Hace 151 años que la Sra. Mary Bradwell vio rechazada su pretensión de ser admitida como abogada en el Estado Federal de Illinois, con el objetivo de incorporarse y ejercer la profesión en el bufete de su marido.
Dicha decisión fue tomada por el Juez Joseph P. Bradley, en el caso Bradwell v. Illinois en 1873, en base a una argumentación que paso a la historia por su atropello a los derechos de las mujeres, que animo a leer en su integridad reproduciendo aquí las palabras que más han trascendido:
«El Derecho Civil, así como la naturaleza misma, siempre han reconocido una amplia diferencia en las respectivas esferas y destinos del hombre y la mujer»; que «el hombre es, o debería ser, el protector y defensor de la mujer»; que «la timidez y la delicadeza naturales y propias que corresponden al sexo femenino lo hacen evidentemente no apto para muchas de las ocupaciones de la vida civil»; que «el destino y la misión primordiales de la mujer consisten en desempeñar los nobles y benignos oficios de esposa y madre»; así como que «no estoy preparado para decir que uno de sus derechos y privilegios fundamentales sea el ser admitida en todos los oficios y puestos, incluidos aquéllos que requieren cualificaciones altamente altas y exigen responsabilidades especiales».
La evolución que se ha producido desde esa sentencia es innegable, pues estoy convencida de que la mayoría de la población estadounidense y europea entendería la argumentación ofrecida por el Juez Joseph P. Bradley como una aberración muy alejada de la realidad.
En España existe una paridad en relación a las mujeres y hombres que ingresan en la universidad para estudiar derecho, así como para con posterioridad ejercer las diferentes profesiones que te posibilita la carrera de derecho.
No son pocas las veces que entras en Sala para celebrar un juicio y el estrado está representado en su plenitud por mujeres.
Por lo que se puede presuponer que la igualdad esta implementada en nuestra sociedad en lo que al ámbito jurídico se refiere, ahora bien, como he leído recientemente en palabras de la abogada Pilar Menor, comprometida con la diversidad e inclusión, no es lo mismo la igualdad que la equidad. La igualdad sería el objetivo final y la equidad la forma de alcanzarlo.
En relación a este último extremo, la equidad, en conexión con la maternidad, así como con la conciliación de la vida personal y laboral, aún no se ha conseguido y nos queda un largo camino por recorrer.
Pues desde mi propia experiencia, así como presenciado experiencias ajenas pero muy cercanas a mí persona, he podido comprobar como para llegar al mismo punto, la igualdad, se le requiere a la mujer un sobreesfuerzo.
Sobreesfuerzo que se materializa en mujeres todoterrenos que concilian su figura de madre y su figura como abogada de una manera admirable. Con una alta capacidad de gestión, control, organización, resiliencia y superación, pero que en no pocas ocasiones supone un alto coste físico y emocional.
Llegándose a normalizar que ese precio se ha de pagar, y que nosotras lo debemos de soportar para poder llegar a esa supuesta igualdad. Pues no se puede obviar que, aun existiendo una mayor corresponsabilidad parental en el cuidado de los menores, es la mujer quien atraviesa el embarazo, es quien da a luz, y quien alimenta en los meses sucesivos al alumbramiento.
Esto último no se puede cambiar, ni se quiere, pero sí se deben de implementar las medidas necesarias para que llegar a la igualdad no le suponga un coste extra a las mujeres que desean experimentar la maternidad.
Algunas de las medidas pasan por la flexibilización de horarios en los despachos, sin que ello tenga que suponer una reducción de jornada.
La fomentación del teletrabajo, se ha podido comprobar después de la Covid-19, como el presencialismo no es necesario, nuestro trabajo es lo que hacemos no donde lo hacemos. El establecer horarios rígidos y jornadas interminables no es equiparable a una mayor rentabilidad, si no que en muchas ocasiones resulta contraproducente, extenuando al abogado/a.
De igual modo, pasa por implementar mayores prestaciones a las abogadas que ejercen la profesión por cuenta propia. No se puede olvidar que aún siguen existiendo una gran mayoría de despachos unipersonales o pequeños, donde muchas mujeres trabajan por cuenta propia dandose un desamparo prestacional en relación a cuando deciden ser madres.
Existen organizaciones como Women in legal World, que luchan porque todos los profesionales del sector tengan las mismas oportunidades de conseguir el éxito en su carrera profesional. El sólo hecho de su existencia ya pone de manifiesto que se halla la necesidad de reivindicar que efectivamente las mismas oportunidades se puedan dar sin que a unos le suponga mayores esfuerzos que a otros.
De hecho, los datos respaldan que, aun existiendo paridad en el ingreso y ejercicio de la profesión, esa paridad no se traduce en la proporción de hombres y mujeres que ocupan altos cargos directivos, ni que en las altas esferas del mundo jurídico las mujeres tengan la misma presencia que los hombres.
Soy consciente de la complejidad de su gestión, así como de su culminación, y de que no son pocos los avances que se han dado, pero aún debemos seguir evaluando y analizando que medidas se pueden y se deben tomar para que se dé una equidad real.
En los últimos años se ha puesto de manifiesto el potencial de la mujer y el valor que puede añadir a nuestra sociedad, el cual no se debe desaprovechar pues de ser así pierde la sociedad en su conjunto. Últimamente se habla de las “soft skills”, habilidades importantes para cualquier profesión, pero en especial para la nuestra, pues nos dedicamos a resolver situaciones complejas entrelazadas con un componente humano muy potente, por lo que habilidades tales como la resiliencia, la empatía o la inteligencia emocional suponen la diferencia entre un buen trabajo y un trabajo excelente.
Habilidades que en muchas ocasiones se atribuyen de forma natural a las mujeres, por lo que debemos preservar y facilitar el camino de las mujeres en atención al valor añadido que aportamos, humanizando la profesión.
