- Los 23 acusados son absueltos de los delitos de profanación de cadáver, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental
La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a siete personas por un delito continuado de estafa agravada en la modalidad de delito masa por la sustitución y reutilización sistemática y fraudulenta de féretros destinados a servicios de incineración, una práctica desarrollada por la empresa funeraria El Salvador, que el tribunal considera acreditada durante cerca de 20 años y que afectó a miles de familias que contrataron servicios funerarios. La Sala absuelve a los otros 16 acusados.
La sentencia impone la pena más elevada, siete años y medio de prisión, al responsable del grupo empresarial, Ignacio M. V., mientras que sus hermanas, Rosario. M. V, y Laura M. V., con funciones directivas y ejecutivas, son condenadas a siete años de cárcel y seis años y medio respectivamente. La esposa y viuda del fundador del grupo, madre de los tres anteriores, no tenía conocimiento de los hechos y ha sido absuelta.
Las penas para los otros cuatro condenados, trabajadores de las mercantiles del grupo El Salvador, principalmente Agencia Funeraria Castellana, S.A. y Parque El Salvador, S.L., oscilan entre los tres años y tres meses de prisión y los cinco años y nueve meses.
Los 23 acusados son absueltos de los delitos de organización criminal, contra el respeto debido a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental por concluir que o bien la prueba practicada no permite apreciar los elementos exigidos para esos delitos o no se ha acreditado una participación dolosa y consciente y ha de prevalecer la presunción de inocencia.
Los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia vallisoletana consideran probado que durante aproximadamente dos décadas existió una práctica empresarial organizada consistente en retirar los cadáveres de los féretros adquiridos por los familiares antes de la cremación y reutilizar esos ataúdes en nuevos servicios funerarios para obtener un beneficio económico.
Los condenados, desde sus diferentes puestos de responsabilidad, directivos y encargados de la incineración, ocultaban deliberadamente a los familiares que el féretro contratado y pagado sería retirado antes de la cremación para ser reutilizado en otros servicios, mientras el cadáver era incinerado en un ataúd de inferior valor.
La sentencia cifra en al menos 5.688 las sustituciones de féretros, con un beneficio económico ilícito estimado en 1.368.646,56 euros derivado del ahorro en la compra de nuevos ataúdes y de su reutilización sistemática.
Negocio jurídico criminalizado y delito masa
El Tribunal entiende que no se trata de un simple incumplimiento contractual ni de una infracción administrativa, sino de una estafa. Según se detalla en los fundamentos jurídicos, existió un “negocio jurídico criminalizado” en el que el engaño fue el elemento esencial del contrato funerario que vició el consentimiento de los clientes y permitió el desplazamiento patrimonial en favor de la empresa. Los contratos funerarios fueron utilizados como instrumento para ejecutar el fraude.
El engaño, arguyen los magistrados, existía desde el momento mismo de la contratación, ya que los responsables de la operativa ocultaban deliberadamente a los clientes la verdadera prestación que iban a recibir. La Sala sostiene que el consentimiento de los familiares quedó viciado por esa ocultación y que el pago realizado constituye el perjuicio patrimonial exigido para apreciar el delito.
El tribunal destaca además que la conducta se repitió de manera sistemática durante un largo periodo de tiempo, circunstancia que justifica la aplicación de la figura del delito continuado y de la modalidad agravada de delito masa por el elevado número de perjudicados.
Las indemnizaciones
La resolución reconoce el derecho de los perjudicados a ser indemnizados tanto por el valor de los féretros sustituidos como por los daños morales sufridos. La Sala entiende que las familias fueron privadas de la posibilidad de despedir e incinerar a sus seres queridos en las condiciones contratadas, quebrándose la confianza depositada en las empresas funerarias. Por ello, fija una indemnización de 1.000 euros por cada servicio afectado, además de diversas cantidades por daños psicológicos acreditados para tres perjudicados.
En conjunto, los condenados tendrán que pagar más de 8,4 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, cantidades de las que, en caso de impago, deberán hacerse cargo las mercantiles Agencia Funeraria Castellana, S.A. y Parque El Salvador, S.L., consideradas responsables civiles subsidiarias, al concluir que los hechos delictivos se cometieron utilizando los medios materiales y la estructura empresarial de ambas compañías durante la prestación de los servicios funerarios.
