Sentencia núm. 5954/2015 Tribunal Superior de Justicia Galicia (Sección 1) 30-10-2015

Para resolver la cuestión planteada ha de tenerse en cuenta el relato de hechos probados y fundamentalmente el contenido del hecho probado segundo, en la redacción que ahora se le ha dado, junto con los siguientes datos a mayores:

– La existencia de dos resoluciones de la CECIR que acuerda minorar para el año 2012 los gastos de la acción social en un 50% de la cuantía autorizada para el 2011, y en el año 2013 en un 50% de los autorizados para el año 2012, lo que supone que los gastos en el año 2013 supone solo el 25% de los autorizados en el año 2011.

– La existencia de un conflicto colectivo resuelto por sentencia de la AN de 9 de julio de 2014 (AS 2014, 1309) que declara no ajustada a derecho las decisiones de la codemandadas de aminorar las aportaciones al fondo para fines sociales del ar4t. 49 del II Convenio Colectivo de Puertos del estado y de las Autoridades Portuarias (RCL 2006, 43) s en un 50% en 2012 y otro 50% acumulativo para el 2013 condenándolas a estar y pasar por dicha declaración y a completar las aportaciones efectuadas en dicho fondo durante 2012 y 2013 hasta completar el 1% del importe de las nóminas y mantener esa misma aportación para el año 2014, declarando que dichos gastos de acción social forman parte de la masa salarial de los organismos demandadas.

– La existencia de una consulta que la Autoridad Portuaria demandada eleva a Puertos del Estado en relación a la aportación adicional del 1% de la nómina de personal no sometido a Convenio, respondiendo Puertos del Estado que tal aportación tiene naturaleza de masas salarial y que debe ser autorizado por organismo competente, señalando de forma expresa que:» Por ello, el importe autorizado para Fondo de Fines Sociales se ha venido recogiendo en la masa salarial anual aprobada por la CECIR, y cuantificándose en el 1% de la nómina del personal sujeto a Convenio ( art. 49 del CC (LEG 1889, 27) de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias) hasta la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos generales del Estado de 2012, que la ha fijado en el 0,5. Por lo tanto, la aportación adicional que indica incumpliría la normativa presupuestaria en materia de personal al servicio del sector público»

– A raíz de esa comunicación de Puertos del Estado la Autoridad Portuaria remitió al Comité de Empresa las comunicaciones de 26 de marzo de 2013 a las que nos hemos referido en el fundamento de derecho anterior al resolver sobre la excepción de prescripción.

Con apoyo a estos datos, la sentencia de instancia resuelve que para entender que el acuerdo suscrito 15 de marzo de 2001 vulnera la reserva de negociación impuesto en el Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puertos del Estado la naturaleza de la aportación discutida tendría que ser la misma que la de las aportaciones fijadas en el art. 49 del Convenio Colectivo Estatal , pero no resuelve cual es esa naturaleza y si es la misma o diferente. En todo caso señala que de ser así no puede dejarse sin eficacia de forma unilateral por la empresa el acuerdo alcanzado entre las partes que como tal acuerdo de empresa tiene la naturaleza de convenio extraestatutario y se ha formado por la voluntad concurrente de las representaciones de empresa y trabajadores, y que al actuar de la empresa, negando un cumplimiento que hasta ahora ha admitido, supone «un venire contra factum propium» no admisible. Tampoco entiende que dicho acuerdo haya sido dejado sin efecto por la Disposición Derogatoria del II Convenio Colectivo de Puertos del estado y de las Autoridades Portuarias (RCL 2006, 43) por el carácter genérico de la misma

Una vez que hemos tratado de resumir cual es el relato fáctico y la solución alcanzada por la sentencia de instancia, pasaremos a resolver las cuestiones planteadas en este motivo por la recurrente.

