Brasil ocupa la posición 127 en el Index of Economic Freedom publicado por la Heritage Foundation en 2023 (www.heritage.org, uno de los Think Tanks más importantes de los Estados Unidos), quedando clasificado como un país mayoritariamente no libre en términos económicos.
Este ranking global preocupa curiosamente tanto al gobierno progresista de Lula da Silva en Brasil como al liberal de Javier Milei en Argentina, a pesar de que afirman tener ideales económicos opuestos. En Latino America, Chile se sitúa en la posición 22 del ranking, seguido por Uruguay en la 27, Perú en la 44, Méjico en la 61, Colombia en la 62, Paraguay en la 76, Ecuador en la 119 y finalmente Argentina en la 144. La pérdida de libertad económica tanto de Brasil como de Argentina explican efectivamente el proteccionismo y el alto grado de burocratización que han caracterizado al Mercosur de las últimas décadas, obstruyendo la celebración de acuerdos de liberación comercial como aquellos que se negocian infructuosamente con la Unión Europea y Canadá desde hace varios años. Explica también los consistentes reclamos de Uruguay y Paraguay para reorganizar el Mercosur, liberalizando e integrando las economías regionales por sector para incrementar las exportaciones en bloque.
Nuevas directivas brasileñas y las dimensiones de liberalización escondidas. El 24 de enero el Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integración (DREI) del Ministerio de Emprendedores y Pymes de Brasil dictó su primer Instrucción Normativa del año (DREI 1/24) amparada en una consulta pública para agilizar y desburocratizar el registro societario de empresas empleando Inteligencia Artificial en las Juntas Comerciales.
Del lado argentino, el cambio es más ambicioso – y ciertamente imprescindible- porque allí se debate fervorosamente una voluminosa ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con nuevas reglas para el funcionamiento del estado y la vida económica de los individuos. La desburocratización en ese país se radicaliza a través de un proceso de desregulación económica.
La dimensión del proceso de liberación económica aspira en el caso argentino, a alcanzar por lo menos a Uruguay en el ranking de Heritage, aunque el gobierno no lo mencione oficialmente, redireccionando su modelo de libertad económica asimilada al ranking alemán, ubicado en la posición 14. Los brasileños, que son los mayores captadores de inversiones en la región, sólo pretenden progresar en el ranking de Heritage desburocratizando su economía, aunque no puedan esconder su intención de mejorar su competitividad frente a Méjico que ya se encuentra entre los países moderadamente libres.
La norma brasileña comentada desburocratiza dos instrucciones normativas anteriores, vinculadas a la incorporación de sociedades anónimas, de limitadas, al registro del empresario individual y a las cooperativas, eliminando las exigencias de certificación de documentos para la instalación de filiales extranjeras en Brasil. Estas nuevas directivas también facilitan modelos para la redacción de algunas cláusulas y documentos societarios, acelerando el proceso de registro de empresarios y personas jurídicas para las operaciones de transformación, incorporación y fusión.
Desburocratización con Inteligencia Artificial y firma electrónica. El uso de Inteligencia Artificial para el examen de los actos de registro societarios es sin lugar a dudas el aspecto más novedoso de la reglamentación porque busca eliminar conflictos de intereses y mantener la imparcialidad en las decisiones de registro. La aceptación de la firma electrónica en los actos de registro de comercio ya existía en algunos estados y con la nueva instrucción normativa queda homogeneizada en los términos de la ley 14.063 que legisla su uso ante entes públicos. El socio residente en el extranjero puede firmar electrónicamente con independiencia de su representante social en Brasil.
Transformación automática entre tipos societarios de pequeñas empresas. El proceso de transformación societaria de un tipo hacia otro es generalmente engorroso porque puede alterar el régimen de responsabilidad de la persona jurídica y de sus socios. Ya con la ley brasileña de libertad económica 13.874 del 20 de septiembre del 2019 sancionada por el gobierno liberal de Jair Bolsonaro, se comenzó a cuestionar el tipo societario creado en el 2011 denominado EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada) autorizando la constitución de sociedades con un solo socio. En agosto de 2021 las EIRELIs dejaron de existir reemplazadas automáticamente por las modernas SLU (sociedades limitadas unipersonales), sin la exigencia de un mínimo de capital social, habilitadas para todas las actividades económicas, con posibilidad de contratación de ilimitada de empleados y capacidad de operar indistintamente tanto bajo el régimen fiscal SIMPLES como en los de lucro presumido o real. Un empresario puede incorporar más de una SLU si le resulta necesario.
La instrucción normativa de enero de este año sigue ese modelo de transformación automática creado por el gobierno anterior y esta vez lo aplica para convertir las MEI (Microempresa Individual) también en SLUs. Las únicas diferencias entre MEI y EIRELI radican en el límite de facturación y en la separación de la responsabilidad entre persona física y jurídica.
Hasta ahora, los microempresarios individuales (MEI) tenían un techo bajo de facturación, cerca de los 18.000 euros anuales, podían tener un solo empleado y ningún otro socio, la responsabilidad era ilimitada, tributando apenas un impuesto único a través del SIMPLES. Las EIRELIs en cambio eran estructuras mayores, con un patrimonio afectado a la responsabilidad societaria del tipo, con un techo de facturación enorme de hasta casi un millón de euros anuales eligiendo el sistema tributario más adecuado para sus operaciones.
