Establece la obligación de disponer de canales internos de información para empresas con más de 50 trabajadores, permitiendo formular las denuncias o informaciones de manera anónima
Una forma específica de acoso moral lo constituye el que sufren las personas que denuncian las irregularidades y/o disfunciones de un superior, sistema u organización
En fecha 13 de septiembre de 2022, el Consejo de Ministros ha aprobado y remitido a las Cortes Generales el “Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional”.
El objeto de la nueva norma – que transpone por fin la “Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea”, conocida como la Directiva de Whistleblowers, es proteger a los informantes o soplones mediante el establecimiento de canales protegidos de información y prohibiendo cualquier represalia al informante y a su entorno, tanto en el ámbito público como en el privado. En lo que al sector privado se refiere, la novedad más destacable es que se establece la obligación de disponer de canales internos de información para empresas con más de 50 trabajadores, permitiendo formular las denuncias o informaciones de manera anónima.
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