1º.- Comenzando por la alegación referida a la vulneración de la reserva de negociación hemos de tener en consideración la normativa que a continuación mencionamos:

El art. 4 del I Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puertos del Estado (RCL 2000, 146) , que regula la concurrencia, establece que: «Las materias reguladas en el presente Convenio Marco no podrán ser objeto de negociación en los ámbitos inferiores. No obstante, las partes negociadoras en los ámbitos inferiores podrán reproducir íntegramente aquellos artículos de este Convenio Marco reservados al ámbito estatal o, en su caso, realizar un desarrollo estricto para su eficaz aplicación, sin que ello pueda suponer en ningún caso alteración alguna de lo pactado en este Convenio Marco. En los supuestos de remisión, tampoco podrán las partes vulnerar con sus acuerdos los criterios establecidos en las distintas materias. » … «Las partes se comprometen a no negociar Convenios Colectivos o pactos de cualquier naturaleza de ámbito inferior al presente Convenio Marco que modifiquen el ámbito personal previsto en el artículo 3 , es decir, que no integren a la totalidad de los referidos trabajadores del puerto afectado. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior contraviene la articulación pactada a tenor de lo dispuesto en el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) .»

A su vez el art. 3, que fija el ámbito personal, establece, como trabajadores afectados por el mismo «a la totalidad del personal de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias comprendidos en su ámbito funcional (niveles 1 al 12, ambos inclusive).»

Por su parte el art. 21, que se regula el «Fondo para fines sociales» establece que:

«El fondo para fines sociales mantendrá íntegramente la procedencia de sus recursos (1 por 100 del de la nómina correspondiente), fines y Estatutos hasta que la representación de los trabajadores acuerde la institucionalización que más convenga al cumplimiento de sus fines.

Dicho fondo será ingresado mensualmente en una entidad bancaria a nombre de «Fondo para fines sociales», cuando se efectúe el pago de la nómina.

Se enuncian como fines de dicho fondo los siguientes: La promoción de los trabajadores. Las ayudas de estudios para los hijos de los mismos. Las actividades culturales y deportivas. Las situaciones excepcionales en lo asistencial. Aportaciones de los trabajadores al plan de pensiones.

La gestión de este fondo habrá de garantizar la participación de los trabajadores y, en todo caso, será de la competencia de los representantes de los trabajadores su gestión y administración.

En todo caso, la representación de los trabajadores o la institución que se cree, deberá informar semestralmente a las entidades portuarias correspondientes del destino y aplicación de los fondos.»

El art. 49 del II Convenio Colectivo de Puertos del estado y de las Autoridades Portuarias (RCL 2006, 43) reproduce prácticamente el art. 21 del I Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puertos del Estado (RCL 2000, 146) .

Por su parte el Convenio Colectivo de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra (1999- 2003) (LEG 2002, 2858) efectúa como única referencia al fondo de fines sociales el contenido de la DA 2 que establece que: «Durante la vigencia del presente convenio colectivo es ingresará a cargo del Fondo de Fines Sociales, la cantidad correspondiente al 1% de nómina. Asimismo y en el plazo de tres meses desde la firma del presente Convenio Colectivo, se procederá a efectuar una revisión y actualización del reglamento de este fondo, pudiendo establecerse un criterio de reparto conforme a lo dispuesto en el art. 21, apartado B) del « I Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puertos del Estado (RCL 2000, 146) ,» y en atención a posibles fines a alcanzar, quedando encargada la Comisión de Fines Sociales de dicha revisión y actualización».

Y finalmente llegamos al 15 de marzo de 2001 en el que las partes suscriben bajo el título de «Convenio Colectivo de la Autoridad Portuaria de Marín Pontevedra (1999-2003)» el acta que se integra como parte de dicho Convenio Colectivo y en la que se establece que el 1% de la nómina a ingresar al Fondo de Fines Sociales incluirá al personal en situación de I.T o asimilada y al personal excluido del Convenio Colectivo, condicionando su eficacia a que la Autoridad Portuaria de Marín Pontevedra obtenga las preceptivas autorizaciones conforme a lo dispuesto en la normativa presupuestaria que le es de aplicación al ente público.

Pues bien, partiendo de tal normativa, y en atención al relato fáctico, entendemos que para dar respuesta a este motivo de recurso hemos de pronunciarnos sobre dos cuestiones:

1.a) En primer lugar consideramos que es fundamental determinar la naturaleza de la aportación adicional ahora discutida y no permanecer en la indefinición que ha sostenido la sentencia de instancia, y la naturaleza del convenio suscrito en fecha 15 de marzo de 2001.

