"Un despacho como el nuestro tiene que volcarse ante los Derechos de los Niños", tal y como pronunció Antonio Garrigues. Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, destacó que "el CGPJ es aliado de Unicef".
UNICEF España y la Fundación Garrigues organizaron, en dos jornadas, el Foro “El cumplimiento de los Derechos del Niño en España: una responsabilidad compartida”. Con ello tratan de hacer una llamada a la reflexión acerca del nivel de cumplimiento en nuestro país de la Convención sobre los Derechos del Niño, a la vista de las dificultades detectadas por el Comité en Ginebra y de la complejidad que en sí encierra el que el Estado de Derecho penetre en capas sociales rodeadas que gran complejidad.
Fueron dos jornadas de reflexión desarrolladas en el auditorio de la madrileña sede de Garrigues en la Calle Hermosilla en los que todos, también los niños, tuvieron tiempo y lugar para expresarse acerca del tema sobre el que giraba el encuentro: la puesta en práctica de la Convención de los Derechos del Niño en España con motivo de las Observaciones Finales efectuadas al Estado Español por el Comité de los Derechos del Niño.
Las entidades organizadoras convocaron esta cita para hacer un llamamiento al razonamiento compartido sobre el nivel de llevada a cabo real de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestro país.
Tomaron parte Elena Calvo, miembro del patronato de UNICEF en España, Jorge Cardona, miembro del comité de los Derechos del Niño, Alfonso Marina, Subdirector General de Política Social, de las Familias y de la Infancia del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Paloma Escudero, Directora Ejecutiva de UNICEF en España, Gabriela Bravo, Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Augusto Ibáñez, Director Editorial Corporativo del Grupo SM, Alberto Soteres, Presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia y Elena Garrigues, Directora de la Fundación Garrigues,.
En la clausura intervinieron Antonio Garrigues Walker, Presidente de Garrigues y Consuelo Crespo Bofill, Presidenta de UNICEF España.
Intervenciones
En la totalidad de las intervenciones de los ponentes, así como en las preguntas que se plantearon desde el público vino planteada la complejidad que encierran los requisitos tan sólo ya de inicio para poner en marcha una estrategia de cumplimiento de estos derechos dados los condicionantes que hay que despejar para poder llegar a los estratos donde están los niños que sufren violaciones de sus Derechos, también en nuestro país: familias desestructuradas, pobreza, indocumentación, ausencia de cifras de cuántos menores hay en España en situación de desamparo, etc.
En este sentido, Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, en una intervención donde trató de hablar desde su experiencia de siete años como Fiscal de Menores destacó que "el CGPJ es aliado de Unicef".
Bravo recordó que "también en España hay graves quebrantos de los Derechos del menor", teniendo en cuenta que "el reconocimiento de los Derechos de la infancia es algo relativamente nuevo, así como la conciencia, llevada a la práctica, de que es un individuo vulnerable". La Portavoz del CGPJ expuso la conciencia que tiene que instalarse de que las Administraciones públicas tienen responsabilidad en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. En concreto, ofreció el dato de que habiendo en España un 20,8% de población por debajo del umbral de la pobreza, los niños que estén en estas capas sufren condiciones que impiden que lleguen las leyes.
Bravo se detuvo especialmente en la conciencia social que existe acerca de la misión de la Ley del Menor. En este sentido, manifestó su preocupación por hacer comprender que el texto "no gira sobre la idea de represión, sino de reeducación".
Al igual que prácticamente todos los ponentes, se refirió al problema de los menores inmigrantes: se les considera antes inmigrantes que menores, no hay datos concretos de cuántos hay, tampoco se sabe con exactitud los centros que hay de acogida y no se les documenta a tiempo.
Antonio Garrigues comenzó sus palabras afirmando que "un despacho como el nuestro tiene que volcarse ante los Derechos de los Niños".
Tras ello, manifestó su horror por las violaciones a los Derechos del Niño que se llevan a cabo en un país como Haití, donde a la pobreza y a los desastres naturales se le une una clase dirigente corrupta que retiene y canaliza los flujos económicos que entran al territorio. Antonio Garrigues constató que hay un sentimiento social de que este tipo de posturas se han vuelto intolerables en la sociedad y se están dando movimientos que indican que se está forjando una conciencia de denuncia y apoyo a los Derechos de los más pequeños. "La ciudadanía además de votar tiene que preocuparse de cosas serias".
