El pasado 30 de septiembre de 2026 se celebró una nueva sesión del Club de los Miércoles de Aranzadi LA LEY, dedicada al impacto de la automatización y la inteligencia artificial en el sector público y, en particular, en la función pública jurídica. El encuentro, celebrado en formato webinar, contó con la participación de Víctor Almonacid Lamelas, secretario de la Administración Local —en excedencia— y consultor estratégico experto en transformación digital, y Juan Isidro Martínez Pastor, abogado y especialista en función pública y consultor de Administración Local. La sesión fue moderada por Conchi Obispo Triana, editora del Departamento de Derecho Público de Aranzadi LA LEY.
El debate puso de manifiesto que el sector público afronta un triple reto urgente: el relevo generacional derivado de la jubilación del baby boom, la transformación del empleo público como consecuencia de la irrupción de la inteligencia artificial y la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
Relevo generacional y transformación del empleo público
Uno de los ejes centrales de la sesión fue la convivencia de distintas generaciones en una misma entidad pública y el impacto que tendrá la jubilación masiva de empleados públicos en los próximos años. Los participantes subrayaron que este proceso no debe contemplarse únicamente como una pérdida de efectivos, sino también como una oportunidad para redefinir los perfiles profesionales, modernizar la gestión de personas y adaptar la Administración a una realidad tecnológica ya presente.
En este contexto, se destacó la necesidad de revisar los procesos selectivos y los temarios para incorporar nuevas competencias digitales, organizativas y de gestión de la información. También se planteó la conveniencia de utilizar herramientas de inteligencia artificial en procesos selectivos masivos, siempre con garantías efectivas de igualdad, mérito y capacidad y con controles que impidan cualquier forma de clientelismo o discriminación.
La transformación exige, además, reforzar la dirección pública profesional, mejorar el liderazgo ético y establecer mecanismos eficaces de transferencia de conocimiento entre las generaciones que conviven en la Administración. El objetivo es evitar que la experiencia acumulada durante décadas desaparezca con la jubilación de los empleados públicos pertenecientes al baby boom.
Los ponentes incidieron asimismo en la importancia de delimitar correctamente el rol, la responsabilidad y el puesto de trabajo dentro de las organizaciones públicas. Esta diferenciación resulta especialmente relevante en un entorno en el que las herramientas tecnológicas pueden asumir tareas de apoyo, pero no sustituir la responsabilidad de quienes toman decisiones.
Más liderazgo y organización, no nuevas normas
En relación con el marco jurídico, durante la sesión se defendió que la Administración dispone, en términos generales, de cobertura legal suficiente para afrontar buena parte de los procesos de automatización. El principal desafío no estaría tanto en aprobar nuevas reformas normativas como en impulsar un cambio organizativo interno basado en el liderazgo, la planificación y el diseño de capacidades específicas para cada puesto de trabajo.
La incorporación de la IA exige revisar procedimientos, estructuras y formas de trabajar. Para ello, se consideró necesario contar con líderes comprometidos con la transformación y con organizaciones capaces de identificar qué tareas pueden automatizarse, cuáles requieren supervisión humana y cuáles deben permanecer bajo la responsabilidad directa de los empleados públicos.
También se abordó la colaboración con consultoras y empresas tecnológicas. En este sentido, se defendió una colaboración público-privada que permita incorporar conocimiento especializado, pero que respete en todo momento las competencias públicas, la autonomía de la Administración y la responsabilidad última de los poderes públicos.
La inteligencia artificial puede ofrecer oportunidades para agilizar la selección, modernizar la gestión de personas, conservar el conocimiento institucional y mejorar la eficiencia administrativa. Sin embargo, también plantea riesgos relacionados con la transparencia, la trazabilidad de las decisiones, la seguridad, la protección de derechos y la atribución de responsabilidades. Por ello, su despliegue debe ir acompañado de liderazgo, reformas organizativas y controles sólidos.
Integridad, compliance y confianza ciudadana
Otro de los bloques relevantes del Club de los Miércoles se centró en el papel de los sistemas de integridad y compliance, incluida su dimensión digital, como instrumentos para prevenir la corrupción y reforzar la confianza de la ciudadanía.
Durante el debate se destacó que el compliance puede actuar como una auténtica “vara de medir” de la organización, al permitir una evaluación sistemática de los procedimientos, detectar riesgos y favorecer una verdadera autoauditoría en entornos de creciente complejidad tecnológica. Estos sistemas deben contribuir a identificar conflictos de intereses, reforzar la trazabilidad de las decisiones y establecer mecanismos de alerta y control.
La digitalización de los sistemas de integridad también plantea nuevos desafíos. El uso de algoritmos y herramientas automatizadas debe someterse a criterios de transparencia, supervisión y rendición de cuentas. La prevención de la corrupción no puede descansar exclusivamente en la tecnología, sino que requiere una cultura organizativa basada en la ética pública, la responsabilidad y el compromiso de quienes ejercen funciones públicas.
Una IA al servicio del criterio humano
La inteligencia artificial estuvo presente en buena parte de las intervenciones. Lejos de plantearse como una amenaza que deba ser demonizada, los ponentes defendieron que puede convertirse en una aliada del sector público para ganar eficiencia y preservar el conocimiento institucional.
No obstante, se insistió en que la IA no debe sustituir el juicio humano ni la responsabilidad política y administrativa. La intervención humana seguirá siendo insustituible en aquellas decisiones que requieren empatía, ponderación de intereses, comprensión del contexto y valoración de sus consecuencias para los ciudadanos.
En este contexto, se presentó Allegra, la solución de inteligencia artificial jurídica de Aranzadi LA LEY, concebida para investigar, redactar y analizar desde una perspectiva jurídica con acceso a información fiable. La herramienta acompaña a los operadores jurídicos, tanto del sector público como del privado, en su transición tecnológica y en la mejora de la toma de decisiones, sin desplazar el criterio profesional.
La sesión permitió abordar, entre otras cuestiones, cómo aprovechar la IA como palanca de cambio sin perder las garantías constitucionales del acceso al empleo público; cómo convertir el relevo generacional en una oportunidad para fortalecer la dirección pública; qué transformaciones organizativas y legales exige la automatización; y qué papel deben desempeñar los sistemas de integridad y compliance para prevenir la corrupción y recuperar la confianza ciudadana.
Con este encuentro, Aranzadi LA LEY reafirma su compromiso con el debate jurídico práctico sobre los desafíos de la transformación digital en la Administración y la función pública. Las reflexiones compartidas ofrecieron a los asistentes ideas concretas para afrontar un cambio tecnológico que ya forma parte del presente de los despachos y las organizaciones públicas.
