Amuchos han causado sorpresa las medidas con que se ha estrenado el Partido Popular en el Gobierno de la Nación. Viene a la memoria aquella frase que hizo famosa George H. W. Bush en la Convención Nacional Republicana de 1988: «Read my lips: no more taxes». Las circunstancias son, sin embargo muy diferentes. ¿Qué puede hacer un gobierno cuando se encuentra la caja vacía, deudas por importe de 80.000 millones de euros y 5,5 millones de desempleados?
A largo plazo está claro: hay que estimular la creación de puestos de trabajo porque no es lo malo que los españoles tengamos deudas, sino no tener con qué pagarlas. Cinco millones de personas deseando trabajar es un activo extraordinariamente valioso, una fuente de riqueza cuya simple puesta en marcha aliviaría casi todos los males. Pero subir los impuestos no es la mejor receta para crear empleo porque el empleo lo crean los empresarios si venden sus productos y, a primera vista, más impuestos desincentivan al empresario y a los consumidores.
A corto plazo lo más urgente es restablecer la confianza en nuestro país para que se abran los mercados financieros internacionales al Estado y a nuestros bancos y cajas, y nos sigan proporcionando los recursos que necesitamos. Para restablecer la confianza lo primero es pagar las deudas.
Nos vemos así abocados, en el corto plazo, a generar recursos públicos. En épocas pasadas se engañaba al ciudadano emitiendo papel moneda o rebajando la ley de la acuñación, cómodo expediente de trasladar subrepticiamente la carga y empobrecer a todos (especialmente a los perceptores de rentas fijas, como los asalariados). Hoy la única alternativa para no dejar de pagar a los acreedores es elevar la recaudación fiscal.
Parece razonable, en esta difícil tesitura, hacer un esfuerzo excepcional y optar por taponar las vías de agua para evitar que se hunda el barco. Ya pondremos las cosas en su sitio cuando la flotabilidad no peligre. Es decir, hay que subir la recaudación tributaria luchando contra el fraude y elevando tipos de gravamen porque la lucha contra el fraude no es suficiente.
La fórmula más eficaz en el corto plazo es subir el IVA, pero esta medida introduce regresividad en el sistema porque la propensión marginal al consumo es decreciente (los pobres consumen toda su renta y los ricos no) y su impacto negativo sobre la producción es inmediato. La alternativa que se ha elegido es, además de progresiva (la subida del IRPF oscila entre el 0,75% para el tramo inferior y el 7% para los más afortunados), menos lesiva para el crecimiento.
Se dirá, no sin alguna razón, que exige demasiado el Estado cuando se lleva más de la mitad del último euro ganado por el contribuyente, pero en situaciones excepcionales hay que acudir a remedios excepcionales y la riqueza hay que buscarla allí donde se encuentra. Es correcto que el recargo sea transitorio y ojalá no sea necesario prorrogarlo más allá de 2103.
En cuanto a los efectos económicos, así como los del IVA son sin duda contractivos, los del IRPF se debaten en la disyuntiva entre el llamado efecto renta (si gano menos desearé trabajar más para mantener el nivel de vida) y el efecto sustitución (si gano menos la alternativa del ocio se vuelve más interesante para mí). Tiene de malo que afecta al ahorro con el que se financian las inversiones pero este efecto no es tan inmediato y la inversión también se financia con el ahorro exterior cuya interrupción nos podría estrangular.
En definitiva, a pesar de lo dolorosas que sean las medidas adoptadas, creo que se ha hecho lo que se debía hacer y confío en que no tengan que pasar muchos meses para que empecemos a ver los frutos.
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