El tribunal también mantiene los embargos y medidas cautelares acordados durante la instrucción para garantizar el pago de las indemnizaciones y demás responsabilidades económicas derivadas de la condena.
La resolución, que ya ha sido notificada a las partes, sienta un precedente sobre la responsabilidad penal y la protección de los derechos de los consumidores ante prácticas fraudulentas de especial gravedad y alcance colectivo.
Las absoluciones
La Audiencia Provincial de Valladolid mantiene que la práctica de sustitución de féretros exigió la intervención coordinada de varias personas, pero entiende que esos hechos deben ser castigados únicamente a través de los delitos de estafa ya apreciados en la sentencia, sin extender la condena a otras figuras penales reclamadas por las acusaciones.
Delito de profanación de cadáver
La sentencia absuelve a los acusados del delito de profanación de cadáver porque aunque la sustitución de féretros supuso una grave defraudación de la confianza de las familias y les provocó un evidente sufrimiento moral, no ha quedado acreditado que los cadáveres recibieran por parte de los acusados un tratamiento objetivamente vejatorio o degradante en los términos exigidos por el Código Penal para este tipo de delitos.
“La utilización de un sudario o de un soporte distinto del féretro contratado, aun siendo fraudulenta y contraria a lo convenido, no permite identificar por sí sola un acto de deshonra del cuerpo. El menor valor económico del soporte empleado y la recuperación ilícita del ataúd explican el perjuicio patrimonial, pero no bastan para establecer la profanación”, explican los magistrados, que reconocen la “intensidad del sufrimiento” y “la profunda aflicción que el descubrimiento de los hechos produjo en los familiares”».
La obtención y conservación de fotografías de cadáveres y restos humanos atribuida al trabajador que denunció los hechos no permite atribuir esa conducta a los restantes acusados ni utilizarla para completar los elementos del delito respecto de ellos. “La responsabilidad criminal es personal y no puede extenderse por la mera vinculación laboral o empresarial con quien realizó las fotografías, cuya eventual responsabilidad quedó extinguida por su fallecimiento”, razona el Tribunal, que, pese a descartar la existencia de este delito, reconoce el daño moral que sufrieron los perjudicados y les otorga el derecho a ser indemnizados.
Delito de organización criminal
Tampoco prospera la acusación por organización criminal. Los magistrados entienden que las empresas implicadas desarrollaban una actividad económica real y lícita. No puede concluirse, subrayan, que tales mercantiles hubieran sido constituidas o utilizadas principalmente para cometer delitos, requisito indispensable para apreciar esa infracción penal. La actividad ilícita se desarrolló aprovechando la estructura de empresas funerarias reales y operativas, sin que haya quedado probado que dichas sociedades fueran creadas o transformadas con la finalidad principal de cometer delitos.
Delito de blanqueo de capitales
Aunque los magistrados de la Sección Cuarta dan por acreditado que la reutilización de féretros generó beneficios económicos y que existieron operaciones financieras y movimientos de fondos considerados anómalos, concluyen que no se ha demostrado con la certeza exigida que el dinero objeto de esas operaciones procediera directamente de la actividad delictiva ni que los acusados actuaran con la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los fondos obtenidos.
Se han analizado numerosas operaciones económicas, ingresos en efectivo, préstamos y movimientos patrimoniales entre distintas sociedades familiares, pero no ha quedado acreditada una vinculación suficientemente individualizada entre esos fondos y los beneficios obtenidos mediante la reutilización de féretros. Por este motivo, absuelven a los acusados de los delitos económicos que se les imputaban al no poder establecerse una trazabilidad clara del dinero.
La reutilización de ataúdes generó un desfase entre el número de servicios funerarios y los féretros realmente adquiridos. Para ocultar esa diferencia se documentaron compras simuladas y facturas que no respondían a entregas reales de ataúdes. Se describen operaciones con distintos proveedores, aunque en algunos casos no quedó acreditado que éstos conocieran la finalidad ilícita de la documentación emitida.
Respecto al empresario acusado, la Audiencia considera probado que emitió facturas correspondientes a operaciones inexistentes. Se trata, según la sentencia, de documentos mercantiles falsos pero los magistrados declaran extinguida por prescripción cualquier responsabilidad penal derivada de esos hechos y acuerdan igualmente su absolución.
