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16/04/2024. 11:54:05

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160 años de seguridad jurídica

María del Pilar Rodríguez Álvarez. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, secretaria y miembro de la Comisión del 160 aniversario de la Ley Hipotecaria

La Ley Hipotecaria de 1861 cumplió 160 años el pasado 8 de febrero. La promulgación de una ley como esta fue el resultado de un profundo estudio del legislador de la época. Un legislador que atendió a las demandas y a la necesidad de los cambios sociales y económicos que se iban produciendo en nuestro país. Una ley que dio entrada a un sistema hipotecario que eliminaba las cargas ocultas e imponía seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

La Ley Hipotecaria creaba una institución tremendamente moderna, un auténtico motor para un desarrollo económico en un momento histórico en el que la mayoría de los Estados europeos aún no existían tal y como los conocemos en la actualidad.

La Ley que se aprobó supo respetar las instituciones y la tradición jurídica de nuestro país estableciendo un sistema basado en un potente registro de derechos, un registro jurídico. Para ello, creó el Registro de la Propiedad. Nació con él, también, la figura del registrador de la propiedad al frente de la institución. Se trataba de una ley especial, por razón de su materia, aplicable a todo nuestro territorio nacional, e igualitaria, pues configuró un sistema al servicio de todos los ciudadanos.

El Registro de la Propiedad viene desempeñando su función desde entonces, con rigor y respeto, dando seguridad al tráfico jurídico, gracias al control de la legalidad del registrador, y garantizando que los derechos que acceden al mismo nacen de títulos válidos. Se trata de una institución con 160 años de historia que se ha adaptado, a lo largo de los tiempos, a la evolución social y económica y, como no, también a la tecnológica, poniendo nuevas herramientas al servicio de su fin, que no es otro, que esa seguridad jurídica.

La mujer ha tenido siempre una especial presencia en la función y en el cuerpo de registradores. No es ajeno a ello el hecho de que se trata del primero de la alta función pública que las incorpora entre sus miembros. Gracias al Decreto de 29 de abril de 1931, en 1941 entran en el cuerpo de registradores cuatro mujeres, Beatriz Blesa Rodríguez, María de los Ángeles Torcida Fuente, Celia Puente Ojea y Carmen Bono Huerta. En 1946 lo harán María Teresa Guerreira Marcos, Ana Viola Sauret y Carmen Gomà Roger. Trece compañeras más ingresarán antes del inicio de la democracia. Como colofón a esta trayectoria, la número uno de la promoción de 1978 será una mujer, Isabel Adoración Antoniano González. Se trata de un gran número y de un importante hito teniendo en cuenta que la primera mujer notario no se incorporará hasta 1942 y que hasta 1974 Belén del Valle Díaz no se convertirá en la primera en aprobar las oposiciones de ingreso a la carrera judicial y fiscal (optando por ésta última). Entre todo este grupo de pioneras, también debemos citar a Rosario Silva de Lapuerta, la primera en acceder a la Abogacía del Estado en España, en 1978. Volviendo al Cuerpo de Registradores, merecen una mención especial María Jesús Cortell, primera Decana territorial, Carmen de Grado, primera mujer en una junta nacional, Beatriz Corredor, primera compañera en el tribunal de oposiciones y María Emilia Adán García, nuestra Decana actual, la primera que ha ocupado este cargo. A todas ellas, el recuerdo y, sobre todo, el reconocimiento. Son el fruto de la tenacidad y la constancia, del trabajo y del empeño, de no conocer límites, de querer saltar las barreras y cambiar la historia. No debió ser fácil, pero sin estas primeras mujeres, no habría habido otras. Por ello, gracias por ser un de modelo para todos.  

En la actualidad el número de mujeres y hombres está prácticamente igualado en nuestro cuerpo con una clara tendencia hacia una masiva presencia de la mujer. La objetividad en la selección, como siempre lo fue, está garantizada por un sistema de acceso por oposición. Por ello, hace ya muchos años que se produce esta incorporación de una forma plena y natural, sin ningún tipo de disfunción. Y, como no podía ser de otra manera, las registradoras y nuestros compañeros registradores desarrollamos nuestra tarea con igualdad real.

Hoy, 160 años después de la promulgación de la Ley Hipotecaria, parece adecuado hacer una reflexión sobre su trayectoria, sus logros y los retos que tiene por delante. Con este fin, la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España acordó, a principios de este año 2021, la creación de una Comisión Científica con el fin de organizar e impulsar una serie de actividades, entre las que destacan un grupo de webinarios que abordan temas tan presentes como la protección de datos, el blanqueo de capitales, la España vaciada, la formación de los registradores o la conciliación, por citar algunos de ellos.

La mujer tiene también un papel preponderante en la celebración de este 160 aniversario. La referida comisión cuenta entre sus miembros con varias mujeres plenamente integradas en sus respectivas profesiones en el mundo jurídico, así, la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofia Puente Santiago, la Magistrada y Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Ana María Orellana Cano, la Catedrática de la Universidad de Valencia, Silvia Barona López, la Catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela Paz García Rubio, y nuestra Decana, entre otras. Todas ellas están contribuyendo a profundizar en la trayectoria de la institución a lo largo de estos 160 años y a reflexionar sobre los retos que el Registro de la Propiedad debe afrontar en los próximos años, planteando soluciones novedosas a las inquietudes y necesidades a las que se enfrenta la sociedad hoy en día.

La Ley Hipotecaria, el Registro de la Propiedad y los registradores, como cuerpo al frente del mismo, celebramos esos 160 años renovando nuestro compromiso con la sociedad y el estado de derecho. El compromiso de continuar con la función, de seguir construyendo una España mejor, más igualitaria y moderna y con un inigualable estándar de seguridad jurídica.

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