Práctica Jurídica

Los problemas de tesorería de las empresas españolas frustran anualmente miles de proyectos empresariales. Concretamente, en España existen unas 150.000 empresas morosas y nuestro país ocupa el tercer lugar del ranking de los peores pagadores de Europa, únicamente superada por Italia y Portugal. Desde hace doce años la Comisión Europea viene advirtiendo al Estado español del problema que representa la morosidad para el desarrollo económico de nuestro país. Para combatirla, el 31 de diciembre de 2004 entró en vigor la Ley 3/2004, por la que se establecían medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No obstante, los resultados de su puesta en marcha no son alentadores, quizás por desconocimiento de la misma.

El pasado 6 de septiembre entró en vigor el IV Convenio General del Sector de la Construcción, publicado el 17 de agosto en el Boletín Oficial del Estado. Este Convenio, que extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011, está especialmente sensibilizado con la seguridad y la salud laboral y pretende ser un ejemplo de la modernización de un sector en el que desarrollan su actividad profesional más de 200.000 empresas y cerca de 2.000.000 de trabajadores por cuenta ajena.

El autor sostiene que la inmigración ha modificado el Derecho de Extranjería y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, permitiendo equiparar situaciones legales que no tienen un correlato cierto en el Derecho Constitucional Comparado.

El autor resalta la aprobación del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

El autor defiende un supuesto de legitimación procesal de los grupos parlamentarios que les permita defender sus derechos e intereses más allá del recinto amurallado del Parlamento.

El autor defiende una resolución del TC que deja sin coartada alguna a los que exigen la libertad de expresión como patente de corso para perpetrar delitos de amenazas o del enaltecimiento del terrorismo.

El autor defiende la necesidad de establecer el Registro estatal de fundaciones de acuerdo a la normativa expedida para tal efecto.

El autor defiende la naturaleza: político-institucional, por un lado, y jurídico competencial, de los estatutos de Autonomía.