Práctica Jurídica

Hace ya mas de un año que se esta tramitando en el Parlament de Catalunya el nuevo Codi de Familia que, parece ser, se...

Estos días hemos visto en los medios de comunicación a La Nena defendiendo ante el Tribunal de Estrasburgo lo que nunca debería haber llegado...

El pasado año se produjo una gran polémica a raíz de la publicación de la Ley 40/2007 en la que se incluía el articulo...

Cuando un cliente me plantea esta pregunta en el despacho, mi respuesta es clara y rotunda: es absolutamente recomendable que cuando se inicia una...

Las pensiones compensatorias y/o alimenticias han de ser actualizadas anualmente según las variaciones que experimente el IPC, pero, ¿cuál es el procedimiento...

No es un secreto para nadie que España esta viviendo una importante crisis económica (o "desaceleración acelerada" como la catalogó en su día nuestro...

El 18 de febrero se publicaba en el Boletín Oficial del País Vasco la Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar, con la que se pretende reducir el número de asuntos que lleguen a los juzgados y fomentar la búsqueda de soluciones estables y compartidas por los implicados en un conflicto convivencial de carácter familiar.

Desde su incorporación al artículo 92, la custodia compartida se ha ido consolidando como una alternativa a tener en cuenta en las rupturas matrimoniales. Como norma general, los tribunales han venido acordando la guarda y custodia compartida fundamentalmente en los procesos consensuados, a menos, por supuesto, que las concretas circunstancias del entorno familiar a valorar aconsejen otra solución mejor para la defensa del interés superior del menor. Por el contrario, en los procedimientos contenciosos la adopción de esta medida ha sido hasta ahora ciertamente excepcional.

La autotutela es una institución recientemente regulada por el Código Civil que, combinada, en el caso de los regímenes forales y especiales, como el del País Vasco, con la fiducia sucesoria, permite una continuidad en la administración y representación del patrimonio de la persona sujeta a tutela o curatela que abarca, tanto su incapacitación judicial, como el destino posterior a su fallecimiento de sus bienes.