Los presidentes de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia han hecho pública hoy una declaración sobre la independencia judicial suscrita por unanimidad por todos ellos en la que afirman que toda actuación que se realice en detrimento de ésta “supone un ataque al Estado de Derecho” y recuerdan que respetarla es obligación de todos, y “muy especialmente de los Poderes públicos”.
"En una sociedad democrática, el Poder Judicial es esencial para garantizar el Estado de Derecho y preservar los derechos de los ciudadanos. Éstos esperan que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se realice en un marco de independencia y que los jueces actúen con imparcialidad, eficacia y respeto para el justiciable, destinatario al fin del derecho fundamental a la tutela judicial", señala la declaración suscrita en Bilbao al término de la reunión anual de presidentes de TSJ.
La declaración se realiza "a la vista de los últimos acontecimientos" y añade que, "en estos días, es conveniente recordar que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para los ciudadanos".
Los presidentes de los TSJ también han hecho públicas las conclusiones de su reunión, en las que acogen positivamente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "en tanto garantiza el ejercicio del derecho a la doble instancia reconocido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a toda persona declarada culpable en un proceso penal".
No obstante, advierten de que la planta actual de las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ "no permite, con carácter general, la debida implantación de la reforma" y estiman necesario un inmediato aumento de plantilla.
La misma conclusión alcanzan respecto de la unificación de la casación en materia de Derecho Autonómico ante los TSJ introducida por la Ley Orgánica 7/2015, que valoran de forma positiva aunque consideran que no se acomoda "a las previsiones actuales de la planta judicial de las Salas de lo Contencioso-Administrativo" de estos órganos judiciales.
Además, los presidentes de los Tribunales Superiores afirman compartir la necesidad de acortar la duración media actual de la fase de instrucción penal, pero manifiestan su "inquietud" porque ese objetivo "se quiera alcanzar mediante la simple fijación legal de límites temporales a dicha instrucción, sin que dicha previsión vaya acompañada de la dotación de medios humanos y materiales necesarios para garantizar la respuesta judicial efectiva y en plazos razonables".
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