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06/10/2022. 05:18:48

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Lobbycracia: La política, el dinero, la ley

analista del Gertrude Ryan Law Observatory

Aparicio Caicedo Castillo
analista del Gertrude Ryan Law Observatory

El presidente de los Estados Unidos ha hecho un reclamo a reducir las asignaciones presupuestarias a beneficiarios muy determinados contenidas en diversos proyectos legislativos. Para muchos sectores, estas asignaciones son un nicho de corrupción que debe ser eliminado, una práctica que consiste la mayor parte de las veces en una simple devolución de favores, la “moneda de pago de la corrupción”.

James Madison, padre de la Constitución americana, durante su presidencia vetó el primer intento de asignar mediante ley dinero del erario público a un beneficiario determinado. El padre de la Carta Magna consideró aquella práctica una violación constitucional. Al parecer, el presidente George W. Bush se inspiró en la memoria del laureado framer en su discurso anual ante el Congreso: hizo un categórico llamado a reducir el número de asignaciones presupuestarias a beneficiarios determinados-earmarks-realizadas durante el resto de su mandato. Ha amenazado con vetar cualquier proyecto de ley que no cumpla con este objetivo. Loable muestra de determinación. O no. Al parecer, el inquilino de la Casa Blanca intenta vender aire caliente. El mandatario no mencionó que él ya no ocupará el sillón presidencial  para cuando toque aprobar nueva legislación de presupuesto.

En la escena política americana se conoce como earmarks a aquellas asignaciones presupuestarias hechas mediantes ley y estipuladas de tal  forma que van encaminadas a favorecer proyectos y contratistas muy determinados. Se eluden de esta forma los procesos de concursos por oferta pública o trámites similares. La problemática es que muchas de estas asignaciones presupuestarias no se encuentran encaminadas a promover el bienestar general, único objetivo legítimo del gasto fiscal, sino que son la consecuencia de una intensa labor de lobbying político por parte de grupos corporativos en busca de grandes beneficios. Lastimosamente, es muy frecuente que los inquilinos del Capitolio paguen favores políticos mediante esta sórdida práctica (fenómeno conocido como Pork barrel politics). Por lo general, los earmarks incluyen en los proyectos legislativos a última hora, evitando la exposición pública en lo posible. El congresista Jeff Flake ha catalogado esta práctica como la "moneda de pago de la corrupción".

Existen muchos casos paradigmáticos. A partir del 11-9, el gato en defensa se ha convertido en un sector muy rentable para los contratistas militares. El ejemplo más patético es el de Randy "Duke" Cunningham, condenado por recibir cuantiosos sobornos a cambio de contratos del Estado a favor de una empresa de seguridad por un monto de 6.3 millones de dólares. Como señala un informe del Congreso: los gastos en defensa deberían ser planeados en base a méritos estratégicos de la seguridad nacional, no en base a la fuerza e influencia de ciertos grupos económicos. Otro caso particular es el del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que-en palabras de un legislador-"vive  y muere de los earmarks". (Curiosamente, Barack Obama, que tanto se vanagloria de combatir el lobby corporativo desde el Senado, tiene en su haber la asignación de jugosos contratos para dicho ente).

Es gracioso observar la determinación mostrada por el mandatario estadounidense con el parlamento de mayoría demócrata, cuando -como bien lo señala un editorial del WSJ-los verdaderos adictos a earmarks han sido históricamente sus camaradas republicanos. Más llamativa aún resultan sus declaraciones si se tiene presente el caso de Carlyle Group-entidad vinculada a Bush padre-, adjudicataria un de altísimo número de contratos estatales sin concurso previo.

Este no es un problema nuevo en la lid política americana. De hecho, existen muchas organizaciones-watchdogs-ejerciendo presión por la eliminación de estas prácticas poco éticas en el Congreso. Una de ellas, quizás la más importante, es Tax Payers for Common Sense. En general, estas organizaciones vigilan muy de cerca la posible relación entre la influencia del lobby corporativo y los earmarks.

Han existido muchas propuestas para limitar  y reducir los earmarks, así como establecer reglas de juego claras sobre la relación entre lobistas y parlamentarios-se ha intentado definir cómo y cuándo un regalo o favor pasa a llamarse de soborno,  la delgada línea roja entre lobby y corrupción pura y dura-. La última reforma encaminada a este objetivo fue la ley The Honest Leadership and Open Government Act of 2007. No obstante, poco han servido en la práctica estos retoques legislativos. Durante 2008, el Congreso americano aprobó 11.735 asignaciones presupuestarias de grupo de interés especial, por un valor equivalente 16.9 mil millones de dólares. No es poca cosa.

Al parecer, en la colina del Capitolio, el lobby ha suplantado al demos como referente de legitimidad. La política no es ni ha sido nunca un oficio propio de ángeles. No será la primera vez que el dinero secuestre al poder, ni que el poder manipule la ley. James Madison advirtió durante la independencia americana del pernicioso poder de las facciones en la política. En aquella época la solución fue alejar el centro decisión política de la esfera estatal a la federal, alejándola de los grupos de interés locales. Actualmente, el leviatán corporativo extiende sus tentáculos nivel nacional, incluso global. En Washington, hoy, más hace un lujoso ágape que la voluntad de mil votantes.

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