El origen del fraude
La sentencia considera acreditado que desde aproximadamente 1995 el fundador del grupo, fallecido durante la instrucción judicial del caso, implantó un sistema por el cual, tras el velatorio y cuando las familias ya no podían supervisar el proceso, los trabajadores retiraban el cadáver del féretro adquirido por los allegados del difunto y lo trasladaban a cajas de escaso valor, tapas de ataúd u otros elementos destinados a la cremación. El ataúd original era recuperado para ser reutilizado posteriormente en nuevos servicios funerarios.
Tras su jubilación formal en 2010, tres de sus hijos asumieron funciones directivas y ejecutivas en las sociedades del grupo y mantuvieron las prácticas fraudulentas de forma sistemática y organizada, llegando incluso a simular que la cremación se realizaba en el nuevo tanatorio cuando el traslado del cadáver se efectuaba previamente al crematorio de Santovenia de Pisuerga para efectuar allí el cambio de féretro y la posterior incineración.
La ejecución material de los cambios de féretro requería la actuación de empleados encargados de la recepción e incineración. La resolución considera acreditada la participación habitual de varios trabajadores. Cuatro de ellos han sido condenados. Respecto de otros, los magistrados no han alcanzado el grado de certeza necesario para afirmar su participación dolosa y consciente en la operativa.
Los familiares de los fallecidos desconocían completamente estas prácticas y contrataban los servicios confiando en que el féretro elegido permanecería unido al difunto hasta su cremación. Muchos de ellos declararon que jamás habrían contratado el servicio de haber sabido lo que ocurría y que el descubrimiento de los hechos les provocó indignación y profundo malestar.
La investigación se inició tras la actuación de un antiguo empleado, que durante años acumuló fotografías, vídeos y libretas con anotaciones sobre las sustituciones realizadas, documentación que fue intervenida en los registros policiales cuando se descubrió la trama. Este trabajador, que también estaba acusado, falleció antes de la celebración del juicio.
La sentencia otorga especial relevancia al material que acumuló. Para los magistrados, su versión ha sido corroborada mediante registros policiales, documentación mercantil, informes periciales y declaraciones testificales. Los jueces sostienen que ese conjunto probatorio permite acreditar de forma sólida la existencia de la operativa fraudulenta y la participación de los condenados.
No hubo dilaciones indebidas
La Audiencia rechaza asimismo la petición de las defensas de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. El tribunal considera que la duración del procedimiento estuvo justificada por la extraordinaria complejidad de la investigación, que afectaba a miles de perjudicados y exigió el análisis de una gran cantidad de documentación y operaciones empresariales.
La sentencia no es firme. Puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Condenados y penas
Ignacio M.V.
Delito: continuado de estafa agravada (delito masa).
Pena: 7 años y 6 meses de prisión.
Multa: 15 meses con cuota diaria de 100 euros.
Accesoria: inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena.
Rosario M.V.
Delito: continuado de estafa agravada (delito masa).
Pena: 7 años de prisión.
Multa: 14 meses con cuota diaria de 100 euros.
Accesoria: inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
Laura M. V.
Delito: continuado de estafa agravada (delito masa).
Pena: 6 años y 6 meses de prisión.
Multa: 13 meses con cuota diaria de 100 euros.
Accesoria: inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
Hipólito C.G.
Delito: continuado de estafa agravada (delito masa).
Pena: 5 años y 9 meses de prisión.
Multa: 12 meses con cuota diaria de 10 euros.
Accesoria: inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
José Luis L.G.
Delito: continuado de estafa agravada (delito masa).
Pena: 5 años y 6 meses de prisión.
Multa: 12 meses con cuota diaria de 10 euros.
Accesoria: inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
Antonio P.V.
Delito: continuado de estafa agravada (delito masa).
Pena: 5 años y 6 meses de prisión.
Multa: 12 meses con cuota diaria de 10 euros.
Accesoria: inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
José Antonio M.A.
Delito: continuado de estafa agravada.
Pena: 3 años y 3 meses de prisión.
Multa: 10 meses con cuota diaria de 10 euros.
Accesoria: inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
