Sin ninguna duda, en las crónicas de los próximos meses, la cuestión del Brexit va a ocupar una parte muy importante del espacio, dado que estamos ya acercándonos al 29 de marzo, fecha del abandono definitivo del Reino Unido… o no, dado que ganan terreno las hipótesis de una “extensión” del artículo 50 del TUE (realmente una prórroga que posponga durante algún tiempo la marcha británica), o incluso de un segundo referéndum. Lo iremos viendo; en este mes se han sucedido también las reuniones a diferentes niveles, según hemos podido leer en la prensa de información general. Empezaremos sin embargo esta crónica refiriéndonos a una serie de medidas y actividades comunitarias más cercanas al día a día de la ciudadanía. Una serie de medidas que ayudan a dotar de contenido a eso que genéricamente denominamos Europa de los ciudadanos, y que no es sino un cúmulo de actuaciones comunitarias que contribuyen a facilitar la vida de la gente en cuestiones muy concretas y muy cercanas.
Y no hay programa más cercano a la ciudadanía y más conocido y exitoso que el Programa Erasmus+ que desempeña un papel central en la construcción de una Europa más fuerte, más inclusiva y más resiliente. Así, el 24 de enero, la Comisión Europea publicó su informe anual sobre este programa, que pone de manifiesto la participación en el mismo de más personas que nunca, al tiempo que se convierte en más inclusivo y más internacional. En 2017 la UE invirtió en este programa 2.600 millones de euros (un 13% más que en 2016) y prestó apoyo a una cifra récord de casi 800.000 personas para estudiar, formarse o realizar actividades de voluntariado en el extranjero, lo que representa un aumento del 10% respecto a 2016. De esta forma, parece que se alcanzará el objetivo fijado por Erasmus+ de dar apoyo al 3,7% de los jóvenes de la UE entre 2014 y 2020. Recordemos que el Programa se inició en 1987 con 11 países asociados al mismo; y en la actualidad incluye a 33 Estados (los 28 comunitarios más Turquía, Macedonia, Noruega, Islandia y Liechtenstein). Francia, Alemania y España fueron los tres países que enviaron más estudiantes, mientras que España, Alemania y Reino Unido fueron los tres destinos de estudio más populares. La Comisión ha presentado ya su ambiciosa propuesta para el próximo Erasmus+ a desarrollar en el periodo 2021-2027, donde se prevé duplicar el presupuesto actual, llegando hasta los 30.000 millones de euros con el objetivo de triplicar el número de participantes hasta los 12 millones de personas.
Si el programa Erasmus es ya una realidad absolutamente asentada y conocida por la juventud europea, el DiscoverEU está ganado adeptos con gran celeridad. Gracias a este Programa, el pasado 1 de febrero 14.500 jóvenes de 18 años han sido seleccionados, de entre más de 80.000 candidaturas, para recibir un bono de viaje DiscoverEU, que les permita viajar por Europa entre el 15 de abril y el 31 de octubre de este 2019, durante un periodo de hasta 30 días para conocer el patrimonio y la diversidad cultural de Europa, entrar en contacto con otros jóvenes y, en definitiva, explorar y sentir la identidad europea. La iniciativa fue lanzada en junio de 2018 con un presupuesto de 12 millones de euros. Para 2019 se ha aprobado un presupuesto de 16 millones de euros. La Comisión tiene previsto lanzar la próxima ronda de candidaturas el próximo verano.
El 14 de febrero, Consejo y Parlamento Europeo acordaron provisionalmente la creación de la Autoridad Laboral Europea -ELA por sus siglas en inglés- para proteger los derechos de los trabajadores. Este nuevo órgano tiene por objeto colaborar en los ámbitos de la movilidad de los trabajadores y la coordinación de la seguridad social; proporcionará información a los trabajadores y empresarios sobre movilidad transfronteriza y apoyará en la lucha contra el trabajo no declarado. Recordemos que más de 17 millones de trabajadores viven o trabajan en otro Estado miembro y quedan potencialmente expuestos a eventuales violaciones de sus derechos, en razón de una deficiente aplicación de las normas comunitarias, o desinformación o falta de coordinación entre los Estados miembros.
También con una incuestionable incidencia práctica para la ciudadanía afectada, señalamos que el 16 de febrero entró en vigor el nuevo Reglamento que reduce los costes y los trámites a los ciudadanos que viven fuera de su país natal. Actualmente quienes se trasladan a otro país de la UE o residen en él, deben validar la autenticidad de sus documentos públicos (certificados de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción, de domiciliación, de ausencia de antecedentes penales, etc. etc.). Con el nuevo Reglamento, los documentos públicos emitidos en un país de la UE han de ser aceptados como auténticos por las autoridades de otro Estado miembro sin necesidad de llevar un sello de autenticación; también se suprime la obligación de facilitar copia compulsada o traducción jurada de determinados documentos públicos. Así, los ciudadanos pueden solicitar un impreso estándar múltiple, disponible en todas las lenguas de la UE, a fin de evitar tales requisitos. Bien entendido que el Reglamento solo regula la autenticidad de los documentos públicos, por lo que los Estados miembros seguirán aplicando sus normas nacionales sobre el reconocimiento del contenido y los efectos de los documentos expedidos en otro país de la Unión.
Contenido completo en la REVISTA ARANZADI UNIÓN EUROPEA, AÑO XLV-ABRIL 2019
