Jueces para la Democracia ha hecho un llamamiento este lunes a las distintas formaciones políticas para alcanzar un pacto de Estado por la justicia y ha exigido a los dirigentes políticos reformas encaminadas para garantizar la independencia judicial y la libertad de jueces y magistrados.
Con motivo de la apertura del nuevo año judicial que tendrá lugar hoy martes, el Secretariado de Jueces para la Democracia ha reclamado un pacto de Estado por la justicia que cuente con el consenso de asociaciones, colectivos profesionales, sindicatos y sociedad civil y esté basado "en un ambicioso proyecto de modernización y mejora, con soluciones integrales y permanentes a una Justicia lastrada por los problemas estructurales y tan necesitada de reformas legales (la centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal) como de recursos económicos".
"La administración de justicia", ha defendido en un comunicado, "es un servicio público clave y trascendental en la vida política y jurídica de un país que se autotitula como Social y Democrático de Derecho, por lo que es necesario el establecimiento de un servicio público de calidad y orientado a las necesidades de los ciudadanos bajo los principios de eficiencia, eficacia y calidad".
En la misma línea, Jueces para la Democracia ha denunciado la "grave situación" que atraviesa la administración de justicia "y su trasunto necesario, la independencia judicial, con la falta de un proyecto político claro, valiente y definitivo que afronte todos y cada uno sus problemas y deficiencias endémicas, así como la situación de atasco, colapso y precariedad en que se encuentra".
En este sentido, ha denunciado la "constante instrumentalización de la Justicia en el debate político" y ha reclamado un modelo de Consejo General del Poder Judicial garante de la independencia judicial, cuyos doce vocales jueces sean elegidos directamente por sus compañeros de profesión, en el que estén representadas las distintas sensibilidades de la carrera judicial y con pleno respeto de la igualdad de género.
Mientras esto se desarrolla, ha reclamado el actual Consejo la defensa de sus competencias "frente a injerencias indebidas e intolerables del Ejecutivo en la independencia judicial, concretadas en los intentos de instrumentalizar la Administración de Justicia en su propio interés".
Asimismo, exigimos del CGPJ el respeto a la libertad de expresión de los jueces y un cumplimiento escrupuloso de los principios de legalidad, mérito, capacidad e igualdad de género en la política de nombramientos y concursos.
"El profundo malestar de la sociedad española sobre las continuas noticias sobre casos de corrupción reclama un poder judicial fuerte, único garante de corregir las desviaciones de poder. Ello implica medidas tales como un nuevo modelo de proceso penal, ágil y moderno, apto para combatir los complejos casos de delincuencia organizada o las tramas de corrupción", ha concluido.