¿Para qué sirve la contabilidad?

La realidad actual sin embargo marcha por otros derroteros y más desde la irrupción de la omnipresente crisis en todas las economías, lo que ha llevado a multitud de empresas e instituciones financieras a embellecer quizás en exceso sus cuentas. No se puede sin embargo juzgar esta actuación sin antes entender la problemática que subyace a las empresas cuyo equilibrio económico se ha visto puesto en jaque por la actual coyuntura. Más que ninguna otra, una empresa que está pasando por dificultades económicas, necesita de mantener su imagen y respetabilidad frente al mercado, puesto que de ello depende el mantenimiento de su cartera de clientes así como la posibilidad de seguir recibiendo financiación externa, y es que el mercado es así de duro e implacable, desde el momento en el que cualquier empresa manifiesta de cara al exterior sus dificultades, automáticamente el mercado se ceba con ella, caída de su cotización bursátil, cierre de líneas de crédito, exigencia de mayores garantías por parte de los proveedores, condenándola con todo ello a una muerte segura.

No obstante, la realidad apuntada en el párrafo anterior ha de poder conjugarse con los derechos de otros intervinientes en el mercado, clientes e inversores, los cuales y sobre todo éstos últimos, han de poder tener la posibilidad de saber donde invierten y con quien se juegan su dinero, (no se nos ha de olvidar que el fenómeno de las hipotecas basura tiene su origen en la falta de provisionamiento contable de los créditos concedidos a clientes de muy dudoso cobro, al margen del mero hecho de la improcedente concesión de muchos de esos créditos) debemos recordar que la propiedad y la defensa del patrimonio son derechos fundamentales, y en este punto es donde entra en juego la contabilidad, de la misma manera que el registro de la propiedad nos dice la realidad de un inmueble cuando vamos a adquirirlo, y de ese modo protege nuestros intereses económicos de la potencial colisión con otros intereses concurrentes, a nadie le gustaría por ejemplo comprar una casa y después de haber pagado su precio íntegro descubrir que se encontraba hipotecada.

Con el fin de que la contabilidad cumpla con su función económica, así como social, en nuestro ordenamiento jurídico se han establecido normas, en principio bastante claras, de cómo se ha de articular el procedimiento contable, así como estableciendo para buen número de sociedades, la obligación de auditarse por un auditor independiente, que en la práctica suele ser de todo menos indepen que se encargue de verificar que la contabilidad se esté llevando diente, según la normativa establecida, con el fin último de que ésta sea expresiva de la imagen fiel de la situación patrimonial de una empresa así como de la marcha del negocio.

Una vez analizada la cuestión desde las dos ópticas posibles hay que decir que en estos momentos, y pese a toda la normativa existente en materia contable, la imagen fiel con su función económica y social se ha perdido y sin duda alguna, tanto por su importancia en el mercado como por la intensidad con la que lo viven, la banca es quizá el agente económico que más está contribuyendo a que la función que juega la contabilidad se esté perdiendo o se haya perdido ya.

La rápida separación que la contabilidad de la banca está teniendo respecto de la realidad económica del sector es palmaria y debe su existencia, fundamentalmente, a nuestra también omnipresente burbuja inmobiliaria la cual ejerce su influencia por dos vías fundamentales:

• Por un lado, la banca, para evitar tener que provisionar los créditos morosos, en su mayoría concedidos a promotores, procede a refinanciarlos, en un proceso que coloquialmente se conoce como huída hacia adelante y que la experiencia demuestra que con frecuencia no acaba bien. Con ello se logra una doble finalidad, por un lado se pospone el enfrentar el problema del alto índice de morosidad a un momento posterior, y por otro, en caso de que llegado el momento, el crédito promotor entrase en mora, reducir la provisión del 100 % al 30% que recientemente se ha establecido para inmuebles cuya construcción se ha finalizado. Sin embargo, la realidad que se esconde detrás de todo ello es que en el balance de las entidades financieras, figuran una serie de activos, con base en el dinero prestado a promotores, que no son en modo alguno reales ya que un buen porcentaje de los mismos difícilmente se cobraran, y la garantía real que los protege en caso de impago, resulta completamente insuficiente para cubrir el importe adeudado.
• Por otro, la banca, en el caso de que decida no refinanciar, y antes de que se produzca la entrada en mora del crédito promotor, procede a un canje de deuda por activos, es decir, una sencilla permuta de activos. Con ello la entidad financiera pasa a registrar en su balance los inmuebles permutados por el mismo valor de la deuda canjeada, lo que viene siendo, el precio de coste del promotor (En la práctica habitual del mercado español, éste coste viene siendo equivalente, en términos medios, al 75% del precio de comercialización). Desde el punto de vista contable, las permutas se registran de esta manera según la normativa española, y a este respecto nada se puede objetar, la cuestión es que la normativa española también obliga a efectuar correcciones de valor en los activos contenidos en el balance, en el caso de que se pueda apreciar una clara devaluación, y parece ser que la banca española, pese a que durante cerca de una década creciendo el poder adquisitivo de los potenciales compradores al 4% y el precio del ladrillo hasta el 18%, opina que no existen motivos para pensar que el precio de la edificación se encuentre sobrevalorado y por ende hayan de efectuarse provisiones.