En cuanto a la naturaleza de la aportación adicional efectivamente entendemos, a tenor del relato fáctico, que es la misma que la contemplada en el art. 49 del II Convenio Colectivo de Puertos del estado y de las Autoridades Portuarias (RCL 2006, 43) o , ya que la misma va destinada a la financiación de un equipo de futbol -sala, y como tal uno de los fines que tanto el Convenio Marco ( art. 21) como el Convenio Estatal (art. 49) contempla para el fondo de fines sociales. Tal naturaleza no se ve modificada por el hecho de que las partes litigantes haya buscado una ampliación en el total a ingresar (aportación adicional del 1% del personal no sometido a Convenio), con cargo a partidas presupuestarias diferentes (gastos social por un lado y otros gastos de personal por otro) o previendo que la gestión sea mediante una asociación deportiva/cultural y así diferenciar lo que es la aportación al equipo de futbol sala a las aportaciones a otros fines del fondo social, ya que esto forma parte de la gestión y administración del fondo que sí se atribuye a la representación de los trabajadores o institución que se cree. Dicho esto necesariamente tal aportación tiene naturaleza de masa salarial tal como se desprende del art. 22 de las Leyes 2 (RCL 2012, 607) y 17/2012 (RCL 2012, 1763 y RCL 2013, 235) y 22/2013 (RCL 2013, 1843 y RCL 2014, 300) de Presupuestos Generales del Estado para respectivamente 2012, 2013 y 2014, y así lo viene a reconocer la propia parte actora en el suplico de su demanda y lo Juez en el fallo de su sentencia.

1.b) En cuanto a la naturaleza del acuerdo suscrito el 15 de marzo de 2001 tanto las Juez a quo como las partes mantienes que se trata de un acuerdo de empresa y que tiene naturaleza de convenio colectivo extraestatutario. Sobre este tipo de acuerdos la STS de 19 de enero de 2011 (RJ 2011, 2433) (RJ 2011 2433) recuerda que no tienen, según la doctrina de la Sala, una naturaleza unitaria y que solo pueden considerarse como convenios colectivos estatutarios si su negociación, aprobación y publicación se ajusta a lo dispuesto en el Título III del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) . Hemos de hacer notar el especial contexto en que ha sido suscrito dicho acuerdo ya que tal como se desprende del acta en el que se acuerda, en ese momento se está aprobando el Convenio Colectivo de la Autoridad Portuaria de Marín Pontevedra (1999 2003) y el contenido de dicha acta forma parte integrante del mismo, con lo cual parece que las partes negociadoras quieren darle el mismo valor que el Convenio Colectivo que están suscribiendo. Sin embargo si bien es cierto que las partes que lo suscriben se reconocen legitimación para su negociación y el mismo consta plasmado por escrito no consta que hubiera sido objeto de registro, depósito y publicación oficial tal como exige el art. 90 del ET (RCL 1995, 997) , por lo que, efectivamente, no podemos afirmar que estemos ante un acuerdo de empresa con valor de convenio colectivo estatutario, sino como extraestatutario.

Dicho esto no podemos compartir la postura de la recurrente cuando construye su recurso partiendo de tal naturaleza y argumentando la vulneración de la reserva de negociación y ello porque la regla del art 84 sobre concurrencia de convenios e intangibilidad regulatoria sólo se aplican a aquellos supuestos de conflicto entre convenios estatutarios, y no a los convenios de empresa de carácter extraestatutario, que no se ven afectados por las reglas de la concurrencia ni de vigencia de los convenios colectivos ( STS de 17/10/94 (RJ 1994, 8053) , 26/1/2004 , 18/01/2006 (RJ 2006, 2688) ) aplicándose en este caso la regla de favorabilidad del art 3, 3º del ET siendo evidentemente más favorable a los intereses de los trabajadores lo pactado en fecha 15 de marzo de 2001.

