El presidente del Comité de Expertos encargado de analizar la reforma fiscal, Manuel Lagares, ha considerado que el cambio que finalmente ha planteado el Gobierno es «más limitado» que el que propusieron porque deja fuera algunos impuestos y olvida la devaluación fiscal.
En cuanto a las diferencias, Lagares señala que la propuesta del Gobierno se refiere sólo al IRPF, Sociedades y a la incorporación al IVA y a los Impuestos Especiales de algunas limitadas modificaciones exigidas, en muchos casos, por las autoridades europeas. En cambio, los expertos proponían una reforma de todos los impuestos, incluidas las cotizaciones sociales.
Igualmente, Lagares ve diferencias en el planteamiento general de la reforma, ya que la Comisión apostaba por fuertes rebajas de impuestos directos en el primer año del cambio para mejorar la recuperación, compensando la pérdida de recaudación con la supresión de exenciones y bonificaciones, la intensificación de la lucha contra el fraude, cambios en los Impuestos Especiales y la reclasificación de los productos del IVA.
Con estos cambios, la Comisión pretendía extender los beneficios a todos los contribuyentes mediante importantes reducciones en las tarifas de los impuestos directos, en lugar de mantener las antiguas exenciones que beneficiaban sólo a unos pocos.
Además, Lagares asegura que este tipo de cambios mejoraría apreciablemente el potencial de crecimiento de la economía y el empleo al reducir las cargas que afectan "muy negativamente" a las decisiones privadas sobre el trabajo, el ahorro y la asunción de riesgos.
De la misma forma, considera que la reclasificación de IVA generaría efectos positivos sobre el crecimiento al hacer que el impuesto recayese en igual proporción sobre todos los precios, manteniendo inalterada la asignación de recursos que resulta del mercado, lo que no ocurre cuando existen diversos tipos de IVA.
Estas medidas, según Lagares, se complementaban además con otras que pretendía una mayor neutralidad fiscal a través del tratamiento de los rendimientos que integran la renta (colocación de ahorro en viviendas o en activos financieros, gravamen unificado para ganancias patrimoniales y rendimientos de capital o supresión de impuestos patrimoniales o incentivos para la capitalización de las empresas).
El presidente de la Comisión cree que estas propuestas han resultado "difíciles de entender" porque rompían "tradiciones e instituciones muy arraigadas", aunque "gravemente perturbadoras" para la economía. De esta forma, no han sido incluidas en la reforma o se han desdibujado en los anteproyectos.
IVA
Según Lagares, el Gobierno cree que una reforma distribuida temporalmente en dos fases permitirá su financiación con la sola ayuda de las mayores recaudaciones que generará la recuperación, sin necesidad de reclasificar el IVA que, según el Ejecutivo, es una medida que podría perjudicar al consumo.
En cambio, los expertos consideraban "poco probables" estos efectos puesto que no proponían subir el tipo general del IVA, que grava la mayoría de los productos, ni el superreducido que grava los de primera necesidad, y porque dejaban fuera de la reclasificación sectores tan importantes como la industria, los servicios turísticos, la vivienda o el transporte de viajeros.
Mandato cumplido
A su parecer, se trataba de proporcionar ingresos suficientes para poder bajar fuertemente las tarifas de los impuestos directos y tomar otras medidas que estimulasen rápidamente el consumo y mejorasen la eficiencia y equidad del sistema impositivo.
En cualquier caso y a pesar de las diferencias, Lagares cree que la reforma va por buen camino y producirá efectos positivos en la economía. Además, considera cumplido el mandato que recibió la Comisión de Expertos al haber puesto en manos del Gobierno el informe que inspira muchas de las medidas de la reforma.
