MADRID (Reuters) – El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que se encuentra actualmente en medio de una tormenta política por sus causas ante el Tribunal Supremo, comparece hoy jueves como imputado ante el alto tribunal por presunta estafa, cohecho y prevaricación en relación con unas actividades académicas realizadas por el magistrado durante una estancia docente en Nueva York.
Garzón está citado a las 10:30 horas para declarar ante el juez instructor Manuel Marchena, y el próximo día 21 lo harán tres testigos de la acusación: María del Mar Bernabé, Laura Turégano y James D. Fernández.
La querella, a instancias de los abogados Arturo Panea y José Luis Mazón, denuncia la posible relación entre un dinero que el juez habría recibido del Banco Santander durante una estancia docente en Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006 y el archivo de una causa posterior contra el directivo de la entidad, Emilio Botín.
La presencia del juez de la Audiencia Nacional atraerá con seguridad el interés de muchos medios de comunicación tras las últimas movilizaciones e iniciativas que se han producido desde sindicatos, grupos de artistas y asociaciones de víctimas del franquismo a favor del magistrado, imputado también en el Supremo por investigar los crímenes de la dictadura franquista y por una escuchas ordenadas en el caso de corrupción "Gürtel".
El Consejo General del Poder Judicial y el PP han criticado estas movilizaciones como un intento de presionar a los jueces del Supremo. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que defendió recientemente a Garzón por su trayectoria en la lucha contra ETA, pidió el miércoles respeto por las decisiones judiciales.
"(Aunque) tengamos un país en el que se pueden expresar con libertad las ideas, la libertad debe ir acompañada del respeto, el respeto al Tribunal Supremo, muy especialmente cuando tenemos un sistema judicial que establece garantías, recursos, etcétera", declaró en una rueda de prensa en Washington.
El caso de Garzón relacionado con la Memoria Histórica ha llegado hasta Argentina, donde grupos de derechos humanos y asociaciones de víctimas del franquismo pidieron a un tribunal que investigue los crímenes de la dictadura de Francisco Franco entre 1930 y 1970.
"La petición está basada en crímenes de genocidio cometidos por la dictadura de Franco", dijo Carlos Slepoy, abogado que presentó la demanda en nombre de estos grupos y asociaciones.