Sí, sí, no leáis con extrañeza el título de este post, porque aunque suene un poco raro y/o mal, en los próximos días nos van a meter un paquete de gran importancia y considerables dimensiones.
Según cuál sea el contenido del paquete, a algunos le dolerá más, a otros menos, a algún sector le encantará y habrá igualmente sujetos a los que les resulte indiferente, vamos, ni frío ni calor, cero grados.
Me estoy refiriendo al "Telecom Package" o "Paquete Telecom", conjunto de disposiciones normativas comunitarias que, una vez aprobadas y traspuestas a los ordenamientos nacionales de los diversos estados miembros de la U.E., va a definir el funcionamiento de internet en la zona europea para los próximos años. Por tanto, para todos aquellos que somos usuarios (con fines personales, empresariales y/o profesionales) de la red de redes se trata de un asunto de la máxima importancia.
Los puntos sobre los que se centra la mayor atención son, básicamente, dos: el papel de las operadoras de telecomunicaciones y el sistema de protección de los derechos fundamentales de los internautas.
En cuanto al primero de ello, se trata de dilucidar cuál va a ser la importancia de los proveedores de acceso en la internet que se nos avecina. Dicho en otras palabras, si se va a respeta o no el principio de la neutralidad de la red.
La cuestión de la neutralidad de la red no es, ni mucho menos, baladí. Se trata, nuevamente, de una cuestión de pesos, esto es, si todos los contenidos van a tener la misma importancia a la hora de la navegación por las redes de telecomunicaciones o, si por el contrario, se va a establecer una jerarquía sobre los mismos. Como podéis intuir, estamos ante un tema en el que existe una gran implicación de intereses económicos ya que, poniéndonos en el peor de los escenarios, sería posible que los proveedores de acceso pudieran alcanzar acuerdos económicos con determinados prestadores de servicios de la sociedad de la información a fin de preferenciar sus contenidos frente a los de la competencia.
Del mismo modo, y en palabras de Enrique Dans, la concesión de un poder omnímodo a las empresas de telecomunicaciones podría convertir a éstas en auténticos policías de la red, concediéndoles la posibilidad real de examinar nuestras comunicaciones, decidir si lo que recibimos o enviamos puede pasar por la red o debe ser bloqueado, impedir el acceso a determinados sitios en función de cualquier tipo de criterio o vender acceso preferencial a determinados sitios como si fueran canales de televisión.
Por su parte, la segunda de las cuestiones afecta directamente a los derechos de todos los usuarios de internet, ya que, frente a textos anteriores en los que se reconocía claramente que sólo la autoridad judicial era competente para la limitación de dichos derechos, en la actualidad, el texto que va a ser votado atribuye esa capacidad a órganos administrativos, dejando sólo la posibilidad a los usuarios de poder recurrir a posteriori. Es decir, algo que no es nuevo y a lo que siempre hemos tenido derecho.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta evidente que estamos ante un paquete normativo en el que se va a descubrir quién tiene más peso, si los lobbies más fuertes del mundo (el de la industria de los contenidos, el político y el de las empresas de telecomunicaciones) o el de los ciudadanos de a pie que hemos visto como internet se ha convertido en el primer medio de comunicación libre y en poder de los usuarios.
Las posiciones están servidas, sólo resta conocer quién será el ganador final. En unas horas os lo cuento.
