El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha señalado este martes después de que la jueza que instruye la causa de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas haya procesado a la formación popular por el borrado de los discos duros, que no cree que estos hechos lleven consigo ninguna trascendencia penal, al tiempo que ha indicado que se trata de un gesto propio de cuando un empleado abandona su puesto de trabajo.
Catalá, que ha asegurado que no conoce el fondo de la cuestión, ha mostrado su "respeto" a este procedimiento judicial por el cual la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid procesa al PP, además de su tesorera Carmen Navarro, al informático José Mauel Moreno y al abogado de la formación Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas empleó en la sede del partido.
"Es un tema que tiene que ver con la supuesta destrucción de un material de una organización que cuando finaliza el periodo laboral de un empleado procede a la sustitución, destrucción de ese material y por lo que sé de ese asunto me cuesta encontrar ámbito penal a esa actividad. Es una gestión como hacen muchas empresas en España, que cuando un empleado se va, limpian esos archivos, le pasan ese ordenador a otro empelado o lo sustituyen, pero no conozco que el contenido del asunto que pueda llevar consigo ninguna trascendencia penal", ha declarado el titular de Justicia.
El ministro, que ha hecho estas declaraciones antes de participar en la entrega de los despachos a la 41 promoción de letrados de la Administración de Justicia, ha añadido que no se le ocurre en qué medida esta cuestión puede "contaminar" a la formación popular, de la que ha dicho que tiene "acreditada su condición de transparencia" y ha rendido cuentas "en todos los sentidos".
"No me parece que este asunto puntual y concreto pueda generar ninguna tacha sobre la adecuación del PP al ordenamiento jurídico y al cumplimiento de sus obligaciones", ha sentenciado Catalá después de que la magistrada que instruye el caso haya concluido la instrucción y transformado las diligencias previas en un procedimiento abreviado acusando a los procesados de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles "a conciencia".