- El paquete de medidas también incluye crear una Agencia Independiente de Integridad Pública y la figura del ‘decomiso sin condena’ de bienes
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta un amplio paquete de medidas anticorrupción, que incluye el refuerzo de las condenas a empresas involucradas en casos de corrupción y más controles sobre los fondos que reciben los partidos políticos.
Estas medidas fueron anunciadas hace unos meses por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, después de la crisis generada por la presunta implicación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en una trama corrupta.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye 84 medidas que afectan a 18 textos legislativos y que, según ha señalado, “dan respuesta a todo el ciclo de la corrupción”.
Montero ha destacado varias medidas destinadas a prevenir conductas corruptas. Por ejemplo, el registro de empresas con prohibiciones de contratar con la Administración será público y, además, se aumenta la pena máxima de inhabilitación de 15 a 20 años, periodo en el que tampoco podrán recibir subvenciones ni beneficios fiscales.
Donaciones a partidos y control financiero
También se endurece el control y la transparencia en las donaciones a partidos políticos y fundaciones. En concreto, se reduce el umbral de publicación: actualmente es obligatorio hacerlo público cuando superan los 25.000 euros y ahora se rebaja a 2.500 euros.
Asimismo, se obliga a los partidos a realizar auditorías externas e independientes de sus cuentas, y no hacerlo supondrá una infracción grave o muy grave. La multa por no publicar las donaciones aumentará hasta el doble del importe no declarado.
Entre las medidas aprobadas también está la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, un organismo que integrará estructuras ahora dispersas como la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Además, coordinará en España la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude.
Asimismo, se aumenta el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de 5 a 7 años, lo que permitirá dedicar más tiempo a investigar delitos complejos y evitar situaciones de impunidad.
Recuperación de activos y nuevas herramientas antifraude
El Gobierno también pretende reforzar el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para embargar bienes desde el inicio de la investigación. En ese sentido se incorporarán figuras como el “decomiso sin condena” o el decomiso de riqueza no justificada, con garantías judiciales, en aplicación de la normativa europea sobre recuperación de activos.
Para mejorar la detección de prácticas corruptas, el Ejecutivo impulsará la conexión entre bases de datos públicas y extenderá el uso de la herramienta Minerva para la detección automática de conflictos de intereses.
También se prevé utilizar herramientas de análisis avanzado e inteligencia artificial para modernizar la Plataforma de Contratación y la Base Nacional de Datos de Subvenciones.
Calendario de aprobación y apoyo político
Respecto a los apoyos parlamentarios, Montero se ha mostrado confiada, al menos en lo relativo a la Agencia Independiente de Integridad Pública, y espera que sea una realidad antes del final de la legislatura en 2027.
Según ha indicado, existe unanimidad entre las formaciones con representación parlamentaria para crear este organismo, como quedó reflejado en la ronda de contactos mantenida por el Gobierno con los grupos.
Si todo avanza según lo previsto, el Ejecutivo espera aprobar de nuevo el texto en el Consejo de Ministros en el primer trimestre del año, antes de Semana Santa, para iniciar inmediatamente después su tramitación parlamentaria.
