La iniciativa de la Fundación Aranzadi LA LEY Mujeres por Derecho te ofrece con motivo del Día de la Mujer una selección de artículos de mujeres juristas con un eje común: el cumplimiento de la igualdad supone una forma de enriquecer y democratizar la sociedad. Desde su lanzamiento en abril de 2021 Mujeres por Derecho ha contado con la participación de más de 300 juristas, lo que le convierte en el foro de referencia para el debate sobre el pasado, presente y futuro del papel de las mujeres en la profesión jurídica.
Desde las conocidas imágenes de los “padres” de la Constitución, ponentes constituyentes todos varones, mucho se ha avanzado en la presencia de la mujer en nuestras Cámaras legislativas, Congreso de los Diputados y Senado.
Del 6% de mujeres diputadas en la Legislatura Constituyente se ha pasado a un 44% en la actual. El 40% venía rozándose o superándose desde 2015 gracias a la composición equilibrada de las candidaturas electorales exigida desde 2007 por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (60/40% en tramos de 5 candidatos) y a la autoimposición por algunos partidos de las listas cremallera.
La visibilidad de la presencia de la mujer en las Cámaras se refuerza con la elección de presidentas. Desde las primeras (del Senado, Esperanza Aguirre en 1999; y del Congreso, Luisa Fernanda Rudi en la VII Legislatura -2000-2004-, coincidiendo unos años como tercera y cuarta autoridad del Estado), en total una mujer ha presidido el Congreso durante cinco de las dieciséis legislaturas, entre ellas las cuatro últimas, convirtiéndose en figura habitual junto a un hombre Presidente del Gobierno. No tan favorables son las cifras en el caso del Senado, Cámara en la que sólo han ejercido la Presidencia dos mujeres (Esperanza Aguirre y Pilar Llop), ninguna de ellas por un mandato completo (Esperanza Aguirre de 1999 a 2000 y de 2000 a 2002 y Pilar Llop de 2019 a 2021), siendo sustituidas por sendos presidentes.
También la evolución de la composición de las Mesas, órgano rector de las Cámaras, arroja datos positivos. Centrándonos en el Congreso de los Diputados, el número de mujeres entre los nueve miembros (incluida la Presidencia) ha ido aumentando con el paso del tiempo. Así, en la Legislatura Constituyente ningún miembro de la Mesa era mujer, y entre la I y la VI la presencia de mujeres osciló entre una y tres. El récord se alcanza en la VII legislatura, con mayoría de mujeres en la Mesa (cinco o seis, según el momento), alcanzándose el máximo de seis también en la XII. Desde el año 2000, el número de mujeres en la Mesa no ha descendido de tres, existiendo también mayoría de mujeres en la actual XV legislatura (cinco).
La Junta de Portavoces, por su parte -tercer órgano de gobierno junto a la Presidencia y la Mesa, con facultades decisorias en la fijación del orden del día del Pleno que marca la agenda legislativa y de control de la Cámara-, ha experimentado un avance considerable desde la Legislatura Constituyente (no había ninguna mujer entre los doce portavoces) hasta la actual, en la que ha alcanzado su máximo: mayoría de mujeres, cinco de nueve portavoces de los grupos parlamentarios, a los que representan y en cuyo nombre intervienen en el Pleno de la Cámara en los grandes debates.
Pero si queremos profundizar más allá de estos meros datos numéricos generales, debemos acercarnos a las comisiones, órganos que llevan realmente el peso de la tramitación de la legislación, y en concreto -a título de ejemplo significativo- a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que aprueba definitivamente o dictamina para su elevación al Pleno los grandes Códigos y sus modificaciones (Civil, Penal, leyes procesales), así como otras leyes de gran relevancia jurídica, hasta el punto de que en las últimas legislaturas el número de leyes tramitadas por esta Comisión supera el veinte por ciento del total de las promulgadas, pese a existir más de veinte comisiones permanentes legislativas en el Congreso de los Diputados.
No se nombra una Presidenta en la Comisión de Justicia hasta la XII legislatura (2016), si bien desde entonces han sido elegidas otras dos; los portavoces de los distintos grupos en la Comisión siguen siendo en su mayoría varones (el mínimo, a partir de la VI legislatura en que se crean los cargos de portavoces en las comisiones, sería en la IX, 2008-2011, una sola mujer entre seis portavoces): hoy, tres mujeres portavoces de nueve.
En cuanto a los ponentes de las grandes leyes antes citadas (miembros de la comisión que preparan el trabajo de ésta mediante la elaboración de un informe con las enmiendas aceptadas, el cual prefigura habitualmente el texto definitivo de la futura ley con pocas modificaciones), quienes normalmente intervienen en comisión y pleno en nombre de su grupo a lo largo del procedimiento, el resultado no cambia mucho, dato cualitativamente relevante porque podemos decir que en la ponencia se cocina la futura ley. Si una sola ponente entre once encontramos en el Código Penal de 1995, una de diez en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 y dos de diez en la gran reforma del Código Penal de 2015, sólo en la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, las seis ponentes de quince son muestra de una aproximación hacia la paridad.
Datos que nos hacen reflexionar sobre la importancia de aplicar criterios cualitativos y no sólo cuantitativos cuando hablamos de los avances en la participación de la mujer legisladora, y reconocer que queda todavía camino por recorrer hasta la equiparación plena.
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