La justicia andorrana abrirá una investigación tras la declaración de Higini Cierco (uno de los máximos accionistas de la extinta Banca Privada d’Andorra) sobre presuntas coacciones y amenazas de «mandos policiales españoles» para conseguir datos para el ‘caso Pujol’.
Según ha informado este lunes Grupo Cierco en un comunicado, la juez instructora del 'caso BPA', Canòlic Mingorance, ha notificado el "desglose de dos nuevas causas" a raíz de la declaración de Higini Cierco en los juzgados el jueves pasado.
Así, envía al turno ordinario de instrucción penal las presuntas coacciones y amenazas y, por otra parte, la juez que hasta ahora instruía la presunta revelación de secretos bancarios en relación al 'caso Pujol' recibirá nueva información por parte de la instructora del 'caso BPA' a causa de las declaraciones de Higini Cierco.
Según informó Higini Cierco el jueves en un comunicado, declaró ante la juez que dos mandos policiales españoles le advirtieron de que, si no colaboraba con ellos aportando información financiera sobre el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, actuarían contra BPA y desaparecería.
CASO BPA
Grupo Cierco también ha destacado que la juez instructora del 'caso BPA' ha finalizado su investigación proponiendo archivar por falta de pruebas nueve inculpaciones –entre ellas las de los hermanos Ramon e Higini Cierco, máximos accionistas del banco–.
En cambio, ha comunicado el auto de procesamiento para 24 de los encausados –directivos y gestores–, fundamentalmente por estar vinculados con compensaciones dinerarias.
Ahora las defensas de todos los encausados tienen quince días de plazo para decidir si solicitan nuevas diligencias antes de cerrar definitivamente la instrucción y que el asunto pase al Tribunal de Corts para que ordene la apertura del juicio.
Grupo Cierco ha insistido en su convencimiento de la inocencia de todos los empleados de la entidad financiera desmantelada por sospechas de blanqueo de capitales, y ha señalado que el auto comunicado este lunes no dicta más encarcelamientos.
Asimismo, Grupo Cierco ha recordado que continuará "trabajando para demostrar completamente" que BPA siempre operó siguiendo la legalidad y la normativa vigente en cada momento en el Principado de Andorra.