En la actualidad todo converge hacia la uniformización en SLU. Además, las SLU son frecuentemente constituidas para agilizar la planificación sucesoria. Según la nueva instrucción normativa, el fallecimiento del socio administrador de la SLU no autoriza automáticamente al inventariante o ejecutor testamentario a administrar la sociedad. Para mayor seguridad y evitar conflictos, el inventariante deberá registrar su designación en función de sus atribuciones en acto separado.
Socios extranjeros: estatutos bicolumnados en diferentes idiomas. La nueva instrucción normativa armoniza la admisión de los documentos bicolumnados en dos idiomas para todas las juntas comerciales del país. Era una práctica frecuente en las más concurridas jurisdicciones como la de Sao Paulo y Río de Janeiro utilizada para traducir al portugués un estatuto o documento societario en idioma extranjero. Se dispensa definitivamente la exigencia de un traductor público para la totalidad de los documentos. Sin embargo, las traducciones oficiales son exclusivamente requeridas para los sellos consulares y apostillados cuando están redactados en otro idioma.
Instrumentos de financiamiento para startups y organismos decisorios. Las sociedades de propósito específico (SPE) fueron también liberalizadas por la nueva instrucción normativa. Pueden ahora tener un plazo determinado o indeterminado de duración relacionado con su objeto societario. Estas sociedades pueden convertirse en sociedades comunes mediante el archivo de una decisión societaria en ese sentido. Las startups constituidas bajo forma de sociedades anónimas pueden emitir debentures convertibles dentro de su marco legal, la ley complementaria 182/21 (marco legal de startups). De esta forma pueden capitalizar los debentures adquiridos por otras personas físicas o jurídicas.
Las sociedades limitadas podrán ahora contar con un nuevo organismo social para apoyar las deliberaciones de sus administradores. Mediante la creación de un consejo de administración, las sociedades limitadas constituyen una opción valuable para estructurar negocios de mayor porte que compite con las sociedades por acciones ofreciendo un mejor resguardo para la identidad y para la admisibilidad de socios. Asimismo queda permitido el rescate de cuotas en la sociedad limitada para su conservación en tesorería y la posterior oferta de suscripción. Durante el periodo de conservación en tesorería no generarán derecho de voto. En el caso de usufructo de cuotas sociales, el cuotista nudo propietario debe ser convocado para tener voz activa en las reuniones sociales aun cuando carezca del derecho a votar.
Finalmente se aclara que la publicación de demostraciones financieras por sociedades limitadas de gran porte es facultativa, de acuerdo con los mismos principios aplicados a todas las sociedades limitadas en Brasil.
Libre establecimiento de empresas y disparidades registrales en el Mercosur. En esta oportunidad cabe comparar las funciones de los registros de comercio de los países miembros para entender por qué Brasil presiona sistemáticamente sobre la desburocratización del trámite registral societario. En efecto, las Juntas de Comercio de Brasil, son órganos autárquicos organizadas por estado, con limitadas facultades de fiscalización y regularización de las sociedades, que actúan como organismos de archivo histórico de los procesos de incorporación, alteración y cierre de empresas, interligadas a la Receita Federal, la agencia tributaria nacional a traves de la Secretaria de la Fazenda. Su principal función es otorgar autenticidad, seguridad y eficacia a los actos jurídicos de las empresas. Contribuye a la fiscalización regulatoria de las empresas apoyando a las agencias fiscalizadoras y produce estadísticas económicas. Puede cancelar registros de empresas cuando corresponda, no registrar, pero no puede alterar la propuesta corporativa en solicitud de registro.
En otros países en cambio, como Argentina, el rol de la Inspección General de Justicia IGJ) es más intervencionista de la vida societaria. Esta entidad defiende un paradigma de justicia o de libertad comercial de difícil determinación técnica, vinculada al Ministerio de Justicia y no al fisco como en Brasil. Además de las funciones registrales, puede llevar representación letrada y ser parte actuante en cuestiones judiciales y decisiones o actos societarios que en otros países económicamente más libres son naturalmente privados de los comerciantes. Sin mayor detenimiento sobre estas atribuciones, ni Uruguay ni Paraguay conceden a sus registros de comercio semejante autoridad de control sobre la actividad societaria. Las atribuciones de la IGJ deben revisarse.
Desde 1998, año en el que comenzó el ėxodo de empresas argentinas hacia los países vecinos del Mercosur, los registros comerciales han flexibilizado progresivamente el proceso de admisión y de reconocimiento para facilitar el acceso de los emigrantes vecinos. Desde 2006 las Juntas comerciales Brasil permitieron que los residentes temporarios argentinos fuesen administradores de sus sociedades, ajustando la obligación del gerente residente brasileño. Un año más tarde, conseguimos que se autorizara a estas empresas a ingresar al SIMPLES, la tributación facilitada para empresas nacionales brasileñas.
Otros procesos de acceso y desburocratización continuaron este largo camino hacia un libre establecimiento en el Mercosur que, de manera desordenada y a impulso de parte, algún día será convertido en una realidad positiva. Ha llegado la hora de asumir que la llave jurídica del proceso de integración económica del Mercosur se encuentra precisamente y tal como lo entiende Brasil, con el gobierno menos liberal del bloque, en la reglamentación corporativa e integrada de los registros de comercio. El modelo de la instrucción normativa de enero debe replicarse para afincar una libre circulación de las sociedades como capital y factores de producción.
