El Tribunal Constitucional ha pedido a las abogacías del Estado y la Comunidad Autónoma y al letrado mayor del Parlament que expongan lo que consideren conveniente en relación con la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares.
En una diligencia, el tribunal de garantías ha señalado que, a pocas semanas de cumplirse cinco meses de la derogación de la norma en la Cámara autonómica, el pasado 24 de marzo, se tiene que oír a las partes personadas.
Cabe recordar que el pasado 7 de julio la derogación quedó suspendida después de que el Pleno del TC admitiera a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central.
La suspensión de la vigencia y aplicación se da desde el 9 de junio, fecha de interposición del recurso, y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el BOE.
En su recurso, el Gobierno central planteaba que la derogación podría ser contraria a los artículos 15 y 10.1 de la Constitución, por la derogación del estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Asimismo, sostenía que la ley impugnada podría infringir el orden constitucional de distribución de competencias, en particular los artículos 149.1.1 y 149.1.30 de la Constitución, así como el principio de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.
Finalmente, en el recurso se alegaba que la norma también vulneraría los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