Ello no implica que no pueda cuestionarse la nulidad de dicho pacto alegando una supuesta contravención a la reserva de negociación impuesta en el art. 4 del I Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puertos del Estado (RCL 2000, 146) , pero lo que no se puede es hacerlo en el presente procedimiento; y de pronunciarnos solo sería meros efectos prejudiciales. Ello es así porque los pactos colectivos, en tanto en cuanto que son frutos del derecho a la negociación colectiva recogido en el art. 37 de la CE (RCL 1978, 2836) no puede ser dejados sin efecto porque una de las partes aleguen que están viciados de nulidad, sino que han de ser impugnados por el proceso judicial previsto a tal efecto ( art. 163 a 166 LRJS (RCL 2011, 1845) ), cauce en el que se incluye la impugnación de los convenios colectivo extraestatutarios tal como se desprende del art. 153.2 LRJS (RCL 2011, 1845) . Y hasta tanto dicho convenio no se declare nulo el mismo sigue siendo fuente de la relación laboral y por lo tanto vincula a las partes que lo hubieran suscrito.

2º.- La alegación que hace la recurrente en relación con la vulneración de la doctrina de los actos propios no puede ser admitida. La doctrina de los actos propios ha sido resumida por el Tribunal Supremo STS , Sala Primera, de 13 de marzo de 2004, y Sala Cuarta de 19 de diciembre de 2006 (RJ 2007, 222) y 2 de abril de 2007 (RJ 2007, 3353) entre otras) en el sentido de que «El principio general del derecho que veda ir contra los actos propios («nemo potest contra propium actum venire»), como límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad cuyo ejercicio se encuentra en el art. 7-1 del C. civil (LEG 1889, 27) que acoge la exigencia de la buena fe en el comportamiento jurídico, y con base en el que se impone un deber de coherencia en el tráfico sin que sea dable defraudar la confianza que fundadamente se crea en los demás, precisa para su aplicación la observancia de un comportamiento (hechos, actos) con plena conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica, para lo cual es insoslayable el carácter concluyente e indubitado, con plena significación inequívoca, del mismo, de tal modo que entre la conducta anterior y la pretensión actual existe una incompatibilidad o contradicción, en el sentido de que, de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta».

Por lo tanto, para que la alegación de la recurrente triunfase (que no puede verse vinculada por su actos anteriores porque la nulidad de lo acordado en marzo de 2001) sería necesario que la obligación jurídica ahora reclamada por la demandante (ingreso del 1% de la nómina del personal de fuera de convenio) hubiera surgido exclusivamente en la voluntad unilateral de la empleadora o bien que hubiera solicitado y obtenido la declaración de nulidad del convenio colectivo que hace surgir la obligación, no siendo este el caso de autos. Y así no es la empresa, la que con su cumplimiento reiterado a través del tiempo, crea la obligación ahora reclamada sino que la misma surge de un acuerdo al que se la empresa se ha aquietado durante años y en relación al cual en ningún momento presenta demandada de impugnación de conflicto colectivo y venir ahora a reclamar pudiera suponer un ejercicio abusivo del derecho, y esto es a lo que se refiere la Juzgadora a quo.

3º.- Finalmente tampoco podemos entender que el convenio discutido pueda ser dejado sin efecto en aplicación de la Disposición Derogatoria del II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias puesto que como señala la Juzgadora a quo no es ese el alcance genérico que ha de darse a la disposición derogatoria de la norma sectorial puesto que en la misma se está aludiendo a los convenios colectivos suscritos en el ámbito de las distintas Autoridades Portuarias que no se adhirieron al convenio marco anterior, y porque de la lectura de dicha norma no se induce la derogación tácita de todos los convenio suscritos con anterioridad a su entrada en vigor , y mucho menos si son de naturaleza extraestatutaria.

.- En el último motivo de recurso, también con amparo en el art. 193 c) de la LRJS (RCL 2011, 1845) , alega la vulneración de la DF del II Convenio Colectivo de Puertos del estado y de las Autoridades Portuarias (RCL 2006, 43) por cuanto que no consta que la Autoridad Laboral tenga autorización presupuestaria, y así condicionaron la eficacia de lo pactado a la obtención de dicha autorización. Por otro lado sostiene que tratándose de un acuerdo extraestatutario la Autoridad Laboral puede dejarlo sin efecto de forma unilateral tal como se la jurisprudencia que cita ( STS 23 de octubre de 2012 (RJ 2012, 10712) y 22 de julio de 2012 ).