La razón de este actuar por parte del sector bancario no es, por supuesto, la ignorancia de la autentica situación económica, la cual conocen de hecho mejer que cualquiera que este leyendo este artículo y que yo mismo que lo escribo. Los motivos que impelen al sector financiero están encaminados a mantener a flote las entidades que lo integran, ya que con la presente coyuntura económica, las ya de por si maltrechas cuentas del sector no parece probable que pudieran soportar de golpe el reconocimiento a gran escala de pérdidas de créditos incobrables y correcciones de valoración de inmuebles canjeados, con un valor de realización muy lejano del esperado.

Si bien es cierto que la salvaguardia de la estabilidad del sector financiero puede justificar que se adopten medidas especiales y se consienta una mayor laxitud a la hora de la interpretación de la normativa contable, no se debe olvidar que la realidad no desaparece por el mero hecho de ignorarla o adornarla, ya que, antes o después la realidad financiera que afecta al sector bancario habrá de ser afrontada, no parece razonable ni posible una cadena ilimitada de refinanciaciones a los promotores inmobiliarios incapaces de hacer frente al pago de su deuda al no poder vender lo que construyen, como tampoco parece posible que la banca mantenga sus activos inmobiliarios en balance de forma indefinida hasta que puedan liquidarlos por un precio que no les obligue a reconocer pérdidas.

El Banco de España por su parte, ya ha tomado cartas en el asunto obligando al sector financiero a provisionar en un 20% los inmuebles adquiridos (no se ha de olvidar que los inmuebles adquiridos por la banca, de media, aparecerán registrados en el balance con un  75% del precio de comercialización pretendido por el promotor, por lo tanto parece que el Banco de España cuenta con caídas del entorno del 45%), en un intento de reactivar las transacciones en el sector inmobiliario, que si bien en un pasado cercano fue el motor de la economía, ahora constituye un grave lastre que impide que España pueda salir de la crisis con los demás países europeos. Habrá que esperar cual es la reacción del sector bancario y si de verdad hacen verdaderos esfuerzos por poner en mercado sus activos inmobiliarios, ya que hasta ahora solo ha vendido en "petit comité" y para unos pocos privilegiados una pequeñísima parte de su cartera inmobiliaria. El resto de sus carteras inmobiliarias que hoy se anuncian en las diversas webs que cada una de las entidades van creando ad hoc, pese a los supuestos descuentos que ya han recibido, siguen ostentando precios absolutamente estratosféricos y en nada coherentes con el poder adquisitivo del español medio.

Falta por ver como se producirá el tan mencionado ajuste en el mercado inmobiliario, lo que parece claro es que no será un ajuste brusco al estilo americano, más bien parece que el ajuste tendrá lugar de una manera muy lenta a lo largo de varios años, augurando con ello un largo periodo de estancamiento en el sector del ladrillo. Lo que desde luego tampoco sabemos y resulta complicado hasta especular, es hasta dónde llegará el ajuste, ya que si bien es unánime la opinión de que la vivienda se encontraba sobrevalorada, son sin embargo muy dispares las opiniones en torno al "quantum" de esa sobrevaloración, máxime dada la especial opacidad de un mercado en el que el precio de transacción real es muy difícil de averiguar ya que el precio de venta no tiene porque ser el precio que finalmente se paga, y éste, es difícil de valorar con datos estadísticos dado que, la frecuente circulación del dinero negro en este ámbito hace muy difícil el control. Las opiniones que se pueden encontrar a este respecto van desde un 20% de sobrevaloración hasta más del 50%, entendidas estas cifras siempre en términos medios ya que luego la casuística del sector es muy variada por su propia opacidad y siempre es posible encontrar tanto gangas como precios absolutamente desproporcionados que requerirían rebajas de hasta el 80%.

Para terminar quiero recalcar que si bien yo soy más de la opinión de centrar esfuerzos en buscar soluciones que en buscar culpables, no puedo por menos, dada la gravedad de la situación, que recalcar que durante los años de bonanza económica el sector financiero se ha hecho de oro, mientras el común de la población vivía para pagar la hipoteca, ahora las consecuencias de esos desmanes las estamos pagando todos y no solo los que se enriquecieron, lo cual supone un escenario de privatización de beneficios y socialización de las pérdidas que parece difícilmente justificable en un país democrático y social. Aunque no toda la culpa debe recaer sobre el sector financiero, ya que éste es un sector regulado y por ende el regulador también ha de asumir su responsabilidad. No obstante, lo más probable es que finalmente las consecuencias de esta crisis la pague el común de la población y, eso sí, muchos empresarios del sector de la construcción, pero casi seguro que los responsables del sector financiero saldrán indemnes.

Dicho todo lo cual y siendo coherentes con una política de control del gasto, quizás deberían muchas entidades reducir costes, eliminando el departamento contable, y el de riesgos al que nadie hace caso, ya que parece que ya no vale para nada, y lo mismo cabría decirse de las enormes facturas pasadas por las grandes auditoras, que por lo que se ve tampoco es que cumplan demasiado bien con su función, y con tal de no perder a su cliente, son capaces de firmar lo que sea. Lo que es seguro es que de esta crisis casi nadie va a salir bien parado. Veremos si aprendemos algo de ello.