- El BOE publica una macroconvocatoria de récord: 575 plazas de jueces y fiscales por oposición y 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno
El Boletín Oficial del Estado publica con fecha 15 de junio de 2026 una macroconvocatoria de empleo público sin precedentes para cubrir 700 plazas de jueces y fiscales. Esta cifra supone más del triple de las convocadas en 2025 y un auténtico hito histórico si la comparamos con periodos como la etapa 2012-2016, cuando el Gobierno solo convocó 350 plazas en cinco años. En total, el Ejecutivo ha convocado 2.515 plazas de jueces y fiscales desde 2018, el triple de las que se convocaron durante las dos legislaturas de Mariano Rajoy.
Tal y como indica el BOE, se convoca una oposición para cubrir 375 plazas de jueces y 200 de fiscales, que se iniciará en octubre. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial convoca 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional.
700 plazas de jueces y fiscales
En paralelo a la macroconvocatoria, el Gobierno última la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, una ampliación de la plantilla judicial y fiscal sin precedentes en nuestra historia. La medida quedará definitivamente aprobada en las próximas semanas a través de dos Reales Decretos, una vez recogidas las aportaciones del CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas y los distintos ministerios implicados.
La creación de medio millar de plazas de jueces en un año es histórica: es una cifra superior a la suma de las plazas creadas durante la última década y supondrá una ampliación de la plantilla judicial del 8,5%. La medida es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo más eficiente: elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico. El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 €. Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000 €.
Por su parte, la plantilla fiscal crecerá un 7,1%, pasando de 2.804 a 3.004 efectivos. También es una cifra inédita: en los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.
La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las propuestas de las propias comunidades con competencias transferidas y de los tribunales superiores de Justicia.
Esta histórica macroconvocatoria y la ampliación de la plantilla judicial y fiscal son hitos que se enmarcan en la mayor transformación de la Justicia en décadas, impulsada por el Ministerio durante esta legislatura para agilizar, modernizar y acercar al ciudadano este servicio público.
Además, sigue su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5%.
Protección de la salud
Por su parte, desde Foro Judicial Independiente (FJI) han mostrado alegría por la convocatoria, si bien han querido apuntar que “tendría que haber cada año muchas sucesivas de este tipo para suplir la grave carencia de jueces y magistrados titulares que hay en España”.
El presidente de esta asociación, Roberto García Ceniceros, ha llamado a tener en cuenta “el gran número de jubilaciones, forzosas y voluntarias, que ya está habiendo, y las que se prevén en los próximos años”.
“En todo caso hay que seguir incidiendo en la insoportable sobrecarga de trabajo que padecen los jueces y magistrados, y en la necesidad de adoptar medidas de autorregulación y protección de la salud”, ha añadido en declaraciones a Europa Press.
Al respecto, ha criticado al CGPJ por la retirada de los miembros de la carrera judicial de la cobertura que brinda la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y porque “sigue sin cumplir” la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó en 2023 por no cumplir con su obligación de regular la carga de trabajo de los jueces.
