escenario menos favorable que hace un año y "rodeado de mayores incertidumbres". Ello se debe tanto a la coyuntura internacional -con las turbulencias financieras y la subida del petróleo- como a la desaceleración de la economía española, que afecta principalmente a constructoras e inmobiliarias. Las cifras de crecimiento económico se revisan continuamente a la baja, y el empleo se está ralentizando como consecuencia de los procesos de reestructuración que siguen afrontando algunas grandes empresas.
El patrón de crecimiento de la economía española en estos últimos años, muy dependiente del sector inmobiliario, revela la falta de competitividad de las empresas. Los contratos temporales continúan afectando a un tercio de los trabajadores, fenómeno estructural demasiado extendido en la economía española y que duplica las tasas que registran países como Holanda, Suecia, Alemania o Italia. La cualificación de mano de obra no es buena y la formación profesional todavía carece del relieve necesario. En inversión en I+D+i los datos tampoco son esperanzadores en la comparativa con otros países de nuestro entorno.
Se agota un modelo de crecimiento. En este escenario de retos, el nuevo Gobierno tiene pendiente la propuesta de un cuadro integral de medidas para enfrentar la situación económica. Desconocemos en este momento si va a proponer medidas de modificación de la normativa laboral y de seguridad social. Ha avanzado solo en su propósito de realizar subidas del S.M.I. y de las pensiones mínimas, y su resolución de impulsar definitivamente la Ley de Dependencia, ámbito de actividad que debería crear empleo en los próximos años. Se ha anunciado también la inmediata convocatoria de las organizaciones empresariales y sindicales para abrir una nueva etapa del diálogo social. Urge la realización de un diagnóstico común del Gobierno, los agentes sociales y del resto de las administraciones autonómicas sobre la actual coyuntura. Estamos a la espera de que el nuevo Gobierno ponga en marcha y pacte con los agentes sociales las medidas necesarias para afrontar esta situación.
Mejorar la productividad parece la receta más sensata para superar la actual coyuntura. La apuesta decidida por parte de las empresas, las organizaciones sindicales y las administraciones públicas en invertir en formación de los empleados y la optimización de los recursos para la implementación de desarrollo tecnológico, para la I+D+i, y para las infraestructuras básicas del país (agua, energía y ferrocarril) haciendo más eficiente el gasto público mediante la coordinación entre las Administraciones competentes y la iniciativa privada, parecen propuestas razonables. Ello debe unirse al mantenimiento y mejora del sistema de protección social y la activación y optimización de los servicios públicos de empleo y de formación.
La red de protección social y las políticas activas de empleo no pueden desarmarse a fin de evitar que los colectivos más golpeados por la nueva situación económica -muchos de ellos inmigrantes- queden sin cobertura y sin garantías de reinserción en el mercado. Las reformas laborales deben establecer líneas de actuación coordinadas entre las diferentes administraciones públicas, modificaciones razonables en la normativa sobre movilidad geográfica y funcional de trabajadores e itinerarios personalizados de inserción de las personas desempleadas que superen el grave retraso en la existencia de una oferta de formación acreditada. Parece conveniente abordar una mejora sobre las actuales ayudas y bonificaciones para impulsar el empleo estable, potenciar definitivamente las funciones de la Inspección de Trabajo para frenar la temporalidad en el control del encadenamiento de contratos, y en la vigilancia de la siniestralidad y la subcontratación. Sin controles adecuados de legalidad la contratación hecha en fraude de ley, la desregulación de la subcontratación y la explotación de inmigrantes contrarrestarán el efecto positivo de cualquier reforma laboral tendente a reducir la precariedad y a facilitar la contratación productiva cooperando por omisión a la desregulación.
Confiemos en que los agentes sociales aborden con sensatez y con medidas prácticas el debate de la productividad y de la formación y no se enroquen sólo en las viejas controversias de marcos de concertación social obsoletos como el importe de las indemnizaciones por despido, la modificación del marco de negociación colectiva o la rebaja de las cotizaciones sociales.
