El autor sostiene que es imprescindible endurecer las penas y regular de manera efectiva los centros de diversión nocturna con el fin de evitar hechos de violencia que desencadenen tragedias como la relacionada con el joven Álvaro Ussía.
Cuando el Derecho se convierte en un paliativo que intenta atenuar un hecho concreto, algo ha fallado en el sistema jurídico. Ha faltado previsión. Entonces, ante esta premisa, es menester que los operadores de la ley lo reconozcan, con el único fin de que jamás vuelva a suceder.
La trágica muerte de Álvaro Ussía no puede quedar impune. Más aún si no estamos ante el primer caso de violencia desatada en las puertas de una discoteca. Me viene a la memoria el caso del ecuatoriano Wilson Pacheco, arrojado como un pedazo de basura al mar catalán por unos porteros racistas que ejercieron con dolo su potestas. Lo de Álvaro tiene antecedentes. Y lamentablemente, no hemos sabido reaccionar a tiempo.
No basta con un endurecimiento de penas o con el maquillaje circunstancial -sombra aquí y sombra allá, legislador- que algunos pretenden endilgarle a las leyes. El problema es procedimental. Si me apuran, de talante. Por supuesto, urge mejorar -o renovar de ser el caso- el marco adecuado para evitar este tipo de atropellos. Tal vez una mínima ingeniería legal hubiese ayudado a evitar estas tragedias. Sin embargo, lo esencial es permanecer vigilantes ante la abulia administrativa. La norma puede existir, incluso ser perfecta, pero si los operadores jurídicos permanecen impávidos ante hechos en apariencia puntuales, cuando llegue la tormenta no atinaremos a reaccionar. Hay que aplicar la ley cueste lo que cueste. Con firmeza. Tolerancia cero en las discotecas. Tolerancia cero en cuanto a la normativa. Tolerancia cero ante el abuso. De lo contrario, la selva.
La ley ha de prevenir, no lamentar. No es posible que tenga que presentarse la parca con su manto sombrío para que la sociedad civil lidere una cruzada en pos de normas más efectivas y procedimientos más serios. Y funcionarios más vigilantes. Hemos pecado de imprudentes. Nos ha hecho falta, a raudales, prudencia jurídica. Prudentia Iuris. Como acertadamente sostiene Rolando Tamayo y Salmorán, la ciencia conoce. La prudencia, va más allá, porque conoce y dice qué hacer. Nuestros políticos y operadores del derecho sabían cuál era problema. Tenían, incluso, al alcance de sus manos, los instrumentos necesarios para evitar esta tragedia: unos antecedentes clarísimos sobre el particular. La prudencia no es caprichosa ni arbitraria. Se anticipa, no desface entuertos. En el caso de la discoteca hubo negligencia. Y por ende, responsabilidades. Si esta vez no reaccionamos, más que inercia, habría que hablar de estupidez.
