Asociaciones de jueces y fiscales han puesto de manifiesto «la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea» tras la incursión masiva de decenas de miles de personas en Ceuta durante el jueves y el viernes a través de espigón del Tarajal.
En un comunicado conjunto, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, Juezas y Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos España, expresan su «dolor por la pérdida de vidas humanas», así como su solidaridad con la ciudadanía de Ceuta y Melilla.
Estas asociaciones lamentan que estos «graves acontecimientos» han producido «el trágico resultado de al menos 72 personas fallecidas, así como un elevado número de personas heridas y desaparecidas aún por determinar». Al tiempo, señalan que esta crisis «exige una respuesta institucional fundada en el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos y fundamentales».
Control de fronteras y Estado de derecho
De esta manera, las asociaciones remarcan que el control de las fronteras constituye «una competencia legitima del Estado y responde a la obligación de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad».
«Ahora bien, esa potestad debe ejercerse siempre dentro del marco constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos, sin que ninguna finalidad, por legítima que sea, pueda anteponerse al respeto a la vida y a la dignidad de las personas», precisan.
Y es que «las situaciones de especial presión migratoria no alteran la vigencia de los derechos fundamentales ni rebajan las exigencias propias del Estado de derecho», al contrario, «en los contextos de máxima dificultad es cuando las instituciones democráticas deben reafirmar su compromiso con la legalidad y la proporcionalidad, cualquiera que sea el origen o la situación administrativa de las personas afectadas».
Por ello, añaden, «estos acontecimientos no pueden convertirse en pretexto para alimentar el discurso de odio, la xenofobia o el llamamiento a la persecución de las personas migrantes».
Política migratoria común en la UE
Las asociaciones judiciales y fiscales exponen que estos hechos «ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea, que combine una gestión eficaz de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la salvaguarda de la vida de las personas migrantes».
Todo ello porque, a su juicio, «la firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales no son incompatibles», sino que «ambos integran las obligaciones de un Estado social y democrático de derecho».
Solo desde ese equilibrio «será posible ofrecer una respuesta acorde con nuestros valores constitucionales y europeos, y evitar que una tragedia humana se transforme en un motivo de fractura social», valoran.
En este sentido, demandan «que el debate público sobre estos hechos se desarrolle desde el rigor y el respeto institucional, evitando respuestas simplistas o discursos que erosionen la convivencia».
«Detrás de cada frontera hay seres humanos»
Y remachan: «Detrás de cada frontera hay seres humanos, y ninguna respuesta política puede olvidar que la protección de su vida y su dignidad constituye un deber ineludible».
