MADRID (Reuters) – El magistrado Pascual Sala fue elegido el jueves como nuevo presidente del Tribunal Constitucional español, según confirmó el organismo, que también designó a Eugeni Gay Montalvo para la vicepresidencia.
Sala, perteneciente al llamado sector "progresista" del alto tribunal y que era considerado como uno de los favoritos al cargo, fue elegido en una segunda votación en el pleno convocado para elegir al sustituto de Maria Emilia Casas.
En la votación participaron los 11 magistrados que componen actualmente el Tribunal Constitucional.
Sala, nacido en 1935, ha sido presidente del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. A propuesta de este último organismo, en 2004 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional.
El tribunal continúa así con su proceso de renovación que se ha venido retrasando durante tres años, después de que el pasado diciembre fueran designados los cuatro magistrados que le corresponde nombrar al Senado: Francisco José Hernando y Francisco Pérez de los Cobos a propuesta del Partido Popular y Adela Asúa y Luis Ortega a propuesta del Partido Socialista.
La renovación de los cuatro jueces había quedado desbloqueada el pasado septiembre después de que el PP accediera a cambiar a su candidato Enrique López, que fue rechazado por no cumplir los 15 años mínimos de ejercicio en activo exigidos para relevar a los magistrados cuyo mandato ha caducado.
El Tribunal Constitucional está integrado por 12 miembros: cuatro nombrados por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial.
Aún falta por cubrir una de las vacantes que corresponde elegir al Congreso de los Diputados, la que quedó vacía por la defunción de Roberto García-Calvo en 2008, y también están pendientes de renovación por haber expirado su mandato los otros tres magistrados que corresponden a la cámara baja.
La renovación del Constitucional ha estado bloqueada durante tres años mientras el alto tribunal analizaba asuntos espinosos como los recursos contra el Estatuto de Cataluña.